Realizado por Carmen María Sánchez García, Nerea Juana Blanco Laya y José Emilio Pineda Fernández-Andes. Reportaje ganador del certamen de COCEMFE con la Universidad de Sevilla.
Alejandro Carrasco es una persona con discapacidad de 27 años, estuvo desde 2018 a 2021 encerrado en su propia casa.
Dolores Braña lleva años sin dar un paseo por Sevilla, ella es una persona mayor que vive sola en una casa inaccesible y que, además, se sitúa en el barrio de Caño Ronco Norte, una zona apartada del municipio de Camas. La esposa de José Merina y él, ambos de avanzada edad, pero ella además es una persona con discapacidad, estuvieron encerrados tres días en su casa porque un coche aparcó en su puerta y este no le permitía desplegar la rampa necesaria para que ella baje con su carrito. Y así muchas historias se repiten con el mismo factor en común: la falta de accesibilidad en nuestros edificios y ciudades hacen del domicilio de una persona con discapacidad o de avanzada edad, su cárcel.
Actualmente, Alejandro tiene 27 años, pero a sus 23, se encontró en la situación de no poder salir de su casa, que se situaba en una cuarta planta de un bloque sin ascensor en el municipio sevillano de Dos Hermanas, lo que hacía imposible bajar las escaleras en silla de ruedas. Alejandro asistió a manifestaciones, como #Arrestópolis que fue organizado por la Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica (COCEMFE), llevó su caso a la televisión e incluso algunas asociaciones se volcaron con su caso y organizaron quedadas benéficas para recaudar dinero para su causa. Pero según su testimonio “no sirvió para absolutamente nada”. Su participación en #Arrestópolis fue en 2018, hasta el 2021 su situación no cambió. Estuvo 4 años encerrado en su casa. Sólo era capaz de bajar con la ayuda de un sube-escaleras aportado por la Cruz Roja y un voluntario. “Al final pude salir de ese piso de milagro, conseguí una hipoteca y me pude mudar” nos cuenta.
A la izquierda, Dolores Braña agarrada de su andador, en el umbral de su casa. Fuente: Carmen María Sánchez
Dolores, por su parte, vive sola en el barrio del municipio sevillano de Camas, Caño Ronco Norte. Es un barrio apartado, con calles muy empinadas, lo que imposibilita moverse en silla de ruedas. Ella es capaz de andar ayudándose de un andador y su bastón, pero hay habitaciones en su casa, como por ejemplo el baño, en la que su andador no puede atravesar las puertas, y debe apoyarse únicamente de su bastón y del mobiliario. Dolores es una persona dependiente, ya que precisa de la ayuda de un acompañante para poder moverse con soltura, bajar escaleras o levantarse y sentarse. Actualmente cuenta con la ayuda de una trabajadora social proporcionada por el Ayuntamiento de Camas, que durante dos horas de la mañana le ayuda en diferentes tareas. Una de ellas es salir a dar un paseo, pero el tiempo es limitado, y casi nunca pueden llegar al destino deseado porque el tiempo de visita de la trabajadora social se acaba antes de poder llegar. Ella ha solicitado una hora más de este servicio, para poder hacer paseos más largos. Pues aparte de ese momento, Dolores no sale de su casa en lo que queda de día, ya que, está sola, y no puede bajar las escaleras sin la ayuda de un acompañante. No puede salir a dar paseos, a la peluquería o a hacer la compra. Sus hijos son las personas encargadas de hacer estas tareas por ella.
A la derecha, pancarta colgada en un piso en la Calle Avellana en Sevilla, una zona muy afectada por la falta de accesibilidad en las viviendas. Fuente: Nerea Juana Blanco
Cuenta que su ilusión sería poder pasear por su pueblo, Camas e ir de compras, pero el camino es muy largo para bajar andando, y por las cuestas es peligroso. La parada del bus del barrio no está adaptada, se encuentra instalada sobre tierra, con piedras y demás obstáculos a su alrededor.
Además, justo al lado hay un canal de alcantarillado profundo y vacío. Por lo que, tampoco es seguro ni cómodo que vaya regularmente en bus.
“Todas las personas que quedamos en el barrio somos personas mayores, todas tienen las puertas cerradas. Hay quien tiene rampa pero las personas que tenemos escalones estamos encerradas en casa todo el día” nos cuenta Dolores.
José Merina es una persona de avanzada edad vive en el barrio de San Jerónimo con su esposa, una persona con discapacidad. Ambos viven en un bajo, pero las escaleras de su portal son de casi 50 cm, lo que hace imposible no sólo bajar sin una rampa, sino que la estrechez de esta obliga a ocupar parte del espacio público del acerado para poder instalar una rampa segura. Hace ya 1 año, se pusieron en contacto con COCEMFE para que le pudieran asesorar sobre el problema.
Pidieron provisionalmente un vado para evitar que los coches estacionaran en esa zona mientras se buscaba una solución, ya que necesitan el espacio para instalar la rampa provisional. Se han dado casos, en los que un coche ha aparcado en frente del portal aún con vado, dejando atrapados a la pareja dentro de su domicilio. En una ocasión, un coche estuvo aparcado en la puerta durante 3 días. Cuenta que la policía no le ayudó, ya que alegaban que las fechas del vado eran confusas por lo que no retiraron el coche. Después de cuatro reclamaciones, la policía local ya reconoce el vado como válido.
La rampa de acceso a la casa de José Merino, en el barrio de San Jerónimo. fuente: José Merino
La solución que encontró COCEMFE para mejorar la accesibilidad del edificio fue la construcción de una rampa que fuera adosada a la fachada del edificio, pero para poner la rampa hay que agrandar la acera y suprimir aparcamientos de una calle ya de por sí estrecha. Los vecinos se negaron a pagar la obra por temas económicos.
José nos cuenta que a pesar de tener una mala condición económica ha podido pagar al completo el gasto de la obra con la ayuda de sus hijos, y actualmente están a la espera de que dé comienzo la obra.
Una de las soluciones que ofrece el Ayuntamiento de Sevilla es la permutación de viviendas a través de la entidad EMVISESA, la herramienta del Ayuntamiento en materia de vivienda protegida y asequible. Realizamos una entrevista a Rafael Jaenes Blanco, jefe de Comunicación, Márketing y Atención al Ciudadano en EMVISESA para conocer la visión que la administración tiene del problema.
Respecto al tema de los pisos cárceles, EMVISESA se encarga de la gestión. Su cometido será la orientación en materia de accesibilidad, rehabilitación y sostenibilidad medioambiental. De forma muy concreta, Rafael menciona que usarán gran parte de sus recursos en la ayuda a la instalación de ascensores en las viviendas que así lo requieran.
En Sevilla existen 18.000 personas que aspiran a acceder a una vivienda protegida. Desde las instituciones, el foco está puesto en las personas jóvenes. Representan el 55% de los beneficiados por estas ayudas. Sin embargo, existe una parte de la población que está incrementando: las personas mayores.
Rafael nos cuenta que la mitad de las viviendas en Sevilla no cumplen con los criterios de accesibilidad (De las 320.861 viviendas que hay en Sevilla, 176.059 están catalogadas como no accesibles). Hay 61.000 viviendas en Sevilla que tienen cuatro o más plantas sin ascensor. Desde la entidad pública señalan el inicio de la problemática en un área de edad de 65 años. A partir de esas edades, pueden darse circunstancias que provoquen pérdida de movilidad. Según datos facilitados por el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla, la mayor parte de solicitantes se encuentra entre los 26 y los 35 años de edad, mientras que la menor parte de ellos son personas mayores de 65 años. Esto podría deberse a la falta de conocimiento por parte de personas mayores con respecto a nuevas iniciativas o información online. Es un caso más en el que la población mayor sufre aislamiento tecnológico.
Dolores Braña en la ventana de su casa, observando las escaleras que le impiden salir al exterior. Fuente: Carmen María Sánchez y Nerea Juana Blanco.
Habitualmente se trata de personas mayores, con unas rentas económicas bajas, que viven en su barrio de toda la vida con su propiedad de toda la vida. Hablamos de un problema muy serio, que potencialmente afecta a unas 200.000 familias en Sevilla.
Por otro lado, existen muchas personas jóvenes, con algún tipo de impedimento de movilidad o discapacidad que estarían en la misma situación que los mayores. Todos ellos pasan directamente a vivir en un piso cárcel. Como es el caso de Alejandro Carrasco.
En cualquiera de los dos casos mencionados y como hemos podido comprobar las personas pueden llegar a pasar semanas, meses o años sin
salir de casa por falta de medios económicos o barreras arquitectónicas que provocan su inmovilización.
Según Tomás Martín-Javato González, encargado del departamento de accesibilidad de COCEMFE y con quién hemos podido hablar, en el año 2013 se aprobó el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Este texto nos habla de la obligatoriedad de transicionar a la movilidad universal. Se debían instalar y reformar lo necesario para que edificios de viviendas sin estas facilidades estén actualizados a la nueva legislación. Por otro lado, las nuevas construcciones debían contar ya con estas características integradas desde el inicio. La fecha límite para la actualización del parque de viviendas fue el día 4 de diciembre del 2017. A partir de este momento, se asume que todo está construido conforme a la disposición legal actual pero esto no es así ya que, según el estudio de 2020 de la fundación Mutua Propietarios solo el 2% de los pisos construidos a partir de 2011 son universalmente accesibles. En los bloques antiguos existe una ambigüedad, ya que la ley expresa una coletilla que obliga a hacer los cambios a favor de la accesibilidad necesarios salvo los “ajustes razonables”. Esto limita los gastos de la comunidad en aspectos de accesibilidad a la cantidad igual a 12 cuotas mensuales de gastos de la comunidad, para que esta intervención sea obligatoria. Esto significa que, si en una comunidad de 10 vecinos en la que cada uno paga 100 euros al mes de cuota a la comunidad, en total serían 1.000 euros mensuales en gastos de la comunidad, lo que significa que para que la intervención sea obligatoria, no debe superar los 12.000 euros. Así que, aunque se supone que hay obligación de instalar y construir los elementos necesarios para el acceso tanto horizontal como vertical a las viviendas. Rafael nos cuenta que: “No siempre hay capacidad económica, luego no se puede obligar a una comunidad que no tiene dinero a invertirlo”.
Como pudimos ver en el caso de José Merina, pues a pesar de que en su edificio habitan personas en una situación parecida a la de su mujer, o peor, porque viven en la primera o segunda planta de su bloque sin ascensor, no pudieron aportar el dinero para pagar la rampa.
Pero, ¿por qué hay tantos edificios sin ascensor en Sevilla? Tomás Martín-Javato Gonzáleznos comentó: “Viene de los años 50 y 60 cuando se construyeron la mayoría de bloques de tres y cuatro plantas, en ese entonces había un artículo que permitía que hasta esa altura los edificios no tuvieran ascensor. No tenía en cuenta ninguna medida de accesibilidad”. Esto junto con el boom de la industrialización de la época, propició la creación de barrios enteros sin adaptación de accesibilidad alguna. Cómo Pino Montano o San Pablo.
Realmente donde más viviendas con esta circunstancia hay es en el casco antiguo. Aproximadamente un 70% de sus viviendas son inaccesibles. Posteriormente le sigue la Macarena con un 69%. La diferencia es que en el centro hay mayor renta económica. Por ello, muchas veces estos problemas se solventan de forma particular. Mientras que si nos vamos al siguiente barrio de la lista, que es Cerro-Amate (65%), los problemas tienen más complejidad a la hora de ser solventados.
Voluntarios de la Cruz Roja asistiendo a una persona con discapacidad. Fuente: Cruz Roja Sevilla
EMVISESA también ayudará a las personas que no cumplan los requisitos del registro de demandantes. Esto se debe a la naturaleza de apoyo social que la identifica. Ejemplo de ello son las 144 viviendas cuya responsabilidad se otorga a este ente público. La actuación consiste en la rehabilitación de estos bloques, dotándolos de ascensor y escaleras que cumplan con los requisitos de seguridad. La realización de este proyecto se ha sustentado gracias a los fondos europeos Next Generation. Esta inyección monetaria supone un importe total de 3.420 millones, unos fondos de los que Andalucía disfruta con especial apoyo. Concretamente la región del sur obtendrá el 17,37% de los recursos.
Otra forma de solventar el aislamiento domiciliar sería efectuar una permuta. Para solucionar ese problema, el ayuntamiento intenta implicarse.
Muchas veces la única problemática es que la vivienda no tiene ascensor. La permuta es el acto, por parte de la gerencia de urbanismo o EMVISESA en el que el Ayuntamiento compra la vivienda de estas personas y les ofrece un alquiler de renta asequible en un domicilio con ascensor y adaptada a la situación de cada uno.
El problema de esta solución es, que muchas veces la reubicación despersonaliza totalmente la identidad y la procedencia de estas personas. Un barrio nuevo, un lugar lejano a su núcleo social.
En 2018, la ONG COCEMFE realizó una campaña de sensibilización llamada #Arrestópolis. La intención de la misma fue dar a conocer la situación con la que viven muchos ciudadanos en España a la ciudadanía y entidades, así como reivindicar la accesibilidad universal en todas las construcciones de viviendas. Una de sus reivindicaciones era la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal de la que hicimos mención anteriormente, pues limitaba la inversión por comunidad en accesibilidad al total de las cuotas anuales de esta. Al final, la campaña no consiguió la modificación de esta ley, pero sí que se consiguió una mayor difusión del problema.
El Ayuntamiento, por ejemplo, cuantificó que había un problema importante de viviendas y que el dinero que se estaba destinando no era suficiente por lo que la intervención debía ser mayor. Aunque según Tomás, con la llegada de la crisis del COVID-19, la atención a las familias se centró en que a esas personas pudieran llegar recursos como comida, médicos o terapia y no tanto en la accesibilidad.
Rafael nos comenta que hasta ahora, la edificación de viviendas protegidas ha sufrido un declive. En los últimos años, a raíz de la crisis económica no se ha movido prácticamente nada. Además, debido a la crisis, los pisos que EMVISESA oferta han subido levemente de precio. Es verdad que actualmente se ha producido un leve repunte, que se puede verificar en construcciones como la de Bellavista-Pítamo, Cruz del Campo y demás propuestas por toda la ciudad. El plan es realizar 8.000 viviendas de aquí a ocho años.
Existen muchas iniciativas tanto ciudadanas como institucionales que colaboran y aportan su ayuda. Entre otras, encontramos a Cruz Roja, que ofrece la posibilidad de traslado y acompañamiento a citas médicas, y que además, se adapta a las necesidades del usuario es una persona con movilidad reducida. Otro de los servicios que ofrece es la “Scalamobil”. Se trata de un dispositivo similar a una silla de ruedas, con una extensión vertical a partir del respaldo, que permite a los voluntarios operar el desplazamiento de la persona con movilidad reducida por unas escaleras.
Existen un total de tres “Scalamobil” en la provincia de Sevilla. Una se destina para la ciudad de Sevilla, otra en Dos Hermanas y la última en Alcalá. Con este aparato tienen que asistir un total de dos voluntarios para garantizar la máxima seguridad, tanto del asistido como del voluntario.
Podríamos pensar que los servicios de este aparato están colapsados por la cantidad de personas que viven en pisos inaccesibles pero la realidad es que no es así: “La Scalamobil no se usa ni todos los días ni todas las semanas”. nos comentó Mª Luisa Pérez, responsable provincial del programa de personas mayores en Cruz Roja Sevilla. Una explicación de esto podría ser el aislamiento tecnológico de las personas mayores, que les provoca no estar informados de estos servicios
Solo habría dos principales problemas para no poder hacer uso de este aparato. Podría ocurrir que no existiera espacio suficiente para realizar los movimientos pertinentes de la máquina ni de los voluntarios o que la escalera fuera demasiado alta.
La realidad es que hay dos grandes tipos de víctimas: las personas con discapacidad y las personas mayores.
Respecto a los dos grupos, existen formas de optimizar la llegada de ayuda. Existe un marco general que es el Plan Vive, un programa que pretende la rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía a través de subvenciones. Este plan es el operador a nivel autonómico de los recursos de Andalucía. Todas estas iniciativas se ven llevadas a cabo gracias a los fondos europeos Next Generation. Es importante que estas ayudas se difundan a nivel tanto institucional, como por los medios de comunicación para que lleguen a las personas afectadas que muchas veces ignoran estas posibilidades.
Desde la provincia de Sevilla contamos con entidades como Cruz Roja, para la ayuda y el apoyo de la ciudadanía. Desde esta ONG, se nos transmitió que se ayuda a todo el mundo, pero sí que es cierto que priorizan a las personas mayores.
Desde COCEMFE se asiste a más de 125.000 personas y sus familiares, orientándolos a su situación particular. El requisito más restrictivo para acceder a viviendas protegidas es la no posesión de propiedad. Esto es un problema para muchos ciudadanos, sobre todo personas mayores. Pero para ello también hay solución, y es la permuta. Otra opción son los conceptos de coliving, que se enfocan en compartir vivienda entre personas con distintas necesidades.
Gracias a estas soluciones que ya existen, desde esta publicación se nos ocurrió una alternativa que deseamos transmitir para finalizar el reportaje. Se trata del intercambio de plantas.
Consistiría en una permuta de viviendas entre dos inquilinos del mismo bloque. Un inquilino que vive en el bajo, se intercambia el piso con una persona con necesidades especiales de accesibilidad que viva en cualquier otra planta. En este caso, desde el sector público se bonificará a la persona que decida cambiar su piso a ras de suelo, por cualquier planta, ya que estará realizando un cambio en su ubicación vertical y ayudando a otro ciudadano. Los requisitos que debe cumplir la persona que entre dentro de esta permuta vertical podrían ser una revisión médica completa, un estudio de enfermedades y una edad límite de cuarenta años, por ejemplo.
Existen medidas que solventan en algunos casos las situaciones más urgentes, pero la realidad es que quedan muchas personas atrás, con recursos limitados y con edades avanzadas. Esto supone que el aislamiento se convierte en la tónica general de la vida de muchos ciudadanos sevillanos. La información y el trabajo del sector público, con la ayuda del sector privado serán las únicas herramientas que podamos usar para solventar estas realidades. Para ello, será necesario la colaboración de todos los agentes partícipes de la manera más humana posible. De lo contrario, seguirán existiendo hogares que sean una condena.