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La familia de ‘María’ acude al Banco de Alimentos: no les llega con su sueldo. / Manuel Gómez -
Patricia Cuadrado, en su trabajo. / Patricia Cuadrado -
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Una monitora de comedor escolar como ‘María’ en su trabajo. / El Correo -
Manifestación por el convenio de hostelería. / Europa Press -
La hostelería, donde ha probado suerte ‘María’. / Sergio Caro
«Aunque trabajo vamos al Banco de Alimentos»
‘María’ y Patricia trabajan en servicios externalizados de la Consejería de Educación en colegios públicos. Profesionales de primera con sueldos de segunda
María lleva 17 años con miedo a perder el trabajo. Desde hace seis meses el miedo es pánico. Sus 200 euros al mes (4,50 la hora) son los únicos que entran en casa –tiene una hija– desde que su marido cerró la carnicería en la que era autónomo. Ella es monitora de comedor en un colegio de la periferia de Sevilla. Por supuesto, su nombre no es María. Este periódico lo ha alterado para evitarle represalias.
Pero su historia es real. Compruébelo: salga a la calle. Hay decenas de historias como la suya.
«Tengo 47 años. En los últimos años hemos tenido conflictos con varias empresas que se llevan los concursos –la atención a los niños en los comedores se ha externalizado– y nos dejaron de pagar hasta tres nóminas. Y hubo una tercera que llegó a desaparecer. Cada vez que toca una subrogación temblamos, porque si no espabilas se traspapela tu antigüedad o incluso tu puesto de trabajo». La antigüedad es importante porque da preferencia a la hora de trabajar, y también porque por ella se calcula la indemnización por despido.
Los concursos los convoca la Junta de Andalucía, pero María está con la mosca detrás de la oreja. «Deberían vigilar los concursos en condiciones, estar pendientes, ser árbitros. Pero cuando empiezan los problemas se lavan las manos». Los concursos se renuevan cada dos o cuatro años (el último es de dos años prorrogables).
Ella desde el año 2000 trabajando de monitora, primero en un colegio del barrio de Los Pajaritos, después en otro centro con cinco compañeras. «Siempre ha sido crisis. Y al principio mucho peor que ahora. Las empresas no te pagaban hasta que no les llegaba la subvención de la Junta de Andalucía».
Sin embargo, sus circunstancias personales cambiaron de golpe hace medio año. De completar el dinero que entra en casa se convirtió en la única fuente de ingresos. Con el agravante de que si trabaja en hostelería (la última vez, hace un año y por el mínimo tiempo de una sustitución) las leyes fiscales la obligan a hacer la declaración de la renta y pagar lo que su empleador no haya retenido, al contar con más de un pagador. El resultado: 200 euros y la declaración a pagar (las retenciones por rentas del trabajo no bajan del 19%, las del capital pueden tributar al 1%).
¿Cómo viven con 200 euros? Con la ayuda de la familia y, más allá, con la del Banco de Alimentos y los Servicios Sociales para pagar –cuando hay fondos– el recibo de la luz.
«Con mi edad no me contratan ya en hostelería. Las prefieren más jóvenes». No hay muchas opciones para que su familia capee «lo peor de la crisis, que nos ha llegado ahora». Pero María siente que su caso no es aislado. Muchas de sus compañeras es ahora, en plena ola de recuperación de las grandes cifras, cuando sienten las garras de la miseria.
«Vamos tirando, pero me siento con edad de tener un trabajo en condiciones», cuenta incapaz de esconder que a estas alturas de la entrevista le tiembla la voz, e hincha los carrillos para que no salte una lágrima.
GENERACIÓN PLURIEMPLEO
Patricia Cuadrado sí accede a dar su nombre. Tiene 33 años y trabaja como monitora de educación especial. También es un servicio que la Consejería de Educación externalizó hace unos 15 años. Su plaza es de trabajadora fija discontinua.
Pese a ser diplomada su empleo (25 horas semanales, 745 euros al mes) es apenas menos mal pagado que el de María: 4,75 euros la hora. Ahora la exigencia de titulación (hasta hace dos años diplomaturas en Magisterio, Trabajo Social, Psicología o Psicopedagogía) se ha rebajado al grado superior de FP de Integración Social.
Las subrogaciones son incluso más kafkianas que en el caso de María: «En el curso 2016-17 sufrimos tres subrogaciones en un año. Y claro, la empresa entrante se desentiende de las vacaciones que no te pagó la saliente, y ellos encantados con la vía judicial, porque es muy lenta y no todos los trabajadores aguantan la presión».
A Patricia la despiden todos los meses de junio y la contratan a mediados de septiembre, con lo que las vacaciones «me las paga el SEPE (antiguo INEM). Así lleva los últimos ocho años, «en un ERTE encubierto. El perjuicio económico es fuerte: su empresa , hace unos años, cometió un error con las cuotas a la Seguridad Social y el tiempo que estuvo en paro percibió 333 euros al mes. «Me tuve que volver a casa de mis padres, porque además de mantenerme tenía que pagar el coche. Es que no pude ni compartir piso».
En su precariedad no está sola. Esta mujer joven cree que estamos «ante una nueva forma de vida para mi generación». Así, Patricia cita a una amiga fisioterapeuta: «tiene dos trabajos para poder juntar mil euros». Otra amiga, graduada en Magisterio y especializada en educación especial, trabaja no de profesora, sino en un aula matinal (antes de la jornada escolar) y en las actividades extraescolares (después del fin de las clases).
La propia Patricia está esperando que llegue la temporada de actividades extraescolares para completar su salario. Ya trabaja también en el comedor escolar. Son 20 horas más a la semana «para llegar a los mil, no a los 1.500, sino a los mil» euros. «Así es imposible conciliar», remacha.
La raíz, explica, está en que las concesiones de estos servicios se hacen con unas pujas a la baja por parte de la Junta, «que licita por debajo del convenio colectivo». La consecuencia son servicios mal cubiertos y trabajadores mal pagados.
«En el aula específica en la que trabajo los niños están muy afectados. Yo invitaba a que los atendiera un día el empresario, el responsable de la empresa pública que lo contrata o la señora presidenta de la Junta de Andalucía. A niños que ni comen solos ni controlan los esfínteres. Pero es que a la Administración nuestra precariedad le parece bien. Le parece bien que en septiembre, el mes del gasto escolar, no lo cobremos entero .
MATERNIDAD, MISIÓN IMPOSIBLE
Patricia Cuadrado está ante la decisión más importante de su vida. «Me encantan los niños, incluso tengo pareja, un privilegiado mileurista. Juntos ganamos lo que percibía una persona en la época boyante. Estoy en mi edad fértil, pero es que no me puedo plantear tener hijos. No me llega. No voy a vivir por encima de mis posibilidades, pero o dejo un trabajo o meto al niño en un comedor que me cuesta más que lo que gano trabajando esas horas». Tampoco su caso es un caso aislado. «De tres amigas que han tenido hijos hace poco, las tres han acabado en la calle», expresa. «A todas les pasa lo mismo y es insultante. En cuanto piden reducción de jornada para cuidar del bebé. Una no aguantó las presiones. Otra de ellas pidió tres años de excedencia y cuando pidió volver a su puesto la empresa la destinó a Málaga. Estamos a años luz de poder desarrollarnos como personas». De hecho, cuando estaba soltera «no aspiraba a vivir sola, sino a compartir piso como mucho». Sus compañeras con hijos «no tienen vida privada porque alguna empalma el aula matinal con la de educación especial, el comedor y las actividades extraescolares, a veces en distintos colegios: 10 u 11 horas de trabajo.
Es además «sangrante» que su misma tarea la haga personal que mucho antes contrató como personal laboral la Junta de Andalucía directamente, con lo que hay «trabajadores de primera y de segunda». Los primeros con el paraguas de la Administración autonómica. Los segundos empleados en una y otra empresa que los van subrogando.
La familia de María, la monitora de comedor escolar vive «al día» y, reconoce, abocada a aceptar «trabajo en negro o en amarillo, lo que sea, para que vayamos tirando».
CON COMITÉ DE EMPRESA LAS COSAS MEJORAN
«Empecé ganando 585 euros al mes por ocho horas de trabajo. Con las pagas extras prorrateadas, yendo al paro el último día de cada curso. Ahora, después de unirnos en un comité [de empresa] ganamos lo que nos corresponde por lo que trabajamos, por convenio (745 euros) aunque todavía no hemos logrado ser fijos en vez de fijos discontinuos, a pesar de lo que marca la ley por trabajar en centros públicos», explica Patricia Cuadrado. Sin embargo, su comité de empresa, mixto de UGT y CCOO, es muy crítico con los dos sindicatos: «Ni vigilan ni supervisan las condiciones de los pliegos de contratación pese a estar en las comisiones correspondientes de la Junta que las redactan. Podrían hacer mucho más que defender estrictamente a los trabajadores públicos y también esforzarse por los que estamos externalizados».
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