La plataforma de afectados por la listeriosis, creada por el bufete Ateneo Abogados, ha presentado un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeria producido el pasado verano relacionado con el consumo de productos de la empresa Magrudis, en el que le pide que extienda la petición de los cinco millones de euros de fianza al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía.
A finales de febrero la juez acordó en un auto imponer esta cantidad de fianza al propietario y administrador único de Magrudis e hijo del gerente, Sandro José Marín Rodríguez; a su padre, el 'administrador de hecho', José Antonio Marín Ponce, los cuales continúan en prisión provisional por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas, a otro hijo suyo, a su mujer y a su cuñada.
Según reza en el escrito, formulado por el letrado de la plataforma, Germán Grima, que representa a los lesionados, al que ha tenido acceso Europa Press, esta parte "está sorprendida que no se le haya solicitado la medida cautelar de prestación de fianza" a esas dos instituciones como responsables civiles subsidiarios en el delito tipificado de la 'culpa in vigilando'.
Todo ello después de que la inspectora veterinaria del Consistorio, responsable de unas inspecciones realizadas en noviembre de 2016 y en julio de 2017 en Magrudis, precisara ante el juez a mediados del pasado mes que para hacer sus inspecciones se tenía que basar en un reglamento 822/2004 y, en base al mismo, "la Junta de Andalucía da unas instrucciones".
Además, esta técnico declaró que "son nueve veterinarios inspectores en el distrito de Sevilla, estando de baja cuatro de ellos, con lo cual las tareas de inspección para toda la ciudad y para la multitud de empresas y tiendas de alimentación se reparten el trabajo cinco personas por falta de medios".
Ante esta situación, esta parte entiende que el Ayuntamiento "es responsable civil subsidiario" de los hechos acaecidos por lafalta de control que tiene sobre Magrudis al igual que la Junta de Andalucía.
En este sentido, pide a ambas instituciones que "acrediten que han tenido una actuación positiva, o de acción, probando en la instrucción que han vigilado a las personas que de ellos dependen, cosa que está quedando acreditada a la fecha en la instrucción que no tenían protocolo de actuación ninguno y que las tareas que se exigen de revisión anuales de las empresas de alimentación no se estaban haciendo por falta de medios sin tener certeza qué ente público era quien tenía atribuida esa función".
Esta parte además solicita las declaraciones de los técnicos que han estado en la causa, tanto del Ayuntamiento de Sevilla como de la Junta de Andalucía, para saber qué ente u organismo eran los competentes en la vigilancia de empresas como Magrudis, ante las opiniones que se han trasladado a los medios de comunicación del consejero de Salud, Jesús Aguirre, y del alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
Por último, esta parte entiende que los afectados "no pueden perder su derecho a poder ser indemnizado" y que las administraciones "han obrado mal en funcionamiento, en protocolo de actuación de la alerta sanitaria y en la forma de proceder queriendo escurrir la responsabilidad que tienen de vigilancia para la tranquilidad de la población".