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Las magistradas Begoña Rodríguez (izq.) y Aurora García (dcha.), en el despacho de la primera en la Audiencia Provincial de Sevilla. / Manuel Gómez
Cuando Begoña Rodríguez (León, 1954) accedió a la carrera judicial en 1980 hacía apenas cuatro años que había juezas. La ley permitió su acceso en 1966 pero las dos primeras no entraron hasta 1976. Sin embargo, ya en su promoción casi la mitad eran mujeres «aunque no era lo habitual». De hecho, cuando en 1987 llegó a Sevilla, fue la primera magistrada en la provincia y también fue la primera presidenta de una Sala del TSJA (la de lo Social, puesto que ocupa hoy). A partir de los 90 en las oposiciones a juez empezó a notarse un equilibrio de aspirantes de ambos sexo y en la promoción de Aurora García (Sevilla, 1974) en 2001 «éramos 200 mujeres y cien hombres» recuerda. En la última, la proporción fue del 70 por ciento de aspirantes femeninas.
Progresivamente las presencia de mujeres en los tribunales se ha hecho mayoritaria pero Rodríguez rechaza el término «feminización» porque cree que se puede confundir con que hay una forma femenina de impartir justicia y «a la hora de dictar una resolución, no debe haber diferencias si las dicta un juez o una jueza y de hecho no las hay». Sin embargo, pese a esa mayoría de juezas, no hay mujeres en el Tribunal Supremo y apenas en la Audiencia Nacional, sólo una de los 17 presidentes de Tribunales Superiores autonómicos es mujer (en Valencia) y sólo hay nueve presidentas de Audiencias Provinciales. «Ahí es donde se nota una diferencia que no corresponde con el auge de la mujer en la carrera», admite García, que pertenece al Foro Judicial Independiente, la única asociación de jueces que dirige una mujer. Son puestos que dependen de «nombramientos discrecionales» frente al resto a los que se accede «por escalafón», básicamente por antigüedad, lo que al principio también mermó la presencia femenina en ellos pero que conforme hubo más mujeres con tiempo acumulado en la carrera se fue igualando.
Pese a ello, ambas magistradas rechazan «rotundamente» que se impongan cuotas en el Poder Judicial. «Si opto a un puesto no quiero entrar por cuota», dice García. «No creo que haga falta porque hay suficientes mujeres que acreditan sus méritos y capacidad. Habrá que luchar por que se valoren los méritos», defiende Rodríguez.
Reconocen que, como en otros ámbitos profesionales, «puede haber menos mujeres que opten a determinados puestos» por problemas de conciliación no exclusivos de la judicatura pero ante los que la carrera judicial no cuenta con medidas para facilitarla. La Ley Orgánica por la que se rige no contempla la reducción de jornada o la exención de guardias, incluso aún no ha adoptado la ampliación del permiso de paternidad a un mes «y a un compañero se lo acaban de denegar». El CGPJ ha creado una Comisión de Igualdad. El debate esta ahí pero «no se ha llegado a conclusiones sobre dónde pueden estar las causas de la desigualdad en determinados puestos».
Ambas aseguran que ni en sueldos ni en el acceso a puestos por méritos ni en el trato con sus compañeros han detectado nunca discriminación o machismo. Otra cosa es con la ciudadanía que acude a la justicia, donde reconocen que en los primeros años, la mezcla de juventud y mujer provocaba «recelos» en algunos usuarios y abogados o «proteccionismo» en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en situaciones como el levantamiento de un cadáver.
En su primer destino, un pueblo del extrarradio de Barcelona, un señor quería hablar con el juez y al encontrarse con Rodríguez le espetó: «Con usted no, con su padre», pero añade que actualmente a su hija, médico residente en Urología «hay pacientes que le preguntan cuándo viene el médico porque se creen que es la enfermera». Más de 20 años después, a García le ocurrió algo parecido en su primer juzgado en Lanzarote: «Me preguntaron que cuándo venía mi madre». Creen que eso ha cambiado y también destacan que era más propio de destinos pequeños y cerrados.