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El juzgado de las cláusulas suelo aún no funciona y ya acumula 330 asuntos

La Junta dotará con siete interinos la plantilla de este órgano, que se incorporarán gradualmente

16 jun 2017 / 06:18 h - Actualizado: 16 jun 2017 / 06:18 h.
  • El juez decano leyó un comunicado en contra del plan del CGPJ el pasado 1 de junio en representación de los magistrados. / Jesús Barrera
    El juez decano leyó un comunicado en contra del plan del CGPJ el pasado 1 de junio en representación de los magistrados. / Jesús Barrera

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Aún no está operativo, pero sobre su mesa ya tiene 330 demandas contra las polémicas cláusulas abusivas de las hipotecas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso en marcha su plan de acción para estos asuntos el pasado 1 de junio, sin tiempo de reacción a montar estos nuevos órganos especializados, que ha contado con el rechazo del mundo judicial desde el principio. La Consejería de Justicia ya ha concretado que serán siete los interinos que compondrán su plantilla, que se irá incorporando de forma progresiva.

Poco a poco el Juzgado de Primera Instancia número 10 bis va tomando forma, después de que se pusiera en marcha el plan sin que ni siquiera fueran informados de su desarrollo los propios juzgados competentes. Ya cuenta con un espacio físico en el edificio Viapol, donde anteriormente se ubicaba el Juzgado de Primera Instancia número 20, según explicó a este periódico el juez decano, Francisco Guerrero. De momento, cuentan con una jueza en práctica, que tomó posesión en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada, el mismo día en el que se ponía en marcha este plan. Asimismo, el Ministerio de Justicia ya ha designado también a un secretario, ahora denominados letrados de la Administración de Justicia.

Para que el juzgado pueda estar totalmente operativo falta también el mobiliario de oficina y el material informático. Lo que sí está ya disponible es el sistema de reparto. La Consejería de Justicia ya ha adaptado el sistema informático para que el Decanato de los juzgados pueda asignar las demandas que se van registrando a este nuevo juzgado. «Hasta ayer [a los 14 días de haberse puesto en marcha el plan] se han contabilizado 330 demandas», señala Guerrero, quien añade que «ya está salvada la cuestión del reparto en el Decanato, que era otro asunto que me preocupaba».

En cuanto a la plantilla, los funcionarios interinos se van a ir incorporando de forma gradual, según confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería de Justicia. Así inicialmente, en este mismo mes de junio, serán cuatro las personas que se van a incorporar, mientras que las otras tres lo irán haciendo progresivamente en los próximos meses, «cuando se vaya incrementado la carga de trabajo».

En este sentido, el decano destacó la gran cantidad de asuntos que supone para un solo juzgado todos estos asuntos. «En un mes se pueden alcanzar las 700 u 800 demandas, con el consecuente retraso que eso puede generar», ya que en un año se podrían alcanzar las 7.000 o incluso 8.000 demandas. El decano se remitió a los comunicados y al manifiesto que los jueces hicieron público el pasado 1 de junio para dejar claro su desacuerdo con esta medida.

«Antes estos asuntos se repartían entre los 22 juzgados de Primera Instancia de la capital y los de provincia. Ahora todo lo aglutina un solo juzgado, que se va a desbordar y que es inasumible es algo evidente, es cuestión de números».

Este plan fue diseñado por el CGPJ después de que el Tribunal Europeo de Justicia acordó que los bancos debían devolver la totalidad de las cuantías pagadas indebidamente cuando las cláusulas suelo se considerasen abusivas. A esto se unió la sentencia del Tribunal Supremo que fija la devolución de los gastos de formalización de las hipotecas. Ante la previsible avalancha de asuntos se optó por un plan que consiste en especializar un juzgado por provincia, creando un refuerzo. En el caso de Sevilla es el de Primera Instancia 10. El criterio para la selección ha sido elegir el órgano que menos retraso tenía acumulado.

El plan puso en pie de guerra no solo a los jueces de Sevilla, sino también a abogados, procuradores y funcionarios, que han solicitado su retirada. El sector judicial insiste en que es imposible «garantizar la tutela judicial efectiva» y que es un plan que solo beneficia a la banca.


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