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Vista aérea de Coria del Río en la que se ve el cauce del río Guadalquivir. / David Estrada -
Cangrejos rojos en una fábrica de Isla Mayor. / Pepo Herrera
Construcciones ilegales en playas o zonas protegidas, podas o talas, vertidos, emisiones a la atmósfera... las organizaciones conservacionistas tienen muy trillado el camino a los juzgados donde han sembrado grandes éxitos. Sentencias contra las balsas de fosfoyesos de Huelva, el polígono Las Aletas de Cádiz, el Algarrobico en Almería o el PGOU de Marbella han dado la razón a organizaciones como WWF Adena, Ecologistas en Acción o Greenpeace. En Sevilla, uno de estos litigios es el del dragado del Guadalquivir, con trece años de historia ya.
Encontrar el equilibrio entre el respeto medioambiental y el progreso económico debería ser fácil en el siglo XXI, pero en Doñana no casan los intereses de la industria con el de ecologistas, arroceros y administraciones públicas. Por ahora, el pulso lo ganan los conservacionistas. El dragado de profundización que promueve el Puerto de Sevilla cuenta con el rechazo de la Unesco y el Consejo de Participación de Doñana.
En marzo de 2015 una sentencia de la sala cuarta de lo Contencioso del Tribunal Supremo tumbaba el dragado, estimando en parte el recurso de WWF Adena contra el Plan Hidrológico aprobado en 2013, al considerar que no estaba suficientemente justificada su incorporación y por considerarse una medida compensatoria cuando podría tener «efectos negativos» sobre el ecosistema. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cambió el texto para incluir de otra forma el proyecto de extracción, pero volvió a ser recurrido por WWF Adena en un litigio que parece que no tiene fin.
Por ahora, eso sí, la sentencia del Supremo marca criterio y bloquea la inversión que persigue aumentar el calado (de seis a ocho metros de profundidad) en una decena de puntos específicos del tramo navegable del Guadalquivir para permitir que los actuales barcos que entran en Sevilla puedan hacerlo transportando una mayor carga. Sólo el año pasado entraron en el Puerto 1.050 buques, muchos tras dejar mercancía en Cádiz o Huelva.
El perjuicio económico es evidente, pero no se puede dragar sin garantías medioambientales y, por ahora, no las hay. El último informe científico –el Puerto encargó otros nuevos– así lo explica: el estuario está enfermo y para intervenir en él primero hay que curarlo.
Pero no es éste el único proyecto hundido por los ecologistas en los tribunales en la provincia sevillana. El último caso afecta a la industria del cangrejo rojo. Tras una denuncia de SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción, el Tribunal Supremo prohibió la pesca y comercialización de esta especie invasora, uno de los pilares económicos del municipio de Isla Mayor. Después, la Junta publicó su Plan de Control (que permitía a la industria seguir con su actividad) y Ecologistas también lo ha recurrido, precisamente por considerarlo «cualquier cosa menos un plan de erradicación y control de una especie invasora». Los ecologistas son conscientes de que esta decisión tiene afecciones socioeconómicas colaterales importantes en el Bajo Guadalquivir, pero lo achacan a la «desidia y dejación histórica de las administraciones».
El movimiento conservacionista se vuelve a movilizar. Esta vez por el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, asunto que los ecologistas denunciarán ante las instituciones europeas. Ayer mismo se presentó en Sevilla la Iniciativa Social por Doñana, cuyo manifiesto lo apoyan personalidades como Joaquín Caparrós, Guillermo Vázquez Consuegra, Caballero Bonald, Emilio Lledó, Israel Galván, Mª Isabel Quiñones, Alberto Rodríguez, Josefina Molina, Benito Zambrano, Vicente Romero, Carmen Laffón, Juan José Negro o Enrique Figueroa, entre otros. Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Mesa de la Ría de Huelva, la Asamblea de Andalucía, Amigos de la Tierra, Amigos de Doñana, el Club Doñana y la Plataforma Antifracking promueven la iniciativa.