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Al fondo a la derecha, Encarnación Molino junto al resto de abogados de Montero Aramburu. / Jesús Barrera
El juicio contra Manuel Ruiz de Lopera y otros siete acusados por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y alzamiento de bienes durante su gestión en el Betis entre 1993 y 2008 empezó ayer en la Audiencia Provincial de Sevilla... y modificó su calendario nada más empezar. Estaba previsto que este 18 de abril se dedicase a las cuestiones previas y que la causa se reanudara el 5 de junio, pero al final sólo intervinieron las defensas de los imputados. El magistrado que preside la Sección Tercera, Ángel Márquez, aplazó la intervención de las acusaciones y la fiscal para el próximo martes 25 a las 9.30 de la mañana. Una sesión más.
El protagonismo del día 1 fue para la abogada de Manuel Ruiz de Lopera, Encarnación Molino, contundente y detallista en su presentación, que se prolongó más de una hora: exigió la expulsión de Béticos por el Villamarín (BXV), Por Nuestro Betis (PNB) y Liga de Juristas Béticos del juicio, al rechazar su legitimidad para ser acusación particular, y solicitó la nulidad del informe pericial que cuantificó el daño económico que el expresidente presuntamente provocó al Betis. Los abogados de todos los acusados con relación laboral o familiar con Lopera, Farusa o Tegasa se adhirieron al hilo argumental contra las plataformas, respaldado por Molino con precedentes como las asociaciones de víctimas del terrorismo e incluso la asociación de abonados a la Maestranza, que en su día no pudieron ejercer como acusación particular.
«Acusación debe ser quien ha sido ofendido o perjudicado. Esa consideración está reservada a la víctima o perjudicada directa o al sujeto pasivo del delito. No es suficiente tener un interés legítimo. Los perjudicados indirectos, como cualquier persona, sólo podrán ejercer la acción popular», alegó Molino. «Los delitos de administración desleal, apropiación indebida y alzamiento de bienes serían susceptibles de provocar un perjuicio al Betis. Las asociaciones, que ni siquiera existían al tiempo de cometerse los hechos, no han sufrido ningún perjuicio directo ni han sido víctimas pasivas del delito. Sus asociados tampoco son víctimas o perjudicados. Algunos son meros simpatizantes o aficionados. Los accionistas podrían tener un perjuicio indirecto o colateral, como la hipotética pérdida de valor de sus acciones, pero ningún accionista está personado en el procedimiento. El Betis es el único perjudicado directo», añadió.
La letrada también consideró «absurdo» que las asociaciones pidan una indemnización que no es para ellas, sino para el Betis. «Las asociaciones mantienen una posición insostenible porque es imposible reclamar una indemnización a favor de un tercero al que no representan. No reclaman nada para ellas ni sus asociados porque no son perjudicados por el delito. Resulta insólito. Más que insólito, es absurdo y jurídicamente insostenible. Y sorprendentemente reclaman más que el propio Betis», recordó. El club pide 15.477.316,05 euros, BXV sube a 25.676.044 y PNB se queda en 16.719.166,29.
En cuanto a los peritos, Francisco Velasco y Elena Contreras, la abogada de Lopera cree que su informe supone una «vulneración masiva de derechos fundamentales». Molino los trató como «personas a quienes sus propios superiores no les reconocen la cualificación para hacer una prueba de esa complejidad». «Hay que analizar más de 53.000 asientos contables y 1.000 millones de euros», contó la letrada del bufete Montero Aramburu, que también se centró en la recusación del juez Juan Antonio Calle Peña, ponente en cuestiones tan decisivas como la admisión de las asociaciones como acusación particular o los peritos.
LUIS OLIVER Y ÁNGEL MARTÍN
El juicio no atañe sólo a Lopera, las acusadas que presuntamente utilizó como testaferros y su sobrino. En el banquillo también se sentaron Luis Oliver y Ángel Martín. El navarro juega a su favor con que el Betis y los Juristas retiraron su denuncia y la Fiscalía no lo ha acusado. «¿A qué obedece su presencia en este acto? ¿De qué hechos se le acusan, quién lo acusa y por qué?», se preguntó su abogado, Alfonso Contreras, que pidió el sobreseimiento. Al exvicepresidente sólo lo acusa BXV, de ahí que su abogado también reclamase su «salida del procedimiento».