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Mercasevilla, la política vuelve al banquillo

El juicio por la venta ‘ilegal’ del suelo del mercado central arrancó ayer. En ocho años es la segunda rama de la causa en ser juzgada

18 ene 2017 / 08:48 h - Actualizado: 17 ene 2017 / 22:09 h.
"Justicia","Caso Mercasevilla","Juicio a la política","Antonio Rodrigo Torrijos"
  • Gonzalo Crespo, Antonio Rodrigo Torrijos y el exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero –todos ellos imputados– en una imagen de archivo. / Gregorio Barrera
    Gonzalo Crespo, Antonio Rodrigo Torrijos y el exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero –todos ellos imputados– en una imagen de archivo. / Gregorio Barrera
  • La jueza Mercedes Alaya fue la que inició la investigación del caso Mercasevilla. / Pepo Herrera
    La jueza Mercedes Alaya fue la que inició la investigación del caso Mercasevilla. / Pepo Herrera
  • Castaño estuvo en prisión por el caso Enredadera. / J.M. Paisano
    Castaño estuvo en prisión por el caso Enredadera. / J.M. Paisano
  • Mellet, a la derecha, llega a los juzgados. / Pepo Herrera
    Mellet, a la derecha, llega a los juzgados. / Pepo Herrera

La agenda de 2017 viene cargada de juicios mediáticos en los juzgados sevillanos, entre ellos, los grandes casos de supuesta corrupción que han tambaleado los cimientos de la política andaluza en los últimos años. El pistoletazo de salida lo dio este martes el caso Mercasevilla, que sienta en el banquillo a diez acusados por la supuesta venta «ilegal» de los suelos de la lonja. Entre ellos se encuentran varios exconcejales del Ayuntamiento sevillano y el que fuera teniente de alcalde de la ciudad entre 2003 y 2007 y exportavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos.

El Juzgado de lo Penal número 13 es el encargado de enjuiciar esta segunda rama del caso, que estalló en 2009 después de que se descubrieran unas grabaciones que destapaban el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de los directivos de Mercasevilla. Una parte del caso que ya fue juzgada y de la que incluso ya se dictó sentencia firme. Por tanto, quedan por juzgar esta segunda rama de los suelos y una tercera que aún se encuentra en fase de investigación y que indaga supuestas irregularidades en las cuentas y la gestión del mercado.

Por la sala de la Audiencia Provincial de Sevilla que acoge el juicio (se celebra en este edificio por cuestiones de espacio) desfilan desde este martes diez acusados que han sido procesados por un delito de fraude y otro de exacciones ilegales en concurso con uno de prevaricación. A Torrijos le acompaña en el banquillo el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; el ex asesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el ex concejal socialista y ex presidente de la lonja Gonzalo Crespo; la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante; el ex asesor de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el presidente de la constructora Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de la entidad, Luis Sánchez Manzano, y el que fuera vicepresidente de la misma José Luis Miró.

Todos ellos, se enfrentan a una condena de dos años de prisión que reclama la Fiscalía para ellos por los citados delitos. Además, tanto Mellet como el vicepresidente de Sando también están acusados de prevaricación por el que les reclama una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

EL «CONCURSO AMAÑADO»

El caso Mercasevilla es la causa que sirvió a la jueza Mercedes Alaya para destapar uno de los mayores fraudes de la historia de la política española: los ERE. Mercasevilla llegó a manos de la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 tras una denuncia del PP al conocer unas grabaciones –que en ese momento ya estaban siendo investigadas por la Fiscalía– en las que se desvelaba el intento de cobro de unas comisiones por parte de Mellet y del exsubdirector de Mercasevilla Daniel Ponce a los dueños del restaurante La Raza por la gestión de una escuela de hostelería.

Esta primera rama del caso ya fue juzgada y llegó a sentar en el banquillo al que fuera delegado de Empleo en la provincia de Sevilla Antonio Rivas, quien finalmente resultó absuelto del delito de cohecho. Tampoco fue condenada una trabajadora de la entidad, mientras que tanto Mellet como Ponce fueron sentenciados a 21 meses inhabilitación y a una multa de 600.000 euros. En las grabaciones, que finalmente fueron anuladas por el Tribunal Supremo, se escuchaba a ambos directivos exigir una mordida de 300.000 euros a los hosteleros por gestionar el proyecto.

Durante la investigación de este caso, Alaya descubrió supuestas irregularidades en el concurso público que, finalmente, fue adjudicado a la empresa Sanma, filial de la constructora malagueña Sando. La magistrada califica la convocatoria como «fraudulenta», pues considera que Sando resultó beneficiada tanto en la elaboración de las cláusulas del pliego de condiciones como en la baremación posterior, pues recuerda que sobre la mesa existía una oferta mejor del grupo Noga.

Con una rama juzgada y otra en proceso, a la jueza María Núñez Bolaños ya solo le queda concluir la instrucción por las irregularidades en las cuentas. En un principio, la investigación se centraba en un posible delito societario, pero la Fiscalía descarta ahora la existencia de dicho delito, pero sí considera que se cometieron delitos de malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil. Por ello, solicitó la imputación de una veintena de personas, entre ellos, sus directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce. Asimismo, entre los señalados se encuentra el parlamentario Carmelo Gómez. La magistrada remitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una exposición razonada, para abrir una causa contra él y otras seis personas que, pese a no ser aforadas, habrían actuado en íntima conexión.

Pero además, el caso Mercasevilla dio lugar a la macrocausa de los ERE, después de que Alaya detectara irregularidades en los dos expedientes que llevó a cabo en 2003 y 2007, como la introducción de intrusos. Asimismo, a raíz de la imputación de Domingo Enrique Castaño en la causa del suelo Alaya decidió investigar su patrimonio. Castaño estuvo trabajando con Sando tras ser cesado de sus cargos públicos, por lo que la jueza sospechaba de un posible enriquecimiento ilícito. Finalmente, le atribuye un enriquecimiento de más de 300.000 euros durante su etapa al frente del Área de Vía Pública de la Gerencia de Urbanismo. Esta causa dio lugar a la operación Enredadera, en la que se descubrió una trama en la que la empresa Fitonovo entregaba dádivas a funcionarios de diversas administraciones a cambio de contratos. El caso está ahora en manos de la Audiencia Nacional al salpicar a varias provincias.


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