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Una mujer asiste a una anciana que se encuentra postrada en una silla de ruedas. / Javier Díaz
Solo en ocho años en los 90 municipios sevillanos de menos de 20.000 habitantes el número de beneficiarios de la ayuda a domicilio se ha disparado. En el primer semestre de 2008 había 135 usuarios, con un total de 17.288 horas de prestación recibida, mientras que en el segundo semestre de 2016 el número de personas beneficiarias ascendía a 3.423, con un total de 894.071 horas de asistencia recibida.
Nadie discute ni pone en duda los beneficios del servicio. Sin embargo, las quejas son innumerables por el tiempo que se tarda en recibir la ayuda a domicilio desde que se solicita hasta que se presta. Alcaldes de la provincia aseguran que en sus municipios hay personas que llevan en lista de espera casi dos años, un tiempo excesivo que se debe a los trámites que se necesitan: cuando una persona solicita una ayuda de la Ley de Dependencia lo hace en los servicios sociales, estos remiten la petición a la Consejería de Igualdad, donde se establece una cita para que valoradores de la Junta reconozcan al usuario en su entorno y determinen su grado y nivel de dependencia. Esta valoración vuelve a los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos para que elaboren un Plan Individual de Atención (PIA) en el que se propone la prestación más adecuada, PIA que vuelve a Igualdad para aprobarla y conceder la ayuda que a partir de ese momento se tiene derecho a recibir.
Tal procedimiento demora el inicio de la prestación de la ayuda a domicilio, que en los pueblos de menos de 20.000 habitantes se concede de inmediato una vez se haya dado el visto bueno al servicio. Según fuentes de la Diputación, entidad encargada de organizar, coordinar, supervisar y evaluar el servicio, según lo establecido en el convenio firmado con la Junta en 2010, «la lista de espera en este recurso no existe», se concede de inmediato. Las mismas fuentes explican que los meses de espera se deben al tiempo que tardan ayuntamientos y Junta en realizar todo el proceso.
Una vez aprobada la ayuda a domicilio, son los municipios los que prestan el servicio, bien con personal propio –70 ayuntamientos– o de forma indirecta –30 municipios–. El objetivo final es evitar el desarraigo de la persona de su entorno y la exclusión social.
El servicio, además de ayudar a los dependientes, también contribuye a crear empleo. Según datos de la corporación provincial, en 2007 los municipios sevillanos de menos de 20.000 habitantes realizaron 433 contrataciones, llegando a las 2.940 en 2016.
Este trabajo no beneficia por igual a hombres y mujeres. Es un empleo fundamentalmente femenino. Los datos lo dicen todo. De los 2.940 contratos, el 96,67 por ciento fueron para mujeres. El nivel de formación que se exige también ha variado con el paso del tiempo. Actualmente, para acceder a un contrato de ayuda a domicilio se exige un ciclo formativo. Cuando el servicio dio sus primeros pasos, no se requería formación específica, aunque en estos años estos trabajadores han recibido cursos de formación. Para sufragar el coste de la ayuda a domicilio en los municipios más pequeños de Sevilla, la Junta liberó 22,5 millones en 2016 y es la Diputación la que se encarga de repartir este dinero a los consistorios.
Actualmente, el retraso en el pago del servicio por parte de la administración andaluza también está generando polémica. Alcaldes de IU y el PP provincial han denunciado que los municipios llevan seis meses sin cobrar. Según los populares, en septiembre 82 consistorios adelantaron casi dos millones de euros para pagar a los trabajadores del servicio a domicilio. Además, el PP alertó de que el nuevo sistema de abono –justificar a mes vencido– es perjudicial. Desde Diputación se admite el retraso, aunque se aclara que no tan elevado como denuncian los populares y se achaca al cierre del presupuesto de 2017 y a los ajustes del nuevo sistema que, según la institución, «será mejor», porque entiende a partir de ahora el abono no se podrá demorar más de un mes.
El otro frente está más hacia arriba: las quejas de la Junta por la falta de aportación estatal. Precisamente, la diputada por Sevilla Carmen Cuello, señaló ayer, en una visita a la residencia Joaquín Rosillo de San Juan. Ahí contrapuso el «compromiso» de la Junta por las personas mayores con las «recortes» desde Madrid. Cuello remarcó además que Andalucía «soporta el 82 por ciento del sistema, y el Gobierno central solo el 18 por ciento, cuando la ley le obliga al 50 por ciento».