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Imagen de archivo de uno de los accesos a Torrepalma, una de las urbanizaciones de Carmona. / Paco Cazalla
El consejo de gobierno de la Junta aprobó ayer dar respaldo a una proposición de ley que apoyan todas las fuerzas políticas para garantizar los servicios básicos en los núcleos urbanos sin proyecto de urbanización.
En estas condiciones, según los últimos datos disponibles –un informe del Defensor del Pueblo andaluz del año 2000– viven decenas de miles de personas. Nada menos que 300.000 en ese informe que el sentido común da por desfasado.
El propio portavoz del gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, explicó que esta modificación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua) beneficiará a residentes dispersos por muchos municipios de las ocho provincias, aunque con especial incidencia en tres: Córdoba, Chiclana (Cádiz) y Carmona –aunque en la provincia de Sevilla este problema de urbanizaciones fuera de planeamiento es especialmente grande en el arco metropolitano entre Carmona y el Guadalquivir y en Castilblanco de los Arroyos–.
Sin embargo, 38 de las 40 urbanizaciones irregulares de la mayor bolsa de vivienda irregular de la provincia, Carmona, no recibirán estos servicios básicos –fundamentalmente, agua corriente y saneamiento– apruebe lo que apruebe la Junta.
La razón la explica la concejala de Urbanismo, Teresa Ávila: el plan urbanístico (PGOU) de esta ciudad milenaria está atascado desde hace 25 años precisamente por lo «complejo» que resulta «adaptar» a la legalidad más elemental asentamientos que comenzaron a surgir como setas en su extenso término de 900 kilómetros cuadrados.
La situación en cada una de estas urbanizaciones de Carmona (28.000 habitantes en el total del municipio) es distinta: las hay sin luz ni agua, con luz y sin agua... En estas urbanizaciones residen entre 4.000 (el dato oficial del censo) y 15.000 personas, que da por más cercano a la realidad el Ayuntamiento.
De hecho, la portavoz de los vecinos y miembro de la CALU (Coordinadora Andaluza por la Legalidad Urbanística) explica que los problemas de agua se ven agravados por un círculo vicioso: al no haber saneamiento las bacterias fecales contaminan los pozos de donde esos residentes beben.
Pero disiente de la concejala de Urbanismo y asegura que el 70 por ciento de estas urbanizaciones sí podrían recibir suministros a partir de la aprobación de la proposición de ley porque aunque no haya PGOU, han normas subsidiarias de 1983 y la posibilidad de hacer miniplanes urbanísticos –PERI en el argot especializado– para cada urbanización, o incluso normas de emergencia ante la contaminación fecal. «Lo que no se puede es tener a la gente esperando desde 1993, cuando empezó la redacción del PGOU aún inacabado, a que termine para tener agua. Falta voluntad política y el Ayuntamiento nos cobra servicios que no nos presta, por valor de cuatro millones de euros», dispara. Considera que los borradores de PGOU que desde hace un cuarto de siglo Carmona envía a las administraciones que deben dar el visto bueno (la Consejería de Ordenación del Territorio, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –CHG–) vienen sistemáticamente devueltos porque se resuelven «con errores».
Y que las soluciones que se han planteado a los vecinos son demasiado caras para que las abonen pensionistas «que cobran entre 700 y 800 euros al mes», retrato robot del habitante en estas urbanizaciones.
En todo caso, Ávila calcula que en «un año» el PGOU de Carmona puede superar las fases de aprobación provisional –la inicial la pasó en 2012– y definitiva, pero cree que antes de parchear la LOUA merece más la pena «esperar a que se apruebe la LUSA (Ley de Urbanismo y Sostenibilidad de Andalucía), llamada a sustituirla y niega que el Consistorio de patadas para adelante y no resuelva su urbanismo. «Lo que pasa es que es muy difícil. Hay urbanizaciones hechas sobre el cauce de un arroyo, y las medidas para corregir eso no son fáciles de que las apruebe la CHG. Otras en las que los propietarios son muchos y no se ponen de acuerdo».
EL ORIGEN
Las urbanizaciones de Carmona, explican la concejala de Urbanismo y la portavoz de los vecinos, nacieron en los años 1977-78, cuando grandes fincas agrícolas se parcelaron sin que el Ayuntamiento predemocrático le pusiera coto a las pretensiones de lucro de terratenientes que decidieron en esos tiempos confusos que más dinero les iba a dar el ladrillo que las cosechas, cosa que solo se logró detener en un caso. Los compradores venían de la nueva clase media de esos años y el régimen más habitual fue la autoconstrucción. En pocos años sumaron una enorme población fuera de planeamiento y con problemas que van desde las inundaciones a la falta de suministro de agua y saneamiento.
POBLACIÓN MAYOR
Carecer de servicios básicos significa mucho más que la falta de agua corriente o la «electricidad de mala calidad» que denuncia la CALU en Carmona. También falta de transporte público para una población que ha envejecido –vivir en estas parcelas se puso de moda en los 70– y que necesita ir al médico en Carmona o Sevilla y ya no se atreve a conducir. El Ayuntamiento ahora le ha dado luz verde.