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El pleno debatirá hoy sobre la propuesta de reglamento, que sustituirá al vigente desde 1996. / Manuel Gómez
Un reglamento que permite a los grupos políticos formular una pregunta al alcalde, al estilo de la sesión de control al gobierno de la Junta; más rapidez en el debate de las mociones –que seguirán siendo dos, aunque solo una se someterá a debate plenario–; la posibilidad de intervenir a las entidades ciudadanas, la incorporación del voto telemático para supuestos como bajas por maternidad y paternidad y comisiones de trabajo abiertas a todo el público cuando antes estaban cerradas a cal y canto. Tres años justos de cocción a fuego lento –y más de una disputa política en la comisión de trabajo creada para tal efecto– han hecho falta para que hoy se debata el nuevo marco normativo con el que se pretende poner fin al formato hermético del pleno del Ayuntamiento de Sevilla –que se remonta al año 1996– y a las tediosas jornadas de cada viernes de final de mes, algunas de las cuales se alargan más allá de las diez de la noche.
El documento que pone sobre la mesa el gobierno local desecha la fórmula de dividir el pleno en dos jornadas –que se llegó a plantear– y apuesta por mantener una sola sesión, aunque con variaciones en su estructura y agilizando los tiempos. Sobre este último aspecto, destaca que los grupos políticos seguirán manteniendo dos mociones, pero sólo una será sometida al debate tradicional, mientras que otra se limitará simplemente a votación y explicación del voto de un minuto. Ese recorte se produce porque la moción no debatida se tratará con más profundidad en las comisiones delegadas que, a diferencia de las actuales sesiones, serán públicas.
Además de ese ahorro de tiempo, el pleno recogería nuevas fórmulas para fiscalizar el trabajo del gobierno local. La más llamativa, por su similitud al formato que practica la Junta de Andalucía en sus sesiones de control, es la posibilidad de que cada grupo político formule una pregunta para que responda directamente el alcalde. La sesión, con este reglamento, mantendría el denominado turno ciudadano al final del debate, aunque con la salvedad de que los portavoces de las asociaciones no pueden repetir más de tres veces al año –algo que sí ha ocurrido hasta ahora–. Las entidades ciudadanas también tendrán otras dos vías de intervención en el pleno: o bien presentando una propuesta que surja de una junta municipal de distrito –que se debatirá una por pleno– o cuando sea una entidad que figure como interesada en determinado expediente que se esté analizando.
Además, esta propuesta contempla una comisión específica de control y fiscalización del gobierno más allá de la sesión plenaria, que se celebrará una vez al mes y será pública. Cada grupo municipal podrá plantear un máximo de cinco preguntas, ruegos o interpelaciones a las áreas para ser respondidas oralmente por el concejal responsable. El resto deberán responderse por escrito en el plazo de 15 días.
Además, se plantea exprimir el uso de las nuevas tecnologías, o bien para facilitar la información a través de la página web o bien para regular la posibilidad del voto telemático en bajas de maternidad, paternidad o enfermedades de larga duración para evitar que un grupo político pierda un voto como hasta ahora. Una fórmula que, por cierto, ya lleva años funcionando en el pleno de la Diputación de Sevilla.