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Movilización de los trabajadores en San Telmo.
Gran movilización contra el mayor ERE encubierto que la Junta de Andalucía planea contra los trabajadores públicos
Centenares de trabajadores públicos se manifiestaron ante la sede del Gobierno andaluz como protesta ante una operación de despidos masivos en la Administraciones andaluzas con la excusa de regularizar la temporalidad ilegal que afecta a más de 160.000 trabajadores y que mantiene en fraude de Ley a la Junta de Andalucía
En Andalucía hay más de 160.000 trabajadores en fraude de Ley trabajando para la Administración andaluza. Se trata de trabajadores con más de tres años de antigüedad en sus puestos de trabajo que siguen siendo temporales, pese a que la normativa laboral exige que cualquier contrato que supere los tres años de antigüedad pasen a ser indefinidos. La Junta de Andalucía ha mirado hacia otro lado antes este incumplimiento de la legislación. “Ahora el Gobierno andaluz quiere blanquear ese fraude de Ley haciendo un ERE encubierto”, señalan desde el sindicato UITA. Este sindicato independiente con representación en las principales agencias públicas de Andalucía, alerta de que la “solución” a la temporalidad ilegal que planea el Ejecutivo presidido por Juanma Moreno -que consiste en una oferta de empleo pública extraordinaria (OEPE)- supone en la práctica despidos masivos de trabajadores que llevan en muchos casos más de una década trabajando para la Junta en una situación irregular.
Ayer, centenares de afectados llegaron desde todas las provincias y de diferentes sectores de la Administración andaluza se reunieron a las puertas de la sede del Palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno andaluz. Denuncian lo que consideran “una operación de blanqueo de un fraude de ley”. La Coordinadora Andaluza de empleados públicos en abuso de temporalidad (CAEPAT) asegura que la pretendida solución del Gobierno andaluz no resuelve ni sanciona el problema del abuso de temporalidad en los términos exigidos por el Tribunal de Justicia de la Unión de Europea, ni traspone adecuadamente la Directiva 1999/70/CE del Consejo de Europa.
El proceso, además, ya ha comenzado con la ejecución de ofertas de empleo público aplicando procesos selectivos que han causado ya la pérdida de su puesto de trabajo de miles de empleados/as temporales en Andalucía. “No se ha caracterizado la Administración Pública andaluza, por ser un ejemplo de empatía, magnanimidad y prudencia, más bien al contrario: siendo dicha Administración consciente de que se estaba tramitando en las Cortes españolas, con carácter de urgencia, un nuevo marco legislativo estatal y en vísperas de la aprobación de una Ley básica, se ha entregado a una carrera desbocada hacia ninguna parte convocando procesos de estabilización antes de la publicación en el BOE de la nueva ley”, aseveran desde CAEPAT y recalcan que “ello desde luego nos hace dudar de la buena fe de la Administración Autonómica Andaluza, de las prácticas de su buen gobierno, de su lealtad institucional y, sobre todo, de su voluntad de aplicar generosamente el nuevo marco legislativo a favor de una verdadera regularización del personal en abuso de temporalidad.”
Foto: El Correo
Mientras, en estos años muchos trabajadores denunciaron los contratos en fraude de Ley que mantenía la Junta de Andalucía ‘sine die’ y ganaron en los tribunales el reconocimiento de indefinido no fijo de sus empleos. Sin embargo, ni siquiera haberle ganado la batalla judicial al Gobierno andaluz les va a eximir del nuevo “castigo”, aseveran desde el sindicato UITA, el único que representa a los trabajadores de las agencias públicas en estas movilizaciones, ya que CCOO y UGT se han alineado con la Junta de Andalucía. La Junta quiere aprovechar para sacar a concurso esas plazas junto con las de otros temporales en fraude de Ley que aún no han llegado a los tribunales.
“Los puestos de trabajo que ahora la Junta de Andalucía quiere sacar a oferta pública están ocupados desde hace más de una década por trabajadores que accedieron a ellos en un proceso público legal que tuvo en cuenta los criterios de igualdad, mérito y capacidad y sin embargo por la dejadez de la administración ahora tienen que volver a pasar por un proceso de selección”, manifiestan desde la coordinadora.
Orquestar el procedimiento de la OEPE supone además un coste económico millonario de dinero público al que se suma el alto coste de los despidos, ya que los trabajadores que no consigan su plaza tendrán que ser indemnizados, muchos de ellos con más de diez años de servicio.