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Foto: EFE/ Filip Singer
La Mesa Social del Agua de Andalucía ha remitido una carta a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la que las organiozaciones que la componen muestran su “preocupación ante la deriva que está experimentando el debate sobre la política del agua en la Comunidad”. En el escrito, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, le presentan la Junta de Andalucía una serie de “medidas urgentes para paliar la actual crisis del agua”.
La carta, firmada por las organizaciones CCOO Andalucía, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, FACUA Andalucía, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción Andalucía, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA, alerta que “en Andalucía, el problema de fondo es la escasez de aguas y no sólo la falta de lluvias”, y en este sentido aclaran que la escasez “está provocada por un desequilibrio entre la cada vez mayor demanda de agua y los recursos disponibles y se debe a la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas”. Una situación que según la Mesa Social el Agua “se ve agravada, además, por las extraordinarias olas de calor y la reducción de precipitaciones, detrás de las cuales asoman ya las consecuencias del cambio climático”.
En su misiva, la Mesa advierte que la Proposición No de Ley (PNL) debatida en el Parlamento andaluz, en la que se exige al Gobierno central una serie de actuaciones e infraestructuras declaradas de interés general para abordar la sequía, “ignora y, por tanto, no aborda, la problemática de la sobreexplotación de recursos, alienta a un incremento de la demanda de agua y además, presenta como urgentes actuaciones que tendrán efecto a medio y largo plazo. La mayoría de los municipios que han sufrido y sufren en la actualidad cortes de agua tienen ya convenios firmados que no se han ejecutado para integrarse en sistemas supramunicipales”. En este contexto, la Mesa del Agua considera “irresponsable la supresión del canon autonómico de mejora, cuando este tributo se amplió precisamente para sufragar este tipo de obras”, y reclama al Gobierno andaluz un “plan de choque para evitar cortes de agua a través del impulso de la gestión pública y, cuando sea necesario, sistemas supramunicipales eficaces y transparentes”.
Entre las medidas de urgencia a corto plazo, los expertos en agua que componen la Mesa Social consideran imprescindible “dotar de ayudas a las explotaciones ganaderas que están en riesgo de cierre”. Para ello, indican que se debe suministrar agua a través de pequeñas infraestructuras como pantanetas, canales, abrevaderos o balsas con las que paliar la actual situación. En referencia a la agricultura de regadío, la Mesa exige un reparto social del agua, garantizando un mínimo de superficie regada por explotación que asegure la supervivencia de la agricultura familiar y profesional. También considera urgente dotar de apoyos financieros y fiscales directos, tales como compensaciones de rentas, a las explotaciones agrícolas, siempre ajustados a las diferentes situaciones socio-económicas de cada una.
Como medidas a medio y largo plazo, la Mesa Social del Agua de Andalucía exhorta a la Junta de Andalucía a que cumpla los objetivos marcados en el Pacto Andaluz por el Agua, aprobado en la anterior legislatura y que contemplan, entre otros asuntos, la definición de objetivos medioambientales prioritarios en materia de agua, la mejora en la participación y transparencia en órganos de gestión, la garantía de los servicios urbanos y la creación de un suministro mínimo vital, la atención a los déficits estructurales de agua y demandas sostenibles (incluyendo “limitación de la superficie de regadío”), la generación de planes de resiliencia frente a sequías y de adaptación al cambio climático. “Una relación de conceptos aprobados por el Parlamento de Andalucía que han desaparecido de los mensajes de la Junta de Andalucía y otros agentes sociales en la actualidad”, explican, por lo que han vuelto a remitir el decálogo de medidas que ya presentó en la anterior legislatura y que “debería servir de hoja de ruta para una transición hídrica justa para Andalucía”.