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La sala de vistas de la Audiencia Provincial de Sevilla donde se celebran los juicios con jurado. / Inma Flores
Es ya un problema endémico. Los juzgados y tribunales sevillanos son incapaces de bajar la abultada y llamativa cifra de las 100.000 sentencias sin cumplir, entre asuntos penales, civiles, contenciosos y laborales. Sólo en materia Penal son 18.068 condenados que siguen sin cumplir la pena que le fue impuesta. En lo Civil la cifra se eleva a las 81.945. Esto supone que hay en libertad personas que deberían estar en prisión, que hay multas sin abonar, o muchos ciudadanos sin recibir una indemnización, por ejemplo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) viene expresando su «preocupación» en sus memorias anuales. «Lo más grave es la pendencia de las ejecutorias», señala el Alto Tribunal en su última memoria, la de 2015, a lo que añade que «una solución pasaría, en buena medida, por la implantación generalizada de un Servicio Común de Ejecutorias Penal». Es decir, aboga por un sistema en el que exista un departamento especializado en hacer cumplir las sentencias que ya son firmes, liberando así a los magistrados de esta tarea.
De hecho, los juzgados de la Penal, donde este asunto es el principal problema que arrastran, el año pasado resolvieron un total de 16.189 ejecuciones. O lo que es lo mismo, cada juez tuvo que hacer frente a más de un millar, cuando, según recoge el TSJA, la cantidad que se considera como óptima es entre 369 y 441 ejecuciones de sentencia. Esto quiere decir, que los magistrados asumen más del doble de lo que les correspondería.
Además, se da la circunstancia de que los juzgados sevillanos fueron capaces en 2016 de resolver más ejecutorias de las que ingresaron, pese a lo cual la pendencia sigue siendo muy abultada. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2016 se registraron 10.196, mientras que se resolvieron 16.189, es decir, 6.000 más de las que se ingresaron. Esto ha permitido al menos rebajar la cifra en un millar, pues en 2015 había pendientes 14.202 ejecuciones. No obstante, pese a este esfuerzo, en estos juzgados siguen quedando pendientes 13.377 casos.
El problema de las sentencias pendiente de cumplimiento no es solo exclusivo de los juzgados de lo Penal, pero sí es cierto que sus sentencias sin cumplir suponen el 74 por ciento de todas las atrasadas en su jurisdicción, pues son 13.377 de las 18.068. Asimismo, los juzgados de Instrucción tienen 1.842 ejecutorias pendientes y las secciones penales de la Audiencia de Sevilla, 513. Los juzgados de Menores terminaron el año con 603 sin ejecutar.
Retrasos en otros asuntos
Aunque el problema del atasco en que sea más preocupante en los asuntos penales, porque en muchos casos supone que alguien que haya sido condenado por cometer un delito esté en libertad, en el caso de la jurisdicción civil, la contenciosa o la social también adquiere su importancia por el hecho de que tras ellos hay ciudadanos pendientes de esos asuntos y por la elevada pendencia.
En el caso de los juzgados de Primera Instancia, el TSJA recuerda que el número de juzgados es «prácticamente, el mismo que en el año 2009, como también lo es el número de funcionarios que en ellos prestan servicio»; y apuesta por los Servicios Comunes como opción para desatascar las 81.945 ejecutorias pendientes. En el caso de los juzgados de lo Social –que llevan los temas laborales– son 2.802 sentencias sin ejecutar y 475 en el caso de lo contencioso.