El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pruna, Ricardo Guerrero, se ha convertido hoy en nuevo alcalde de la localidad, tras la inhabilitación del primer edil, Francisco López, condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
Juntos por Pruna, partido que gobierna en mayoría absoluta, decidió, tras conocer la sentencia, el nombre del sucesor de López, y se estaba a la espera de la notificación oficial de la sentencia para convocar el Pleno en el que sería designado el nuevo alcalde.
El pleno extraordinario convocado a tal efecto ha tenido lugar de las 19.00 horas de hoy.
En su discurso, el nuevo alcalde ha apelado a la unidad de los concejales por el progreso del pueblo, porque “aquí podrá entrar el mejor alcalde del mundo y nos podrán llover las subvenciones del cielo, que mientras no estemos unidos, y nos preocupemos todos por Pruna, no mejoraremos de verdad, de ahí la frase de que ‘Un pueblo, lo hace el propio pueblo’. Por eso os pido a todos y a todas que rememos juntos en la misma dirección, porque es nuestro pueblo y todas las personas que vivimos aquí tenemos la obligación de cuidarlo y respetarlo, y en ese aspecto os pido que me ayudéis, y os pido Unión, tenemos que crear conciencia pruneña. Nosotros haremos todo lo posible para que os sintáis cada vez más orgullosos del lugar en el que vivís”.
Sentencia confirmada por el Tribunal Supremo
La sentencia contra el actual alcalde se conoció el pasado 2 de diciembre. Fue confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), y señalaba que el alcalde realizó la contratación directa del arquitecto para el asesoramiento urbanístico de la Corporación Municipal sin proceso selectivo por ser un contrato menor.
La secretaria señaló en su informe que se desconocía el importe total del contrato (si superaba los 18.000 euros). Además, carecía de definición suficiente su objeto y que no existía consignación presupuestaria.
Informe de compatibilidad
Posteriormente, el entonces alcalde solicitó un informe sobre compatibilidad al Servicio Jurídico de la Diputación de Sevilla. El organismo provincial advirtió de que no procedía la modalidad de contrato administrativo de servicios porque las funciones para las que fue contratado el arquitecto estaban reservadas a funcionarios públicos, pero a pesar de ello, lo mantuvo y formalizó con él un segundo contrato.