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La ayuda agroambiental a la conservación y mejora de pastos en las dehesas contempla ayudas de entre 42,84 y 131,26 euros por hectárea, según el compromiso que adquieran las explotaciones. / El Correo
Si el año pasado, el primero de la implantación de la nueva PAC, fue complicado asimilar las nuevas reglas del juego, en este segundo año, el de su verdadera aplicación, la tramitación está resultando más tediosa aún.
El pasado 31 de marzo se publicó en el BOJA la asignación definitiva de derechos de pago básico para 225.000 agricultores y ganaderos andaluces, unas ayudas desacopladas de la producción que vienen a sustituir al pago único. Son los derechos que mantendrá el productor para el periodo 2015-2019, ambos años incluidos, de ahí su importancia. Sin contar con esta información, pocos se habían decidido a presentar la solicitud de ayudas de la PAC, por eso de poco ha servido que el reloj comenzara a contar desde el 1 de febrero. Con dos tercios del plazo consumidos, apenas se había realizado el 20 por ciento de las solicitudes de la comunidad, la que más volumen presenta de España.
A ello hay que sumar la demora en la publicación de las normativas de algunas ayudas. Por ejemplo, las bases reguladoras de las agroambientales que faltaban se publicaron el pasado martes y aún falta la convocatoria, mientras que los datos del Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) estuvieron disponibles unos días antes y, además, este año como novedad, las modificaciones sobre las parcelas hay que presentarlas junto a la PAC.
Pero hay más. Los problemas en el sistema informático o la complejidad de la carta que están recibiendo estos días los agricultores en la que se les comunica sus derechos de pago básico con cálculos casi indescifrables, son algunos de los mimbres que conforman una maraña para el productor de la que son testigos –y también sufren en primera persona– los técnicos de Asaja Sevilla.
El coordinador de estos servicios en la patronal agraria, Antonio Caro, explica que hay motivos más que suficientes para solicitar, como ya han hecho, una prórroga del plazo para presentar estas ayudas hasta el 15 de junio, al igual que el año pasado. Ahora, están a la espera de que Bruselas dé su visto bueno en los próximos días.
El Ministerio de Agricultura ha consentido alargar el plazo límite hasta el 15 de mayo, pero Andalucía considera que aun así no dará tiempo. Queda mucho trabajo por hacer y los plazos se echan encima.
Pero para llegar hasta ahí, al 15 de junio, el departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina tendrá que hacer una consulta a las comunidades para cosechar su apoyo a este aplazamiento. Sin embargo, ya se ha oído alguna voz discrepante. La del consejero del ramo de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez, quien ha reclamado que no se amplíe más el periodo para no retrasar los pagos, que comienzan a recibir los agricultores allá por octubre.
Caro contraviene que el año pasado, cuando también se postergó al 15 junio, «en Andalucía se dio el anticipo del 70 por ciento en noviembre» y alegó que si se tramitan aprisa y corriendo las ayudas, lo más probable es que haya más incidencias en los controles previos y esa circunstancia demore el pago de las mismas, ya que tienen de margen hasta el 30 de junio del siguiente año para su ingreso. «Y entre el 35 y el 40 por ciento de las rentas de los agricultores, según los sectores, procede de estas ayudas», apostilla.
Ahora, por ejemplo, se están cotejando los datos de asignación para comprobar que son correctos; en caso contrario, los agricultores y ganaderos tienen hasta el 28 de abril para presentar sus alegaciones, ocho días hábiles más de lo contemplado inicialmente. Y, aunque sin poder precisar en qué tasa, Asaja está constatando «errores en la asignación de derechos y muchos expedientes bloqueados porque tanto el Ministerio como la Consejería están a tope».
¿Qué tipo de incidencias se están registrando? Por un lado, circunstancias personales no contempladas como venta de tierras, herencias, división de explotaciones o arrendamientos. Pero por otro, señala Caro, por causas relacionadas con el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), asignaciones de derechos en regiones productivas diferentes a donde realmente están las explotaciones, además de quienes estaban a la espera de conocer las ayudas agroambientales que faltaban para acogerse a las mismas.
Y es que, recuerda, el sistema elegido en España por el que Andalucía peleó para evitar que se impusiera una tasa plana –la misma ayuda por hectárea independientemente del cultivo–, acarrea muchas ventajas para los productores regionales pero añade una complicación extra a la hora de tramitar las ayudas. «Con mayor o menor complejidad, los problemas están detectados, pero hace falta tiempo para subsanarlos», insiste.
Cambio más beneficioso
La Consejería de Agricultura publicó el pasado martes en el BOJA la orden con las bases reguladoras para la concesión de ayudas agroambientales y ecológicas, en la que se recogen tres nuevas medidas que entrarán en vigor este año: conservación y mejora de pastos en sistemas de dehesas, sistemas sostenibles de cultivos leñosos permanentes –almendro y viñedo en pendiente– y mantenimiento de castaño y uva pasa. Una orden que, además, modifica la publicada en mayo de 2015, que estaba supeditada a la aprobación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) que recibió en agosto el visto bueno de Bruselas. Con su aprobación se incluyeron algunas modificaciones, una de especial relevancia por su potencial impacto en beneficio del agricultor. Y es que, en las ayudas reservadas a los sistemas de especial interés para las poblaciones de aves esteparias y de arrozales, «se incluyen los barbechos como cultivos elegibles –en la orden de mayo no se contemplaba–, por lo que al rotar un cultivo te quedabas un año sin cobrar. Así se mejora un 20 por ciento el importe de la ayuda».
Se trata de una medida que tiene especial afección en la zona de Osuna, Estepa, Lantejuela y que ha visto cómo la línea presupuestaria asignada prácticamente no se ha tocado. Por ello, Asaja ha pedido a la Consejería «que dé la oportunidad a que haya nuevas solicitudes» y que se incluya en la convocatoria pendiente de publicar en los próximos días, aunque los agricultores tuvieron que decidir los planes de siembra en septiembre.
Por otro lado, las ayudas a cultivos agroindustriales como algodón y remolacha no se abrirán a nuevos solicitantes, sino que se mantendrán para quienes las demandaron el año pasado. Se espera que en lo queda de abril, los agricultores reciban una carta con la resolución de las agroambientales que pidieron en 2015. Señala Antonio Caro que, al tratarse de líneas con concurrencia competitiva, habrá productores que se quedarán fuera en dos de ellas: olivar en pendiente y agricultura ecológica. «Hay más demanda que dinero».
Ayudas a la dehesa
Entre las nuevas y esperadas ayudas, la más importante para la provincia de Sevilla es la que afecta a la dehesa, y que parte de la paradoja de que exige estar inscrita en un censo de dehesas que aún no existe. La Junta, asegura Asaja, se ha comprometido a que estará listo antes del 15 de mayo. La superficie mínima para poder acogerse es de 10 hectáreas.
Para optar a uno de los tres tipos de ayudas existentes, se tienen que cumplir las siguientes operaciones. La mayor ayuda (131,26 euros por hectárea) será para quienes comprometan siembra de pratenses (del 15 de octubre al 15 de diciembre), abonado y secuestro temporal de pastoreo; si se opta solo por el abonado y el secuestro, se rebaja a 94,91 euros y será de 42,84 euros por hectárea si se limita al secuestro temporal de pastoreo.