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Mario Jimenez, Juan Cornejo y Manuel Jiménez Barrios, del PSOE, y Juan Marín, Manuel Buzón y Julio Díaz (izq. a dcha), reunidos hoy en el Parlamento andaluz en Sevilla para la constitución de la comisión de seguimiento del acuerdo de investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta firmado entre ambos partidos. / Julio Muñoz (Efe)
PSOE y C’s ponen fecha a las medidas del acuerdo que sustenta al gobierno
La comisión de seguimiento de ambos partidos, reunida hoy por primera vez, acuerda un calendario bimensual para comprobar cómo evoluciona el cumplimiento de las 72 medidas del pacto
El gobierno de Andalucía está sustentado por un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos que recoge 72 medidas y abarca tres grandes bloques: un pacto anticorrupción y de regeneración democrática; una batería de iniciativas para estimular la economía andaluza y crear empleo, y una serie de compromisos para blindar los servicios públicos esenciales. La firma de ese acuerdo propició la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Una vez firmado, el PSOE formó gobierno y Ciudadanos se replegó a la bancada de la oposición. Del cumplimiento exhaustivo del acuerdo se va a encargar la comisión de seguimiento que se reunió este jueves por primera vez en el Parlamento, y en la que están representados tres portavoces socialistas y tres del partido naranja. Este órgano es similar al comité de enlace que formaron PSOE e IU en la pasada legislatura para velar por el cumplimiento del pacto de gobierno. Ciudadanos no se compromete a sustentar al Ejecutivo de Susana Díaz más allá de lo suscrito en ese documento, como demuestra el hecho de que el partido naranja ya ha avanzado que apoyará la iniciativa del PP de crear una comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude de los cursos de formación. La coalición de izquierdas, al formar parte del anterior gobierno, votó tres veces en contra de esta propuesta de los populares en el Parlamento, algo que enfadó internamente a un sector muy crítico con el pacto.
La primera reunión de la comisión de seguimiento entre PSOE y Ciudadanos ha servido para trazar un calendario de trabajo, y para poner fecha a la ejecución de las primeras medidas. La comisión se ha subdividido en tres grupos mixtos, cada uno vigilará una parte del acuerdo (regeneración democrática, reactivación económica y bienestar social), y a partir de ahora se reunirá bimestralmente para evaluar los avances. PSOE y Ciudadanos convocaron ayer a la prensa a la hora en la que se reunían, pero sólo permitieron hacer fotos del encuentro: ni preguntas ni respuestas. Al término de la reunión, cada partido admitió que comparten un «alto grado de satisfacción». “Hay acuerdos que ya se están cumpliendo, como la entrega del acta de Chaves, Griñán y Zarrías, o el fraccionamiento del pago de las matrículas universitarias, y esperamos que en los presupuestos de 2016 se refleje la voluntad de cumplimiento de las medidas propuestas por Ciudadanos”, dijo el portavoz de C’s en el Parlamento, Juan Marín. Entre esas iniciativas de ejecución inminente está la ampliación del número de plazas de guarderías (hasta 12.000 al final de la legislatura), un aumento de entre 400 y 500 profesionales en las plantillas de profesores y sanitarios o la reducción de 3,5 puntos del tramo autonómico del IRPF para las clases medias bajas. El partido naranja esperará al mes de septiembre para comprobar si el diseño preliminar del Presupuesto autonómico para 2016 recoge todas esas medidas comprometidas en el acuerdo.
La diputada Marta Bosquet ha sido designada la representante de su formación en el área de regeneración democrática del acuerdo de investidura; la diputada cordobesa Isabel Albás será la integrante de C´s en el bloque de Educación, Sanidad y Políticas Sociales; y por último, el malagueño Carlos Hernández formará parte del equipo de trabajo específico de medidas económicas y reactivación de empleo.
Al margen del acuerdo, Ciudadanos ha pedido la comparecencia del gobierno por las supuestas irregularidades en la concesión de la mina de Aznalcóllar y por el supuesto fraude de las ayudas para los cursos de formación. “A partir de ahí, se crearán las comisiones de investigación que haya que crear para dar transparencia a las instituciones ante los ciudadanos”, advierte Marín, para quien “el acuerdo de investidura se está cumpliendo y sólo hay que tener prudencia y sentido común en algunos asuntos concretos, como se ha demostrado con la marcha de Chaves y Zarrías”. No obstante, Marín ha querido dejar claro que «no se puede prejuzgar a nadie cuando todavía los jueces no han citado a declarar a los presuntos corruptos».