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Sala de la comisión de investigación parlamentaria sobre el presunto fraude en los cursos de formación. / EFE
Los interventores de la Junta en Almería y Cádiz, responsables de fiscalizar el uso del dinero público en sus provincias, fueron los primeros en declarar este viernes ante la comisión parlamentaria que investiga el supuesto fraude de ayudas para cursos de formación a parados entre 2002 y la actualidad. Ambos coincidieron en desechar el «menoscabo de fondos públicos» en los expedientes de ayudas que revisaron, porque éstos «aún están vivos», es decir, aunque las empresas de formación que recibieron subvenciones aún no las hayan justificado, todavía están a tiempo de hacerlo y, en todo caso, mientras la Junta haya cursado solicitudes de reintegro «que no han prescrito» para la devolución de ayudas no justificadas, el dinero aún podría recuperarse. Esta declaración avala la tesis de la Junta, es decir, que pudo haber irregularidades en la tramitación de las ayudas a la formación, pero no un fraude generalizado a la Hacienda andaluza. No obstante, la declaración de los interventores se circunscribe al periodo 2009-2012, y la comisión de investigación abarca un periodo mayor.
Pese a todo, hubo diferencias de criterio entre los interventores. El de Almería, Juan José Castillo, defendió el papel de la Consejería de Empleo y dijo que ésta sí «cumplió con sus recomendaciones» tras revisar los expedientes sospechosos. «Pudo haber errores administrativos, subsanables la mayoría, por falta de documentación o incumplimiento de plazos, pero no detectamos nada que provocara una alarma», dijo. Pero la interventora de Cádiz, Nieves Chao, sí detectó «una serie de irregulares» en los 12 expedientes que examinó, y que le llevaron a elevar un informe de actuación a la Intervención General de la Junta, denunciando, por ejemplo, que no existía un parte de firmas que acreditara la asistencia de los estudiantes a los cursos ni la presencia de los profesores. «No entiendo que haya menoscabo de fondos en tanto la posibilidad de reintegro siga abierta, pero sí detecté irregularidades», afirmó Chao, tras cuestionar la fiscalización previa que hicieron los auditores de Empleo y poner en duda la normativa que regula la concesión de ayudas. «La normativa es manifiestamente mejorable», afirmó.
En resumen, éstas fueron las conclusiones más significativas de las más de cuatro horas de interrogatorio por parte de los cinco grupos parlamentarios. Pero las dos primeras comparecencias de las 69 previstas también revelaron otra realidad nada desdeñable: la absoluta falta de personal cualificado del equipo de interventores para garantizar un buen control del dinero público que evite fraudes como los que ahora colapsan los juzgados andaluces (caso ERE, Invercaria o cursos de formación). Para analizar 20.000 expedientes en un año, el interventor de Almería dijo contar con sólo siete personas, ninguno de alta cualificación, un dato que alarmó a los grupos. La interventora de Cádiz, con 14 personas de apoyo (algunos a media jornada), denunció que las cajas de expedientes que le remitió Empleo presentaban «un desorden absoluto», lo cual dificultaba su labor de control. «Ante ese cúmulo de papeles desordenados, puede que algún documento trascendente estuviera y yo dijera que no estaba, como los partes de firmas de alumnos. No fuimos capaces de verlos», dijo. Los recortes presupuestarios de los últimos años y la carencia de personal funcionario sobrevuela sobre la hipótesis de un fraude que afecta a una partida de 3.000 millones de euros en ayudas a la formación durante 12 años, y que pudo verse comprometida por falta de diligencia y personal para vigilar el uso del dinero público.
El caso del fraude en los cursos también está siendo investigado en 18 juzgados andaluces, y el PP es el único partido personado en la causa. De ahí que sus portavoces usaran ayer documentos del sumario para interrogar a los interventores, que ya han declarado ante la Guardia Civil. La diputada Teresa Ruiz Sillero hizo ver a la interventora de Cádiz que ante la Benemérita, al contrario que este viernes, no descartó que hubiera menoscabo de fondos. El PP recordó que, en total, los interventores habían elevado hasta ocho informes de actuación advirtiendo de las irregularidades en la concesión de ayudas, y sugirió que los responsables encargados de fiscalizar el buen uso de las ayudas se «conformaban» con el visto bueno de los auditores de la Consejería de Empleo, encargada de repartir las subvenciones. Chao se limitó a decir que ni estaba al 100% segura de que hubo fraude como de que no lo hubo, porque todo dependerá de si al final prescriben las solicitudes de reintegro del dinero no justificado debidamente, y por ahora se está en plazo. Los portavoces del PSOE acusaron a los populares de «instrumentalizar la causa judicial y de amedrentar» a los comparecientes.
La comisión de investigación, creada a petición de PP y Ciudadanos, y que arrancó el pasado 20 de octubre, trata de dilucidar si hubo responsabilidades en las irregularidades en la concesión de subvenciones para cursos de formación laboral entre 2002 y la actualidad. En ese tiempo, la Junta distribuyó más de 3.015 millones entre sindicatos y empresas para organizar cursos de formación a parados. Algunas de esas ayudas, según destapó más tarde una investigación policial, tuvieron un uso indebido, en algunos casos, las empresas maquillaron su funcionamiento (falsos alumnos y falsos profesores) para lograr las subvenciones. La comparecencia de ayer es la primera de 69 citaciones previstas, entre ellas las de 34 políticos, incluida la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que cerrará el listado de comparecientes.
La sala de comisiones dos del Parlamento ha sido el escenario donde ha empezado el interrogatorio desde las 10.00 horas de la mañana. Hay diez diputados de los cinco grupos parlamentarios, encargados de estudiar la profusa documentación sobre las ayudas de formación (18.595 expedientes, 31 millones de folios no digitalizados) y hacer preguntas a los técnicos, funcionarios, altos cargos de la Junta, empresarios y supuestos profesores y alumnos de los cursos.
La comisión, que empezó sus trabajos el pasado 20 de octubre, está revisando 40.000 expedientes de ayudas a la formación entre 2002 y la actualidad, y a partir de ahí tratará de dilucidar si hubo un fraude –que también investigan 18 juzgados– y esclarecer las responsabilidades políticas, si las hubiera. La política andaluza de formación para el empleo, que en años anteriores a la crisis movió muchísimo dinero público, quedó estancada cuando en 2011 una investigación policial y judicial detectó posibles irregularidades en el uso de estos fondos. La Junta ordenó paralizar los cursos y abrió una investigación interna que le llevó a revisar, uno a uno, los más de 8.000 expedientes de ayudas otorgadas entre 2007 y 2012. En algunos casos se confirmó que existió un uso indebido de estas subvenciones por parte de algunas empresas de formación, sindicatos o patronal (la Junta eludió dar nombres), lo que condujo a la reclamación de casi 72 millones de ayudas sin justificar que, de momento, no se ha cobrado.