La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 15 meses de cárcel para el exalcalde de Los Molares José María Moreno (IU) y tres exconcejales por un presunto delito de prevaricación urbanística en relación a la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable común y la concesión de la preceptiva licencia de obras cuando la edificación estaba culminada y en contra del informe del arquitecto municipal.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita igualmente para el ex primer edil y estos tres concejales la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años, mientras que también pide la misma pena de cárcel e inhabilitación para el secretario-interventor del Ayuntamiento José C.A..
En su día, el exalcalde de Los Molares ya defendió en declaraciones a Europa Press que el inmueble es «conforme a la Ley», alegando incluso que «el proyecto de actuación pasó por el pleno» del Ayuntamiento al ajustarse a las normas urbanísticas.
Asimismo, la Fiscalía pide 15 meses de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros para los tres promotores de la vivienda, en concreto un matrimonio y su hija, por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que también solicita, en concepto de responsabilidad civil, que se acuerde la demolición de la vivienda construida, con reposición del suelo a su estado original a costa de los acusados.
El Ministerio Público relata que, durante una inspección realizada por agentes de la Guardia Civil el 24 de noviembre de 2009 en la zona denominada ‘La Calera’ de Los Molares, ubicada sobre suelo no urbanizable común, comprobaron que en una de las parcelas se habían realizado tres edificaciones.
Tras averiguar que dos de las construcciones habían sido ejecutadas en fecha que impedía la persecución de sus autores, se comprobó que la última edificación se había construido a lo largo de 2008 y principios de 2009, «careciendo de licencia municipal que le habilitase para ello», consistiendo dicha construcción en una vivienda de 200 metros cuadrados de planta, dividida en comedor, dos habitaciones, cuarto de baño, cocina y trastero, con un porche lateral de 40 metros cuadrados y una piscina de unos 60 metros cuadrados.
La Fiscalía asevera que su construcción fue promovida por un matrimonio y su hija, quienes, «puestos de mutuo acuerdo», contrataron a los técnicos encargados de redactar los correspondientes proyectos de construcción y encomendaron la realización de las obras a albañiles de la localidad, «todo ello con el fin de utilizar la referida vivienda como segunda residencia, por cuanto ninguno de los acusados se dedicaba a la actividad agrícola».
«Con el fin de dar una apariencia de legalidad a la obra realizada», los acusados presentaron en el Ayuntamiento el 14 de diciembre de 2007 una solicitud de aprobación de un proyecto de actuación para la edificación de una casa agrícola vinculada a la actividad agrícola, pone de manifiesto la Fiscalía en su escrito de acusación.
«OCULTACIÓN»
Los procesados «ocultaron aspectos tan relevantes» en su petición como la existencia de subparcelas independientes dentro de la finca principal inferiores a la parcela mínima exigida de 2,5 hectáreas por las normas municipales, o la existencia de dos edificaciones anteriores a la que se pretendía construir, respecto de las cuales no se cumpliría la distancia mínima de 300 metros entre ellas que establecían las normas urbanísticas de la localidad, «generando el consiguiente riesgo de formación de nuevos asentamientos».
La Fiscalía entiende que esta «ocultación» de datos generó el consiguiente error en los informes emitidos por los técnicos municipales y la aprobación final del proyecto de actuación presentado por acuerdo del pleno municipal de 25 de septiembre de 2008.
No obstante, y «a pesar de no haber sido aprobado aún el mencionado proyecto de actuación y de carecer de licencia municipal», durante el año 2008, paralelamente a la tramitación de dicho proyecto, estos tres acusados iniciaron las obras de la vivienda y la piscina, presentando con fecha 20 de febrero de 2008 ante el Ayuntamiento un nuevo proyecto para la concesión de la licencia municipal de obras, «ocultando nuevamente la situación real de la parcela y que ya habían iniciado la construcción».
Tras ello, y según la tesis de la Fiscalía, el arquitecto técnico municipal emitió un informe el 18 de marzo de 2009 en el que hacía constar que las obras ya estaban finalizadas y donde informaba desfavorablemente la tramitación de la licencia de obras interesada, mencionando al efecto un informe de la Delegación Provincial de Vivienda de 30 de septiembre de 2008 que consideraba que el proyecto de actuación presentado en su día «no justificaba que la vivienda proyectada estuviera vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos».
Este informe «no pudo tenerse en cuenta en el expediente del proyecto de actuación por incorporarse extemporáneamente», explica la Fiscalía, que asevera que, «a pesar de conocer el contenido de tales informes y conocer en especial el hecho de haberse ya concluido las construcciones», el secretario-interventor emitió el mismo 18 de marzo un informe favorable a la concesión de la licencia municipal de obras para su realización, estableciendo determinadas condiciones referidas a distancia a linderos y otras posibles construcciones que, dado que ya había sido realizada la obra, «conocía perfectamente eran de imposible cumplimiento».
«COBERTURA DE LEGALIDAD»
Trasladados dichos informes a la Junta de Gobierno Local celebrada el día 18 de marzo de 2009, integrada por el alcalde y los tres concejales acusados, se aprobó conceder la licencia municipal solicitada para la realización de las obras mencionadas, estableciendo plazos de inicio de las obras y requisitos a cumplir en la ejecución de la construcción, todo ello «a sabiendas de que las obras ya habían sido realizadas y con el fin de otorgarles de esta forma una cobertura de legalidad».
La Fiscalía pone de manifiesto que, en un informe emitido el 10 de diciembre de 2010 por técnicos de la Dirección General de Inspección de la Junta de Andalucía, se concluyó que la edificación y piscina construidas «no son autorizables ni legalizables conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos aplicables», cifrando el coste de reposición del suelo a su estado original en 37.014 euros.