Las indemnizaciones que se reciben de una compañía aseguradora a consecuencia de un accidente nunca se han considerado, desde el punto de vista fiscal, como un incremento patrimonial; esas cantidades son claramente la compensación de las disminuciones sufridas por una persona a causa de un siniestro. Parece que el sentido común invita a pensar que eso es así y no debe cambiar; y la ley así lo ha considerado siempre aunque se ha abierto la puerta a un cambio que puede ser, por lo menos, discutible y motivo de profundo debate (estéril, por cierto).
El problema se ha generado con el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020. En su disposición final segunda se fija un supuesto en el que los perjudicados en un accidente de tráfico tendrían que tributar al recibir la indemnización de parte de las compañías aseguradoras. La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) ha alertado de forma inmediata de un intento de recaudación por parte del Gobierno cuando la indemnización recibida sea producto de un acuerdo amistoso entre las partes.
Lógicamente, el primer problema que se hace evidente es que se puede disparar el número de litigios para evitar que las cantidades recibidas como indemnización tengan que tributar. Si el acuerdo amistoso con la intervención de un tercero neutral (sin definir y sin conocer su función exacta puesto que el anteproyecto deja todo en el aire) y elevar el acuerdo a escritura pública, son motivos suficientes para que sea obligatoria la tributación de cantidades recibidas a modo de indemnización, la oposición por parte de las compañías y de los asegurados será frontal. Desde el Ministerio de Justicia ya advierten de su intención de modificar el texto para llegar a un acuerdo y no generar un problema seguro.
El afán recaudatorio de los distintos Gobiernos parece no tener fin. Cualquier cantidad que se recibe por parte de los ciudadanos es objeto de posible recaudación y eso es, sencillamente, injusto. Habrá que estar atentos a cómo se desarrolle este asunto porque los premios de la lotería parecían sagrados para los ciudadanos y el ministro Montoro logró sacar tajada de ellos sin que nadie dijera esta boca es mía. Sea como sea, lo esencial en este caso es que las indemnizaciones que están en el centro del debate son la compensación de las disminuciones sufridas por una persona a causa de un siniestro y, en ningún caso, un incremento patrimonial. Con esa idea sobre la mesa, el debate no puede ir más allá, no tiene recorrido alguno.