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Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver se abrazan efusivamente tras firmar la venta de acciones de Farusa a Bitton / El Correo
La posibilidad de que el futuro del Betis esté más claro desde el punto de vista judicial, que ya es misión complicada con la cantidad de causas y casos que hay alrededor del club, sufrió este lunes un nuevo revés. En teoría, Manuel Ruiz de Lopera debía mandar al consejo de administración la propuesta de borrador del contrato para el traspaso de sus acciones y las de Bitton Sport, el 51,34% del capital social, para que fuese examinado por los dirigentes verdiblancos, que a su vez se lo remitirían a los tres grupos que conforman la acusación contra el expresidente en la denuncia por presunta apropiación indebida y administración desleal de la entidad entre 1993 y 2008. En teoría. Sus abogados, los del bufete Montero Aramburu, no enviaron nada, así que la negociación sufre un nuevo parón, por no llamarlo ruptura, cuando todo parecía hecho o casi hecho.
La hora límite, se suponía, era las ocho de la tarde. Sin embargo, en el Villamarín no recibieron nada. Durante toda la tarde hubo gestiones entre miembros de la Liga de Juristas Béticos y Montero Aramburu, en coordinación con las otras plataformas, Béticos por el Villamarín y Por Nuestro Betis, y el presidente del Betis, pero el resultado siguió siendo el mismo.
A partir de ahora está por ver la postura de ese bando de la negociación respecto al otro. El que más claro parece tenerlo es PNB. La plataforma de béticos de base ya anunció a finales de la semana pasada que daba el diálogo por finiquitado y sólo lo aplazó por el compromiso de los abogados de Lopera de mandar el borrador ayer. Como no llegó ningún documento a su poder, da los contactos por cerrados.
La incógnita es qué harán los responsables del Betis, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que aspiraban a cerrar tan espinoso asunto a corto plazo para así preparar con cierta tranquilidad la próxima junta ordinaria de accionistas. Pero hay algo innegable: si la vía de la negociación no vuelve a abrirse, todo continuará en manos de los tribunales. Y además del juicio contra Lopera (entre otros), que comenzará en abril de 2017, hay varios caminos con multitud de desenlaces posibles.
Las miradas se posan en primer lugar en el Juzgado de lo Mercantil número 1 y las dos causas que vio en la primavera del año pasado. La primera, la culpabilidad del concurso de acreedores, que terminó con Lopera inhabilitado para ejercer cargo alguno en una sociedad pero no multado. Ese castigo económico habría sido una baza fundamental en su contra en la negociación extrajudicial, ya que la acusación pedía para él hasta 23 millones de euros. El Betis ha presentado un recurso de apelación, no así los administradores concursales a pesar de que la sentencia alegaba que la falta de multa, entre otras razones, se debía a un error suyo en la cuantificación del perjuicio que los denunciados provocaron al club.
Del Mercantil también debe emanar la sentencia sobre la propiedad del 31,38% del capital social del Betis, discutida por diecisiete demandantes. La suspensión cautelar de ese importante paquete es la que sostiene al actual consejo de administración desde que la Audiencia Provincial levantó el embargo del 51,34% que Mercedes Alaya decretó en 2010, pero he aquí que esa invalidación fue recurrida ante la propia Audiencia, que en teoría resolverá a corto plazo. Entre la parte contraria a Lopera hay cierto pesimismo respecto a esa decisión de la Audiencia, de ahí también la premura que existía para cerrar el acuerdo extrajudicial.
Si la suspensión cautelar es levantada, Lopera y Oliver recuperarían el control total del Betis. Si es confirmada, el Mercantil tendrá vía libre para finiquitar el caso con una sentencia. En ese caso, los demandantes y los demandados otean varias alternativas. La más drástica es que el juez declare nulo el mismísimo proceso de conversión del Betis en sociedad anónima deportiva. Las más factibles son, por un lado, quitar esas acciones a Lopera y dar la razón a los diecisiete demandantes; o, por otro, dar en parte la razón a los demandantes y reconocer la ilegitimidad de la propiedad de Lopera pero obligarlo a ‘recomprar’ esos 36.869 títulos por su precio nominal de 1992 (60 euros) más un recargo a modo de multa.