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Los investigadores recogen muestras del avión A400M en el lugar en el que impactó tras un aterrizaje de emergencia. / Rafael Alcaide (Efe)
Dos años después del trágico accidente del Airbus A400M, en el que perdieron la vida cuatro personas y dos sufrieron lesiones de gravedad, el Ministerio de Defensa confirma en su informe técnico pericial que el avión se estrelló porque se produjo un fallo en el software que provocó que poco después de despegar tres de los cuatro motores del aparato perdieron potencia, quedándose congelados en el aire. No obstante, el documento, entregado hace pocos días a la jueza del caso, no señala a ningún responsable directo de este error.
Según ha podido confirmar este periódico, la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes Aeronaves Militares (CITAAM), dependiente de Defensa, llega a las mismas conclusiones que la investigación preliminar que se llevó a cabo tras suceder los hechos. El A400M perdió tres de sus cuatros motores cuando llevaba poco más de dos minutos en el aire. La pérdida de potencia, que hizo que los tres motores se quedaran congelados en pleno vuelo, tuvo su origen en el sistema informático con el que se cargaron las unidades de control electrónico (ECU), que son los ordenadores desde los que se dan las órdenes al motor. Las mismas conclusiones a las que se llegó tras el análisis de las dos cajas negras del avión.
El informe es bastante amplio y técnico, pero no va más allá de una mera labor pericial, es decir, que no entra a valorar y a señalar de quién es la responsabilidad del error que provocó el accidente. Esto hará que, con toda probabilidad, haya que practicar nuevas diligencias para tratar de determinar quién está tras el fallo, si la empresa que se encargó de la fabricación del software o, si por el contrario, hay responsabilidad en la manipulación posterior del mismo. Una opción que tendrán que solicitar las partes a la magistrada.
En un principio este informe no es vinculante, pero el curso de la investigación del caso estaba pendiente de los datos que aportara el mismo sobre la causa que originó que el avión acabara estrellándose tras llevarse por delante un tendido eléctrico el 9 de mayo de 2015. El Juzgado de Instrucción número 13 recibió hace pocos días el documento, después de que durante estos dos años la CITAAM haya solicitado diversas prórrogas para poder finalizar este trabajo, y dio traslado tanto a la Fiscalía como a las partes para que en el plazo de un mes presenten las alegaciones que estimen.
En estos dos años, la titular del Juzgado de Instrucción número 13, Ana Rosa Curra, acabó declarando la causa como compleja, tal y como le pidió el Ministerio Fiscal. Esto le permitió prorrogar la instrucción durante 18 meses. Un caso en el que además de Airbus, están personados los familiares de los cuatro fallecidos, los dos trabajadores que sobrevivieron y que sufrieron lesiones importantes; y el propietario del terreno en el que el aparato cayó.
El accidente ocurrió el 9 de mayo de 2015, cuando tres motores fallaron. El piloto supo entonces que no llegaría hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto de San Pablo, así que decidió buscar un lugar donde poder aterrizar. Era lo que pretendía al cercarse a una zona de campo cercana, con la mala suerte de que antes de tocar tierra el avión chocó con una torre de alta tensión, lo que hizo que se incendiara. El avión MSN23, que había despegado solo un par de minutos antes, llevaba los tanques llenos de combustible, lo que propició que el incendio se propagara rápidamente, gracias también al material (fibra de carbono) que recubría el aparato. En el accidente fallecieron cuatro personas, los pilotos Jaime de Gandarillas y Manuel Regueiro, y los ingenieros Jesualdo Martínez y Gabriel García Prieto, trabajadores todos de Airbus Defence and Space. Otros dos tripulantes de cabina, José Luis de Augusto Gil y Joaquín Muñoz de Anaya, resultaron heridos de gravedad.