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Recibos de la luz, que además de informarte de lo que se tiene que pagar, también incluyen consejos para ahorrar en la factura. / Manuel Gómez -
Un microondas, uno de los aparatos más utilizados en la cocina. / Manuel Gómez -
Un pequeño electrodoméstico. / M. Gómez
Es un bien de primera necesidad para las familias y un factor de competitividad para empresas e industrias, pero a pesar de ello el recibo de la luz sigue estando lejos de reflejar solo lo que debería: la electricidad que consumimos y el coste que supone producirla y llevarla hasta casa. Por contra, el Estado ha encontrado en esta factura el colchón perfecto que lo soporta prácticamente todo. Es lo que explica que paguemos no solo por lo que gastamos y por las infraestructuras que requiere el sistema, sino por múltiples conceptos que pasaremos ahora a desgranar. La energía solo representa un tercio del precio final (33 por ciento), mientras que los impuestos y otros cargos suponen un 49 por ciento de lo que pagamos en la factura –desglosados en un 21 por ciento del IVA, otro 21 por ciento de cargos y un siete por ciento de impuestos de energía– y el coste de la red absorbe el 18 por ciento restante.
Para empezar, el recibo dependerá de si el cliente está en el mercado regulado (entonces pagará el PVPC, el precio voluntario para el pequeño consumidor, lo que antes era la tarifa de último recurso o TUR). Ahí es donde se encuentra la mayoría de clientes domésticos que pagan una tarifa regulada fruto de los precios fijados cada hora en el mercado mayorista. En cualquier momento pueden dar el salto al mercado liberalizado, más elegido por empresas e industrias, donde el cliente elige la oferta que prefiera de las que reciba entre todas las comercializadoras autorizadas, aunque vaya por delante que existe un margen escaso de ahorro para pequeños clientes, reconocen fuentes del sector.
Utilicemos una factura real para ver cómo se desgrana lo que pagamos. De un recibo por importe de 104,62 euros de enero, 62,5 euros se destinaron a pagar los costes regulados –concepto que incluye las primas a las energías renovables, el coste de las redes de transporte y distribución y el déficit tarifario–. Algo más de 21 euros fueron a impuestos –al IVA normal del 21 por ciento se suma otro gravamen específico de electricidad–, y otros 16,5 euros para cubrir los costes de producción de electricidad y de comercialización.
Y es que la factura final se compone de la energía, de la tarifa de acceso –cuyo importe se reparte entre un término de energía por cada kWh consumido y un término de potencia por cada kWh contratado–, del impuesto de electricidad (5,113 por ciento) y del 21 por ciento de IVA que se aplica al total.
Bajemos al detalle un poco más: el coste de la energía se fija añadiendo al precio del mercado diario el coste de los servicios de ajuste del operador del sistema, el pago por capacidad y las pérdidas de la red. En segundo lugar, la tarifa de acceso incluye el peaje por el uso de las redes de transporte y distribución y también los cargos del sistema que son ajenos al suministro. Detengámonos en este capítulo. Las cargas más importantes son las ayudas a las energías renovables, el déficit tarifario y los costes extrapeninsulares. Entre los tres conceptos sumaron un extra de 10.389 millones de euros a pagar entre todos los ciudadanos.
Las primas a renovables se establecieron en su momento para alcanzar una cuota del 20 por ciento de la generación eléctrica verde para 2020. El impacto en 2017 se estima en 6.987 millones.
El déficit de tarifa corresponde a las anualidades a las que debe hacer frente el sector para financiar la insuficiencia de ingresos en el pasado. Es una herencia arrastrada por los diferentes gobiernos por establecer tarifas que no cubrían los costes del sistema, lo que fue generando una importante deuda que llegó a superar los 20.000 millones de euros. Esta carga se calcula en 2.838 millones solo en 2017. Según explican fuentes del sector, la legislación actual impide en principio que se genere nuevo déficit, mientras que el acumulado deberá estar amortizado a mitad de la próxima década.
Por último, los cargos extrapeninsulares, calculados en 564 millones en 2017, que responden al principio de solidaridad territorial para que los consumidores de las islas o de Ceuta y Melilla paguen la misma tarifa que los peninsulares, se reparte el sobrecoste. Aunque las eléctricas demandan que esta partida saliera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la tarifa de acceso la asume en un 50 por ciento.
Esa es una de las principales quejas compartidas. Las infraestructuras eléctricas son las únicas que pagamos los consumidores vía factura y no vía impuestos, al contrario de lo que ocurre por ejemplo con el AVE o las autopistas, que se financian a través de los PGE. No es una medida justa en la medida en que cada uno no paga en función de sus recursos y su capacidad, sobre todo, tratándose de un producto de primera necesidad.
¿Es cara la luz? Para las compañías eléctricas no lo es si se descargan de todo el lastre que incorporan. Una factura media mensual de 60 euros supone pagar dos euros al día.
Además de todo lo anterior, «hasta hace tres días hemos estado pagando además la moratoria nuclear». «Si aplicáramos un IVA razonable o quitáramos un impuesto, sería fácil rebajar el recibo un 30-40 por ciento, aunque quitarlo de aquí supondría pasarlo a los PGE. Nada es gratis pero sería más justo», señalan como opción otras fuentes consultadas.
¿Cómo opera el mercado?
El papel de Red Eléctrica de España (REE) es el de gestor del sistema y responsable de la red de transporte. Entre sus funciones se encuentra la de casar diariamente la oferta y la demanda previstas y hacerlo dando cabida a las tecnologías más baratas disponibles pero siempre garantizando por encima de todo la seguridad del suministro. Son dos las maneras en las que se fija el precio de la luz. La primera de ellas es a través de contratos bilaterales entre comercializadoras y productores, que pactan un precio según el volumen de energía que compren. Una segunda fórmula, más conocida pero menos utilizada, es la del mercado mayorista o pool, donde REE casa las necesidades previstas de consumo diario con las de generación en una especie de subasta que fija el precio del kW cada hora. Primero entran las renovables, que tienen prioridad porque no tienen costes variables (el viento no cuesta dinero), en segundo lugar entran las nucleares, que son las térmicas que tienen el precio más bajo de producción dentro de esta tecnología, y luego, en función de otros factores, acceden las centrales de gas o de carbón que ofertan un precio para producir. Es precisamente la última planta de generación que entra en cada tramo horario la que determina el precio que cobrarán todas las demás centrales, explican fuentes del sector, que abundan en que es un proceso «transparente». De hecho, en la web de REE (www.ree.es) se puede consultar a tiempo real el precio de la energía, así como la procedencia de las centrales que están funcionando en cada momento.