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Mesa redonda en la que se abordaron ayer los 20 años de la ley de comercio de Andalucía. / El Correo
El sector del comercio aporta el 11 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía andaluza, emplea a cerca de medio millón de personas y se contabilizan 140.000 empresas vinculadas, prácticamente un 30 por ciento del tejido productivo andaluz. Representa, además, el 12,7 por ciento del volumen de negocio del país. Aunque no sea necesario reseñar la importancia del sector comercial andaluz, estas cifras sirven para darle su sitio en su justa medida.
Andalucía cuenta desde hace veinte años con una ley de comercio, que ayer se puso en valor en el transcurso de las jornadas Nuevos paradigmas del comercio en la era digital, celebradas en la sede de la CEA, que congregaron a representantes del sector, instituciones y nuevos proyectos pujantes en una actividad que se encuentra en continua evolución. El reto más inmediato, que ya afronta, es la revolución que supone la era digital, pero no representa el único asunto que abre interrogantes y suscita dudas. Así, los distintos agentes del sector expusieron, en su balance de dos décadas de legislación –de la que resaltaron el alto grado de consenso siendo la «única ley de esa legislatura en aprobarse por unanimidad»–, cuáles son sus temores.
Luis Picón, el representante de la patronal CEA, que cobija a cuatro patronales (Anged, CECA, CAEA y ACES), advirtió a la Junta de Andalucía de que no hay que perder de vista ese espíritu de consenso, sobre todo ante el impacto negativo que algunas de las futuras normas que la Administración autonómica prepara, como la ley de cambio climático o la de calidad agroalimentaria, van a ocasionar sobre la actividad comercial. «Le pedimos que valore cómo afecta ese conjunto de normas al sector, que analice su impacto económico». Además, instó a recuperar el diálogo social y a ejecutar acciones con celeridad, sin generar retrasos en la toma de decisiones, así como a analizar la relación entre el comercio presencial y el electrónico y sus consecuencias sobre el empleo.
Por su parte, los representantes de UGT y CCOO, Rafael Martín Arcas y Rafael Domínguez Romero, respectivamente, pusieron en valor el modelo comercial andaluz y su equilibrio de formatos y abogaron por evitar la desaparición de algunos. «Necesitamos equipamiento comercial en los centros de las ciudades, en los barrios y en las zonas rurales».
Martín Arcas apuntó además varios punto s débiles del sector. «Los graves problemas de conciliación de las mujeres, que constituyen el 60 por ciento de los trabajadores del comercio», así como la necesidad de reforzarlo con certificaciones profesionales. «No puede ser que un chico de 14 años vaya a comprar un producto tecnológico y sepa más que el vendedor», ilustró. Las dificultades en la negociación colectiva y la consideración del trabajador como activo, no como gasto, fueron parte de sus reflexiones. Rafael Domínguez puso el foco en el daño que han provocado las zonas de gran afluencia turísticas, «políticas del PP que han eliminado competencias de Andalucía».
Jordi Castilla, representante de Facua, coincidió en la pérdida de competencias regionales e instó a abrir «un periodo de reflexión que debe servir para reivindicar el modelo que los andaluces creemos válido». Además, señaló que el escenario digital que se abre resultará complejo porque se pierde el control sobre los operadores. «¿Quién reclamará a la empresa china Alibaba los derechos de los consumidores». Por ello, instó a no perder el equilibrio de formatos y a que la llegada de lo digital no suponga la pérdida del comercio tradicional.
Las jornadas fueron inauguradas por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, y por el presidente de la CEA, Javier González de Lara.