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Pleno del Parlamento andaluz. / El Correo
De la comisión de investigación sobre el presunto fraude de los cursos de formación lo único que se conoce es que saldrá adelante. Cuándo se iniciará, en qué consistirá, quién la presidirá y quién tendrá que comparecer son preguntas que aún no tienen una respuesta certera según las declaraciones de los dos partidos, PP y Ciudadanos, que han tomado la iniciativa de presentar dos iniciativas para ponerla en marcha. En la reunión de esta mañana de la Mesa del Parlamento no ha habido acuerdo y no ha sido posible unificar en una sola propuesta las peticiones de ambos grupos. La Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad que ambas se debatirán en el Pleno del jueves próximo y se votarán de forma separada. Podemos, IU e incluso el PP ya han anunciado que su intención es apoyar ambas al considerarlas “idénticas” mientras que C’s se limita a defender la suya sin garantizar el respaldo a la del PP, que se votará primero porque se registró antes. Y con la comisión aún por aprobarse, ya han empezado las peticiones para presidirla. El portavoz parlamentario de C’s, Juan Marín, exigió presidirla, algo que provocó la desconfianza del resto de grupos. Es más, la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, anunció que su grupo también se va a postular para dirigirla.
Por una parte, el líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, ha asegurado que su grupo va a defender su propuesta, que incluye la exigencia de presidir la comisión. C´s no está dispuesto a transigir en este asunto e incluso se plantea votar en contra de la propuesta del Partido Popular. Mientras, el PP considera que hablar de la presidencia de la comisión en este momento resulta “prematuro”, según ha apuntado el portavoz parlamentario popular Carlos Rojas. Sobre quién será el presidente también ha opinado José Antonio Castro, portavoz de IU, quien aseguró que la intención de C´s de dirigirla “no huele nada bien”, pese a ello Izquierda Unida votará a favor de ambas propuestas. Desde el PP se recuerda lo que sucedió en la comisión de investigación sobre el caso de los ERE, presidida por Izquierda Unida, por entonces socio de gobierno del PSOE, y que según Carlos Rojas acabó en un “paripé”. También Podemos desconfía de que sea C’s quien presida la comisión al considerar que “bien porque otras fuerzas tienen sus propios casos de corrupción o porque han estado en el Gobierno antes, nos coloca en una posición de responsabilidad que queremos asumir”.
Incluso el portavoz socialista, Mario Jiménez, consideró que no es aún el momento de hablar de la presidencia de una comisión que sigue insistiendo en que “no es necesaria” y pese a que el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, aseguró el viernes en una entrevista radiofónica que “no habrá voto en contra del PSOE” a la comisión, el portavoz parlamentario del PSOE postergó la decisión a escuchar el debate en la Cámara. No obstante, sí dejó claro que su posición es distinta ante la petición del PP, al que no considera “legitimado” para impulsar una comisión de investigación dados los casos de corrupción que salpican al partido, que ante C’s, aunque no obstante mostró su preocupación por que “partidos que se dicen nuevos hagan seguidismo al PP” en vez de tener “una estrategia propia y estar más en las preocupaciones de los ciudadanos vinculadas al empleo y no en este tipo de iniciativas cuando ya hay una investigación judicial y se da información permanente en el Parlamento”.
Otro de los asuntos que no pone de acuerdo a ambos grupos es si la presidenta de la Junta de Andalucía debe o no comparecer. Para el Partido Popular se trata de una exigencia que ha mantenido desde que comenzó la legislatura y para Ciudadanos no lo es tal como lo reconoció ayer Juan Marín, que así mismo aseguró que no ha habido conversaciones con el PSOE sobre la comisión de investigación. El PP, por su parte, teme que los socialistas y el partido naranja hayan consensuado las líneas por las que tiene que discurrir la comisión, “no nos gustaría pensar que Ciudadanos en este tema va a asumir el papel de agente secreto o asumir un papel activo para conocer lo que sucedió con los 2.000 millones de euros”. Queremos que la comisión llegue hasta las últimas consecuencias y caiga quien tenga que caer”.