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El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero fue ayer citado a declarar por error. / José Manuel Vidal (Efe)
Una de las cuestiones más controvertidas del ERE de la Faja Pirítica de Huelva es el desvío de más de siete millones de euros de las ayudas públicas recibidas. Varios sindicalistas citados estos días por la jueza María Núñez Bolaños han indicado que este dinero nunca se supo a qué se destino y que en el caso de 1,7 millones hasta el propio sindicato CCOO actuó interponiendo una denuncia contra el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís por apropiación indebida, ya que algunos cheques cuyos fondos debían destinarse a las prejubilaciones de los mineros venían a nombre del bufete. Además, en el ERE se incluyeron a 15 trabajadores de una mina que había cerrado 17 años antes, lo que se hizo, según contaron, porque así lo autorizó el que era en ese momento director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.
La jueza que investiga las irregularidades en los ERE retomó este jueves las declaraciones de los imputados en la pieza de la Faja Pirítica de Huelva, con la citación de varios sindicalistas de CCOO y UGT. En sus declaraciones, han asegurado que todo el procedimiento, que fue financiado tanto por el Ministerio de Empleo como por la Junta de Andalucía, fue «legal». Sin embargo, tal y como la Guardia Civil recogía en uno de sus informes, señalaron a la magistrada que parte de los pagos se desviaron, sin que se sepa cuál fue el destino final de ese dinero.
En este sentido, los que fueran tesoreros de CCOO coincidieron en señalar que recibieron varios cheques a nombre de Estudios Jurídicos Villasís por un valor de 1,7 millones en total, en lugar de estar a nombre de la asociación de trabajadores –que tenía su domicilio social en la sede del bufete– que se creó para gestionar las ayudas sociolaborales.
A esta cantidad, se suman otros 5,8 millones de euros que fueron destinados a Uniter, propiedad de José González Mata, uno de los imputados. Igualmente, hubo otros 251.000 euros que también se perdieron.
¿Intrusos o justo?
Los sindicalistas también explicaron el hecho de que 15 mineros estuvieran acogidos a las ayudas otorgadas a la Faja Pirítica, pese a que la mina en la que trabajaban había cerrado 17 años antes. La mina La Herrería se incluyó en estos planes de prejubilación, pese a que no funcionaba desde 1988 y el ERE se firmó en 2004, pero se hizo «porque así lo autorizó» Guerrero, según han relatado. Un hecho que también está recogido en los informes de la Guardia Civil, y supuso la ampliación en casi 800.000 euros de la partida 31L, con la que se financiaban los ERE, por lo que para la jueza Mercedes Alaya, que inició esta investigación, estos trabajadores debían ser considerados intrusos. Alaya interrogó en su momento sobre este aspecto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández con cuestiones como «¿Le parece razonable el desfase temporal entre la fecha del cierre de las minas y la fecha de la póliza?» o «¿cómo podía explicar?» que se firmara una póliza para unos mineros que habían dejado de trabajar 17 años antes.
Abogados que asistieron este jueves a las declaraciones explicaron a este periódico que la pregunta que planteó la jueza María Núñez al exponerse estos datos fue si es que se consideró entonces que podía acogerse a las ayudas el sector minero de la zonay que si fuera así si esto no se podría calificar como injusto.