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Fernando Osuna.
El Alto Comisariado de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Suiza, ha admitido en una carta que ha extraviado una reclamación que le fue planteada en 2018 por 400 militares de toda España, que pedían que no hubiese topes en sus pensiones.
Se trata de un caso que comenzó con sus primeras reclamaciones en 2010, cuando policías, militares y guardias civiles iniciaron una reclamación conjunta para pedir que se elimine el límite impuesto a sus pensiones desde hace más de 35 años.
El abogado sevillano Fernando Osuna, que lleva la demanda, ha explicado a esta redacción que la cuestión de fondo que plantean los policías y militares es la discriminación de sus pensiones con respecto a las víctimas del terrorismo, de modo que, entre otras cosas, las heridas que sufren “tienen menos valor” que las que han sufrido compañeros víctimas de atentados.
Y es que, estas víctimas cobran las pensiones íntegras, mientras que los militares, policías y guardias civiles sufren un recorte en las pensiones por lesiones en acto de servicio, que en algunos casos puede ser de 900 euros al mes, según la demanda del abogado.
Una ley obsoleta
Concretamente, la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, dispuso que el importe de la pensión de clases pasivas sola o en concurrencia con otras no podría exceder de 187.950 pesetas mensuales abonables en 14 mensualidades, normativa que se mantiene en vigor.
Tras ser rechazada en instancias judiciales españolas, los afectados recurrieron al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que la rechazó igualmente. Ante esta situación, los militares no se rindieron, y el 6 de abril de 2018 se acudió a la ONU, a la que se ha reclamado ahora que dé explicaciones sobre los trámites que ha realizado, aunque este organismo ha informado por carta al letrado de que su información “no consta en nuestros archivos”, y le informa del correo electrónico al que escribir “en caso de que esté aún interesado”.
Ofrece un folleto para rellenar la queja
La misiva, de dos párrafos, indica también que “adjunto” se envía “un folleto explicativo de cómo presentar quejas”, algo inaudito para el letrado, según ha añadido.
El abogado sevillano representa a demandantes de Valencia, Zaragoza, A Coruña, Madrid, Barcelona, Asturias, Murcia, Badajoz, Las Palmas, Sevilla, Málaga, Cádiz, Almería, Córdoba, Burgos y Toledo.