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El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández. / EFE
La jueza Mercedes Alaya tuvo el lunes, último día como titular del Juzgado de Instrucción número 6, una jornada frenética. La magistrada firmó ese día varios autos (entre ellos el que conocíamos ayer con las nuevas imputaciones en la causa de la formación) de la causa de los ERE. En uno de ellos vuelve a denegarle al exconsejero de Empleo Antonio Fernández una pensión alimenticia, pese a haber rebajado la cuantía que inicialmente pedía de 1.840 euros a 578,42 euros porque ahora ha encontrado un empleo. La magistrada le recuerda que lo que gana ahora (1.261,58 euros) es “bastante más elevado que las pensiones y sueldos que cobran muchísimos ciudadanos de este país con hijos menores a su cargo”.
En el auto, fechado el 15 de junio, la jueza tumba de nuevo los argumentos del exconsejero, como ya hiciera la jueza el pasado 13 de mayo, cuando Fernández solicitó una pensión de alimentos de 1.840 euros. En esta ocasión, su abogado solicita esta percepción “con cargo a la suma embargada ascendente a 37.935 euros, por importe ahora de 578,42 euros”. Una cantidad menor que solicitó entonces debido a que “se encuentra actualmente trabajando y que cobra mensualmente 1.261,58 euros”.
Alaya le recrimina en primer lugar, que la denegación de la primera pensión fue recurrida por Fernández ante la Audiencia Provincial de Sevilla y “sin embargo, sin esperar a la resolución de dicho recurso, vuelve a reiterar ahora su petición de alimentos por suma inferior”. “Basta con reiterar los fundamentos esgrimidos en el auto recurrido”, dice la jueza, que considera que “no se acredita en modo alguno la situación de necesidad en La que dice encontrarse. “Debe destacarse que la cantidad que percibe como salario es aproximadamente el doble del salario mínimo interprofesional y bastante más elevado que las pensiones y sueldos que se cobran por muchísimos ciudadanos de este país con hijos menores a su cargo”. Además, le recuerda que de otorgarle esta cuantía mensual “en un futuro no lejano se agotaría la indemnización embargada, haciendo inútil la traba”.
Por último, la magistrada incide en la investigación policial sobre el patrimonio de Fernández y su familia y que “indiciariamente muestra un enriquecimiento ilícito, con una situación económica muy por encima de lo que hora pretende hacer ver”. Así, pone de ejemplo “que en el año 2008 adquiría cuatro inmuebles, dos para él y otros dos para su hijo”, por lo que los investigadores consideran que “el patrimonio correspondiente a sus dos hijos podría imputarse a Antonio Fernández; todo lo cual no hace sino corroborar la innecesariedad del otorgamiento de una pensión”.