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Los alrededores de la Alfalfa concentran numerosas quejas por ruido.
Un estudio del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la contaminación acústica provocada por la emisión de música no autorizada en establecimientos de hostelería critica con dureza la actividad inspectora del Ayuntamiento de Sevilla y le conmina a llevar a cabo una auditoría en los órganos correspondientes para «crear unos servicios eficaces y garantes de la protección del medio ambiente».
El informe en cuestión es el resultado de una actuación de oficio iniciada por la institución del Defensor del Pueblo a raíz de la tramitación de diversos expedientes de queja en años anteriores denunciando el ruido provocado por equipos y aparatos de música instalados en el exterior de establecimientos de hostelería que tienen la calificación de «pubs y bares con música».
De esta forma, el Defensor dirigió una resolución a los 762 ayuntamientos de Andalucía con el objetivo de informar y responsabilizar a los gobiernos locales del marco normativo aplicable a los establecimientos de hostelería que cuentan con música pregrabada o en vivo y de las posibles consecuencias de inaplicar la normativa vigente. En esa resolución se recordaba, por ejemplo, que «es completamente ilegal la autorización de terrazas en pubs y bares con música y en las salas de fiesta, discotecas y discotecas de juventud» y se solicitaba de los ayuntamientos un «compromiso de tolerancia cero con la ilegal contaminación acústica».
Pues bien, el de la capital ha sido uno de los 43 ayuntamientos sevillanos que en toda la provincia han hecho oídos sordos de esta resolución y ni siquiera se han dignado a responder al expediente de queja. Entre los que no han contestado, refiere el informe «es destacable el caso del Ayuntamiento de Sevilla que, sin lugar a dudas, es la administración sobre la que recibimos más quejas motivadas por la contaminación acústica provocada por distintas causas por los establecimientos de hostelería». «Se trata –sigue diciendo el informe del Defensor– de un ayuntamiento en el que la Dirección General de Medio Ambiente ha evidenciado su incapacidad, por las razones que fueran, para ejercer una eficaz protección de los derechos de la ciudadanía cuando ésta resulta afectada por el ruido provocado por la música, terrazas, etcétera».
El tirón de orejas va a más. «Hemos podido verificar, una y otra vez, cómo no se da curso a las denuncias de los agentes de la Policía Local, o cuando éstas se tramitan, los expedientes sancionadores con frecuencia quedan paralizados, sin justificación o si se dictan la resoluciones, con asiduidad no se ejecutan. Se trata de una Dirección General respecto de la que, año tras año y desde hace mucho tiempo, llevamos tramitando quejas cuyo resultado sólo genera frustración en los ciudadanos que acuden a la institución, que no pueden comprender cómo no se le dota de medios suficientes, si éste es el problema, o se les exige eficacia a los servicios, si cuenta con suficientes medios, para que la ciudadanía de esta ciudad no tenga la imagen de indefensión a la que da lugar tanta ineficacia».