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Manuel Ruiz de Lopera, en el banquillo de los acusados este lunes / Julio Muñoz (Efe)
El juicio contra Manuel Ruiz de Lopera y otros siete acusados por presuntas irregularidades en la gestión del Betis entre 1993 y 2008 se ha aplazado hasta el próximo lunes 12 de junio. Estaba previsto que se reanudase este lunes con la declaración del propio Lopera, pero su defensa solicitó una semana más de margen en el último minuto. Se escudó en que el auto que resolvió las cuestiones previas, emitido el viernes, no le había sido notificado, pero la razón de peso es que ahora, después de años y años de instrucción y autos en su contra, asume que la mejor opción es negociar un acuerdo para evitar una sentencia previsiblemente condenatoria. ¿Y por qué es previsible? Porque ese último auto de la Sección Tercera de la Audiencia no fue nada benigno y sí muy duro con su cliente.
El juez Ángel Márquez aceptó el aplazamiento por la primera razón. La de la negociación, descrita explícitamente por Encarnación Molino con la solicitud de un «tiempo muerto», no logró la unanimidad necesaria por la negativa de Béticos por el Villamarín (BXV). La falta de notificación del auto del viernes sí contó con el beneplácito de la asociación y la fiscal Margarita Viera. A Lopera lo salvaron ese error de los procuradores y que la Sección Tercera no decidiese sobre la petición de la defensa de que Ángel Haro fuese incluido como testigo.
Según muchos protagonistas de este intrincado asunto, lo ocurrido no es un episodio inesperado sino una etapa más de la hoja de ruta prevista desde que la jueza Mercedes Alaya empezó a instruir el caso, hace ya una eternidad. Algunos ya lo pronosticaban desde el momento en que la Audiencia dictó la apertura de juicio oral: cuanto más próxima estuviese la vista, menos reacio a negociar sería Lopera. Y así ha sido. El paso atrás es significativo. El acusado entiende que tiene mucho que perder en el juicio y quizás prefiera renunciar a todas sus acciones del Betis antes que ser condenado a la cárcel y a una multa multimillonaria.
La primera reunión se celebra esta misma mañana en el estadio Benito Villamarín. Acudirán los abogados de Montero Aramburu y los del Betis, la Liga de Juristas Béticos y Por Nuestro Betis (PNB). No irá Rafael Salas, que también fue invitado, y sobre todo no habrá ningún responsable de BXV, ni siquiera su letrado. La postura de esta asociación, quizá la más hostil con Lopera (pide la máxima pena de todas las acusaciones: 14 años de cárcel y 25 millones de euros), es innegociable ahora mismo: no piensa firmar nada. El exponente más tajante es Hugo Galera, enemigo personal de Lopera.
El auto del viernes, además, respalda la teoría de BXV de que el juicio debe seguir adelante, ya que los magistrados rebaten y rechazan todas las cuestiones previas solicitadas por Lopera, incluida la expulsión de las asociaciones o su degradación de acusación particular a acusación popular. «Firmar un acuerdo sería un insulto a la justicia», afirma su portavoz, Emilio Soto. Después de tantos años de instrucción y tantos esfuerzos para llevar a Lopera al banquillo, Galera y compañía consideran improcedente e inadmisible el abandono de la causa para, encima, acabar pagando al acusado.
PNB acudirá con su abogado y su presidente, José Antonio Tirado. Al contrario que BXV, la plataforma no se cierra en banda a la negociación, pero tiene muy claro que es el momento de escuchar cantinelas distintas a la del salvador del 92, término que por cierto repitió Lopera ayer a la salida del juzgado. PNB ya comunicó su propuesta a los abogados de Montero Aramburu hace semanas: reintegración de las acciones a los béticos a precios asequibles (con una fórmula para que su importe se prorratee en los carnets de socios), pago de una cantidad moderada a Lopera por las acciones que sí tiene a su nombre y formación de un consejo de transición que gestione ese proceso de venta hasta que, una vez atomizado el capital social, los béticos elijan su nuevo gobierno.
Aplicando el símil futbolístico a todo este embrollo, diríase que BXV es baja y PNB, duda. La Liga de Juristas, en cambio, apoya el pacto al 100%.