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Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers imputados. / Efe
El Supremo ha acordado hoy retirar las Órdenes Europeas de Detención dictadas contra el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros imputados por el proceso independentista, pero ha mantenido la advertencia de arrestarlos en cuanto entren en España.
El juez Pablo Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas que emitió contra ellos la Audiencia Nacional porque podrían condicionar la evolución de la investigación y los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados. De este modo, podrán viajar a cualquier país salvo a España.
Puigdemont encabeza la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Llarena se hace eco en su auto de la posibilidad de que quiera venir a España, pero de momento no parece previsible: el expresidente de la Generalitat no saldrá de Bélgica pese a la retirada de las euroórdenes contra él y los exconsejeros que también se encuentran en aquel país, según el abogado que asume su defensa, Paul Bekaert.
En todo caso, la medida del magistrado, adoptada cuando ya ha empezado la campaña para las catalanas, no ha podido dejar de suscitar diversas reacciones políticas.
Por parte del Gobierno, el ministro de Economía Luis de Guindos se ha confesado incapaz de juzgar las actuaciones de Puigdemont desde criterios de racionalidad.
Desde el PP, el portavoz Rafael Hernando ha considerado “acertada” la decisión del juez porque las órdenes anuladas “limitaban” la posibilidad de juzgar a los imputados por determinados delitos. El candidato popular, Xavier Albiol, ha advertido a Puigdemont de que “ya no valen numeritos”.
Por el contrario, los partidos nacionalistas han coincidido en el Congreso en atribuir la retirada de la orden europea de detención al miedo del juez del Supremo a que Bélgica le enmendara la plana.
El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha subrayado que “la Justicia belga es una Justicia garantista” y “preocupada por los derechos fundamentales de las personas”, mientras que en España los jueces han abusado de la prisión provisional.
También ha criticado a la Justicia española la diputada Esther Capella, de ERC, quien cree que el juez ha retirado la eurorden por “miedo” al “ridículo internacional” y ante la posibilidad de “sentirse enmendado por un tribunal belga”. Por eso ha decidido “dar un paso atrás”, cree.
Por su lado, la candidata de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha limitado a decir que “respeta” la decisión del magistrado.
Sin embargo, Arrimadas, que ha abierto hoy el ciclo de conferencias que organiza la Agencia Efe con motivo de la campaña electoral de las catalanas del 21 de diciembre, sí se ha referido en este contexto a los independentistas y les ha acusado de “jugar a la victimización” judicial.
Por su parte, el candidato del PSC, Miquel Iceta, ha calificado de “buena noticia” la decisión del Tribunal Supremo, pues permitirá “normalizar” la campaña y no convertirla en una “crónica judicial”.
“El expresidente catalán y los exconsellers -ha asegurado- saben que se han de presentar ante la justicia española (...). Nosotros estamos a favor de una campaña lo más normal posible”.
El candidato socialista ha recordado en cambio la “mala noticia” que supuso ayer la decisión ayer de dejar en prisión al exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
La portavoz de Podemos, Irene Montero, ha considerado que si la retirada de la euroorden de detención contra Carles Puigdemont se debe a la “sospecha de que otro país europeo” pueda decir que los delitos que se le imputan son “incorrectos” eso demuestra la falta de credibilidad de la Justicia española en la UE.
Por su parte, el candidato de En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha señalado que la buena noticia sería la salida de prisión de los políticos catalanes independentistas en prisión preventiva.