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Juan Manuel Moreno tras su investidura como presidente de la Junta de Andalucía, / Jesús Morón
Andalucía inicia una etapa de más fiscalizar y menos legislar
La clave de la nueva andadura va a ser la evaluación de las políticas públicas. Si no se acierta en las prioridades y en la adecuación de medios y fines, si no se hace un seguimiento para analizar lo que ha mejorado o no el desarrollo de la sociedad con ese programa, seguiremos siendo la pregunta del millón
Andalucía es tan grande que, de sus siete presidentes autonómicos a lo largo de 40 años, incluido el recién investido Juan Manuel Moreno Bonilla, cuatro han nacido fuera de Andalucía. El tiempo cronológico dirá si dentro de 30 o 40 años es igualmente investida al frente del Ejecutivo andaluz la prole criada en el universo de los estudiantes Erasmus, de las becas Talentia, de los posdoctorados en centros científicos foráneos, de las delegaciones abiertas en países de Europa, América y Asia por empresas andaluzas o españolas internacionalizadas, de las multinacionales tecnológicas que fichan a los jóvenes profesionales con más potencial sea cual sea su nacionalidad en el pasaporte. El tiempo histórico, con sus pendulazos de apertura de fronteras o levantamiento de muros, señalará si para entonces los temas que se instrumentalizan en el devenir político andaluz, a pie de calle, en los debates parlamentarios y en las tertulias, son la robotización del trabajo o la violencia contra las mujeres. La edad de jubilación o el miedo a los inmigrantes pobres. El cambio climático o el salario de los gobernantes.
Plácido Fernández Viagas llegó a la vida en Tánger cuando era una ciudad administrada por un protectorado internacional. Manuel Chaves es natural de Ceuta porque allí estaba destinado su padre, coronel de infantería. José Antonio Griñán nació en Madrid, también hijo de militar. Y Moreno Bonilla es de Barcelona porque su familia había emigrado desde la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, como tantos andaluces que en los años sesenta del siglo pasado, para aspirar a un bienestar que era imposible en el paraíso folclórico de la españolada, hicieron las maletas camino de Madrid, Barcelona o ciudades de otros países europeos. Los otros tres son sevillanos de cuna: Rafael Escuredo nació en Estepa, y en la capital tanto José Rodríguez de la Borbolla como Susana Díaz.
Cuando tenía solo tres meses de edad, el aún bebé Juan Manuel Moreno Bonilla empezó a ser acunado en Málaga capital, pues su familia se asentó en la capital malacitana tras su periodo como emigrantes en tierras catalanas. Y desde muy joven se implicó en Málaga en la política. En 1989, cuando España era gobernada por Felipe González, con 19 años se afilió Moreno Bonilla al Partido Popular, que aún tenía como presidente a su fundador, Manuel Fraga, y estaba en ciernes el relevo generacional que se sustanció en 1990, precisamente en Sevilla, con José María Aznar asumiendo el mando en un congreso nacional de su partido.
El primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía es también el primer andaluz de Andalucía Oriental que alcanza tamaña responsabilidad y el mando en plaza. Y su esposa, Manuela Villena, es granadina y politóloga. Pensar y sentir Andalucía desde su residencia en Sevilla pero con otras perspectivas muy acendradas ha de ser un factor positivo para afrontar uno de los grandes retos pendientes de la gobernanza regional: aminorar la excesiva tendencia a las taifas, lo que comporta falta de colaboración entre municipios, comarcas, áreas metropolitanas, ciudades, capitales, provincias, en cuestiones importantes donde la planificación y la eficiencia en la prestación de servicios y en el aprovechamiento de las inversiones necesitan imperiosamente de menos reticencias localistas que en todas partes cuecen habas.
En el debate de investidura se utilizó mucho la palabra cambio pero hay una inercia que no ha cambiado: poner excesivo énfasis en prometerle a la ciudadanía mejoras en su bienestar a base de elaborar más leyes autonómicas. Como si Andalucía no formara parte de la Unión Europea y de España. La mayor parte de las legislaciones que marcan las coordenadas de nuestras vivencias a diario son de ámbito supranacional o estatal. Sin embargo, lo que sí compete de modo mucho más genuino a un modelo autonómico es la gestión de proximidad, de ahí el traspaso de competencias para subsanar los vicios del centralismo. En el mandato de Moreno como presidente, y en la legislatura que arranca con la primera experiencia de gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, lo que va a tener más preponderancia, tanto en la Junta como en el Parlamento, no es legislar, sino fiscalizar. Habemus alternancia, y por vez primera tanto quienes llegan a las consejerías y empresas públicas por designación de ambos partidos, como el PSOE andaluz en su nuevo rol de oposición en las Cinco Llagas, van a basar sus estrategias en la fiscalización. Unos sobre el pasado y otros sobre lo que está por venir.
Esa presión recíproca debe subir el nivel de calidad y transparencia de los procesos administrativos. Pero aún no se está poniendo el énfasis en lo mucho que ha de mejorar en Andalucía (en todos los ámbitos de titularidad pública, no solo el regional) la implantación de un paradigma que es la prueba del algodón en las democracias europeas que gestionan bien el dinero del contribuyente: la evaluación de las políticas públicas. En eso vamos con mucho retraso. Porque idear y ejecutar un plan, un proyecto, una estrategia, unas inversiones, son condición necesaria pero no suficiente para conseguir los resultados ambicionados. Si no se acierta en las prioridades y en la adecuación de medios y fines, si no se hace un seguimiento para analizar de verdad en qué ha mejorado o no el desarrollo de la sociedad con ese programa, con esa infraestructura, con ese organismo, con esa campaña, seguiremos siendo la pregunta del millón para los corresponsales en España de medios extranjeros, sobre todo europeos. Cuando llegan a Andalucía para cubrir momentos de especial interés político como las elecciones del pasado 2 de diciembre, o como la primera alternancia en la Junta, quieren saber por qué, con la gran cantidad de dinero que la Comisión Europea ha transferido a Andalucía desde hace 30 años para que alcance el promedio de renta y empleo de otras regiones, el balance es que sigue lejos de esos objetivos.