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Imagen de archivo (23/02/1981) del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero cundo irrumpió, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como Presidente del Gobierno. EFE/Manuel P. Barriopedro.
«Este libro es la radiografía de un sumario judicial incompleto, de un trampantojo para construir una verdad oficial que perdurase en los libros de historia». El periodista y escritor Carlos Fonseca analiza en ‘23F. La farsa’, la que considera una investigación «amañada» sobre el golpe que tenía como principal objetivo condenar al menor número de implicados.
Basado en fuentes inéditas como la totalidad del sumario judicial, el archivo personal del entonces ministro de Defensa Alberto Oliart, las actas de la ejecutiva socialista o las transcripción de decenas de llamadas telefónicas, ‘23F. La farsa’ (Plaza y Janés) es la autopsia de un proceso que ocultó pistas y descartó indicios para no ahondar en todas las complicidades de la asonada.
Para Carlos Fonseca existe un relato comúnmente aceptado que se limita a explicar que el 23F, del que esta semana se cumplen 43 años, fue la acción de un grupo reducido de militares exaltados y nostálgicos del franquismo que fracasó por la lealtad mayoritaria del Ejército a la Constitución y la actuación decidida del rey Juan Carlos.
Una versión edulcorada de la Transición que, según el autor, se mantiene desde hace más de cuatro décadas gracias a la censura institucional sobre la documentación existente en los archivos oficiales y que sigue a día de hoy bajo llave.
«Todos los condenados estuvieron implicados en el golpe, pero hubo otros que también lo estaban y su delito quedó impune, y muchos más que lo alentaron, promovieron y apoyaron hasta que estuvo perdido», destaca el también autor de ‘Trece Rosas Rojas’.
El resultado de esta «farsa» fue una sentencia ni demasiada dura, para que los militares no lo consideraran una afrenta, ni demasiado suave, para no alentar una segunda asonada.
El elefante blanco
Pese al convencimiento de que había más gente detrás, el autor admite que a estas alturas sigue sin saber quien es el ‘elefante blanco’, esa figura que tras la entrada por la fuerza en el Congreso debía tomar el mando del golpe, pero que por algún motivo nunca apareció.
«Nadie lo identifica con claridad y no creo que fuera Alfonso Armada a pesar de que se ofreció para presidir un gobierno de concentración», reconoce en una entrevista con EFE.
Lo que sí tiene claro es que Tejero no fue un «tonto útil» aunque no tuviera todas las claves del golpe. Le encomendaron tomar el Congreso y así lo hizo.
El golpe fracasó porque, salvo Milans del Bosch en Valencia, ningún capitán general se sumó a la operación, aunque muchos dudaran en un primer momento.
Recuerda Fonseca que el jefe militar de Madrid, el general Guillermo Quintana Lacaci, reconoció tiempo después que si Madrid se hubiera levantado el resto de capitanías generales habrían seguido sus pasos.
Una investigación «amañada»
Pese a la ambigüedad en la que se movieron muchos militares de alta graduación en los primeros momentos, se les pidió solo que testificaran por escrito, con tiempo para pensar las respuestas e, incluso, ponerse de acuerdo entre ellos.
Tampoco se investigó a fondo el papel del recién creado CESID o por qué en el sumario no constan los pinchazos telefónicos en las siete primeras horas del golpe.
La primera intervención telefónica quedó registrada pasada la 1:15 de la madrugada, una vez que el rey había desarticulado el golpe con su mensaje en televisión. De las llamadas previas, fundamentales para conocer a todos los implicados, de haberlas no hay ni rastro.
Como tampoco se registró el domicilio de una de las figuras de la trama civil del golpe, Juan García Carrés, que fue detenido la misma madrugada del 24 de febrero, a pesar de que tenía en su poder unas cintas con las grabaciones de todas sus conversaciones.
Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey y que pilotó desde Zarzuela todos los movimientos del monarca en aquellas horas, sí parecía conocer algunos de los entresijos de la asonada pero, en un nuevo ejemplo de ocultación que el autor ve premeditado, ni aparece en la sentencia ni se permitió que acudiera a la vista oral.
Suárez como excusa
Y es que, desde mucho antes del golpe, los movimientos para intentar desalojar a Adolfo Suárez de la Moncloa fueron constantes. El PSOE, que ya había presentado una moción de censura en 1980, planeaba otra para la primavera del 81. Confiaba en sumar a algunos de los diputados de UCD descontentos.
Suárez tampoco contaba ya con el favor del rey, que le había elegido para liderar la Transición apenas unos años antes.
En ese ambiente, algunos grupos temían que Suárez convocara elecciones anticipadas pillando a todos con el pie cambiado. Sin embargo, sorprendió a todos dimitiendo.
«Si ha dimitido, el problema de Suárez se ha acabado, pero el golpe se produce; cabe deducir que Suárez más que el problema era la excusa», afirma Fonseca.
El silencio, 40 años después
«Si el silencio de entonces tiene para muchos la excusa del miedo a un nuevo golpe militar, el silencio de hoy adquiere tintes de encubrimiento», critica Carlos Fonseca.
Ninguno de los gobiernos habidos desde entonces ha tenido la voluntad política para esclarecer todas las implicaciones del golpe, ni ha permitido a los investigadores acceder a toda la documentación, afirma.
Justifican su negativa con el argumento de que se trata de un hecho juzgado con una sentencia firme, que elevan a la categoría de verdad irrefutable.
«Pero la verdad judicial no es toda la verdad», alerta.