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Por una Sevilla Libre de Guetos, Tolerante y aBanderada de la Igualdad

Andalucía es una de las comunidades más avanzadas en el reconocimiento legal de los derechos del colectivo y la lucha contra la discriminación. Lo que queda depende mucho de la sociedad

02 nov 2016 / 08:00 h - Actualizado: 02 nov 2016 / 08:00 h.
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  • Celebración con motivo del Día del Orgullo Gay en la capital hispalense. / F. J. Jiménez
    Celebración con motivo del Día del Orgullo Gay en la capital hispalense. / F. J. Jiménez

Afortunadamente no existe un registro oficial de cuántos sevillanos son homosexuales, lesbianas o bisexuales. Si existiera supondría que la ciudadanía estaría obligada a hacer constar su orientación sexual en algún tipo de documentación administrativa y la orientación sexual, como las creencias religiosas o la ideología política, pertenecen al ámbito privado que cada persona es libre de decidir si quiere o no hacer público y ante quién. En el caso de la transexualidad, sí existen algunos datos orientativos: el de aquellas personas que se han sometido a una intervención de reasignación de sexo, medio centenar desde que en 1999 se incorporó esta operación a la cartera de servicios del SAS.

Desde que la OMS eliminara la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en 1990 (aún aparece la transexualidad como trastorno mental y el colectivo lucha por que también se elimine), España es uno de los países más avanzados en legislar para proteger los derechos del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) y castigar la discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género. Y dentro del país, Andalucía ha sido pionera en varios aspectos.

Una década con derecho a casarse

El 3 de julio 2005 se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese año se casaron en Sevilla 48 parejas y desde entonces cada año contraen matrimonio una media de entre 120 y 130 parejas. La primera boda gay en la provincia fue en Huévar el 7 de agosto de 2005 entre un pintor vecino del pueblo de 58 años y un militar retirado de 88 que pudieron darse el sí quiero tras 40 años de relación.

La homofobia es un delito de cárcel

El Código Penal tipifica desde 1995 como delito «los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros» castigado con penas de uno a tres años de cárcel, si bien su uso fue limitado hasta la reforma de 2015 que, además de ampliar las penas hasta cuatro años, concretó más las conductas catalogadas como delitos de odio a quienes «fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad» así como «quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos o personas a que se refiere el apartado anterior». En Andalucía, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, se registraron el año pasado 142 delitos de odio, de los que 15 fueron contra las víctimas por su orientación sexual por los que fueron detenidas doce personas. En Sevilla se registraron 34 delitos de odio, uno de ellos en Sevilla contra la orientación sexual de las víctimas pero no hubo detenidos. No obstante, estos datos sólo contemplan las agresiones que se denuncian, que suelen ser las más graves de índole física.

El SAS realiza la reasignación de sexo

Desde 1999, el SAS incluye en la cartera de servicios los tratamientos hormonales y las operaciones de reasignación de sexo, un último paso que no todas las personas transexuales deciden dar y que se realizan sólo en la Unidad de Trastornos de Identidad de Género (UTIG) del hospital Carlos Haya de Málaga. Un estudio realizado en esta unidad en 2006 cifró entonces el número de transexuales en España en 5.378 (3.865 nacidos hombres que se identifican como mujeres y 1.513 mujeres que se sienten hombres). Hasta 2013, 472 personas que han pasado por la UTIG se han sometido a la operación de reasignación de sexo –cuya demora media supera los dos años– y de las más de 1.400 personas que acudieron, un 10 por ciento son excluidos por criterios clínicos (colectivos transexuales llevaron a la Fiscalía una denuncia al respecto que fue archivada) y entre un 10 y un 15 por ciento abandonan el seguimiento, por lo que en 2014 había unos 1.200 casos activos. La UTIG de Málaga atiende a un 15 por ciento de personas de fuera de Andalucía, ya que no en todas las comunidades existen estas unidades.

En 2014, el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad (con los votos de PSOE, PP e IU) una Ley de Transexualidad para crear unidades para la evaluación y seguimiento de los tratamientos hormonales en al menos un hospital de cada provincia con el fin de evitar continuos desplazamientos a Málaga de las personas que siguen estos tratamientos, previos a las operaciones. Una ley que además suprimió la condición de un examen psicológico para someterse a ello siguiendo las reivindicaciones de las asociaciones transexuales que exigen despatologizar su situación. El pasado 5 de octubre, la Cámara andaluza dio otro paso más al aprobar dos proposiciones de ley contra la discriminación de las personas transexuales, una del PSOE que salió por unanimidad y otra de Podemos que votaron todos los grupos menos el socialista, que prevé entre otros aspectos reservar un cupo en el empleo público a las personas transexuales y permitir a los menores someterse a tratamientos hormonales reversibles sin autorización de sus padres (el PSOE rechazó por este punto la propuesta de Podemos que sí apoyó el PP). Actualmente, el SAS no aplica estos tratamientos a menores de 14 años.

Las lesbianas pueden ser madres

El SAS también incluye en la cartera de servicios los tratamientos de fertilidad para mujeres lesbianas, un colectivo al que el Gobierno central restringió el acceso a estos tratamientos al limitarlos exclusivamente a personas con problemas de fertilidad, excluyendo así a mujeres sin pareja y lesbianas.

Adopción sí, vientre de alquiler no

En España, las parejas del mismo sexo pueden adoptar desde 2015 (fue el tercer país del mundo en legalizarlo tras Bélgica y Holanda). Pero las limitaciones de los países extranjeros para aceptar como adoptantes a homosexuales y lesbianas hace que parte de este colectivo reclame la legalización de la gestación subrogada, prohibida en España y legal en países como EEUU y a la que han recurrido unas 300 parejas homosexuales en España. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales carece de datos sobre la orientación sexual de las personas o parejas adoptantes, ya que es un dato que no se pregunta ni refleja como tal en los expedientes.

Educación contra la intolerancia

Un estudio de la Fundación Triángulo realizado a 3.000 estudiantes de ESO en 2013 reveló que un tercio de los alumnos de 12 a 16 años rechazaba tener amigos homosexuales o reconocía preferir no tenerlos porque consideraban que les traería complicaciones. Y un 13 por ciento de los encuestados que se declaraban homosexuales o lesbianas reconocía haber sufrido alguna agresión física por ello. Los programas de educación en valores y los contenidos de la asignatura Educación para la Ciudadanía abordan el respeto y la no discriminación por la orientación sexual, que está detrás de fenómenos cuyo auge preocupa.

En el ámbito educativo, la Junta aprobó en 2014 un protocolo para regular el trato de los menores transexuales en los colegios de forma que la decisión del nombre por el que sean llamados (el cambio oficial depende de los jueces), la ropa que quieren vestir y el servicio que desean usar sea una elección del menor y su familia que, una vez comunicada al centro, sea respetada por el profesorado. Además, el protocolo también contempla el control de cualquier situación de acoso y abuso contra estos menores.


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