La espiral de muerte en Nicaragua sigue imparable

Una asociación dice que el sábado se produjeron cinco muertes, entre ellas una ejecución policial

03 jun 2018 / 22:11 h - Actualizado: 03 jun 2018 / 23:04 h.
  • Tres manifestantes lanzan proyectiles con un mortero contra la policía en Masaya. / Efe
    Tres manifestantes lanzan proyectiles con un mortero contra la policía en Masaya. / Efe

La violencia instalada en la crisis política de Nicaragua no cesa. Este sábado al menos cinco personas murieron en enfrentamientos del sábado en la ciudad de Masaya entre civiles y la policía, apoyada por grupos afines al Gobierno, informó este domingo la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. La Iglesia atribuye la muerte de una de las víctimas a una ejecución extrajudicial a cargo de una policía.

Así, el sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel en Masaya, asegura que Donald López «fue ejecutado» por una oficial que le disparó al pecho cuando estaba «detenido e indefenso». «El joven le dijo: ‘si me vas a matar, mátame’, y la mujer policía lo ejecutó. Cayó enfrente de la parroquia San Miguel», afirmó el sacerdote.

El enfrentamiento, según la asociación pro derechos humanos, se produjo cuando simpatizantes del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, apoyados por la Policía Nacional, intentaron desalojar a un grupo de civiles que mantienen una barricada en ese lugar.

Este lunes se cumplen en Nicaragua 48 días de una crisis sociopolítica, la más sangrienta desde los años 80, que deja por ahora 108 muertos y cerca de un millar de heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Las protestas contra el Gobierno sandinista que preside Daniel Ortega comenzaron en abril y consiguieron abortar las reformas de la Seguridad Social, pero se acentuaron con la excusa de las muertes de personas ocurridas durante las manifestaciones.

Un informe elaborado por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo alertó de posibles ejecuciones extrajudiciales con francotiradores en algunas zonas del país, así como de «graves violaciones de derechos humanos».