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Felipe Benjumea junto a su abogada, al llegar a la Audiencia. / EFE
La Audiencia Nacional prohíbe al expresidente de Abengoa salir del país
La jueza Carmen Lamela prohíbe a Felipe Benjumea abandonar España ante el riesgo de que «pueda eludir la necesaria sujeción al procedimiento», ha ordenado la retirada de su pasaporte y que comparezca cada 15 días en el juzgado más cercano a su domicilio
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha prohibido al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea abandonar España y ha ordenado la retirada de su pasaporte y que comparezca cada quince días en el Juzgado más cercano a su domicilio. La magistrada considera que hay indicios de que cobró, de forma irregular, 11,4 millones como indemnización por su cese, a pesar de que seguía vinculado a la compañía con una retribución fija de más de 1 millón de euros anuales.
En un auto, la magistrada desvela que Benjumea aseguró durante la declaración prestada este martes que su salida de la compañía de renovables fue consecuencia de la «exigencia impuesta por las entidades financieras que iban a asumir el compromiso de aseguramiento de un aumento de capital y especialmente el banco Santander».
Funda su decisión en la existencia de riesgo de que «pueda eludir la necesaria sujeción al procedimiento», poniéndose fuera del alcance de la Justicia. Benjumea al que se investiga por la presunta comisión de un delito de administración desleal, compareció ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 junto al exconsejero delegado de la compañía Manuel Sánchez Ortega, al que se le imputa, también, uso de información privilegiada.
Lamela recuerda que el delito de administración desleal está castigado con pena de privación de libertad de hasta seis años y que existen «indicios» de la participación de Benjumea en los hechos con los que se le relaciona. Según el auto, el cobro por su parte de 11,4 millones de euros tras su salida de Abengoa «no se corresponde con las condiciones pactadas con la compañía ni es acorde con el estado financiero y económico de ésta cuando se produjo su cese».
Así, explica que el 15 de septiembre de 2015, Benjumea fue cesado como presidente ejecutivo y presentó su renuncia como miembro del Consejo de Administración. Permaneció vinculado a la empresa como asesor, de forma que conservó la parte fija de su retribución que asciende a 1.086.000 euros anuales.
COYUNTURA DE CRISIS
«Parece más que dudoso que pudiera percibir las cantidades indemnizatorias que le fueron transferidas» --indica la juez-- destacando que no estaba desvinculado de su empresa. Lamela insiste en que todo esto sucedió en una coyuntura de crisis económica que exigió en primer lugar la búsqueda de nuevos inversores y, en última instancia, la solicitud de preconcurso por parte de Abengoa ante el Juzgado de lo Mercantil.
Durante su declaración, Benjumea aseguró que «Abengoa sólo tiene un problema puntual de falta de liquidez».
La juez Lamela impuso a ambos exdirectivos, el pasado mes de diciembre, sendas fianzas de 11,5 y 4,5 millones de euros. Para hacer frente a la caución, la magistrada ordenó el embargo de cinco turismos de marca Chrysler, Mercedes o BMW y diez fincas que constan a nombre de Benjumea, y prohibió a Sánchez Ortega disponer de un vehículo Jaguar, aunque a este último le levantó la caución días después de que presentara un aval bancario para cubrir su caución.
Además, ordenó también el bloqueo de los saldos que constan en doce cuentas bancarias, incluyendo todos los productos bancarios, tales como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo, que pudiera tener contratados.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió el pasado 18 de noviembre, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa que atribuye a Benjumea y Sánchez Ortega delitos de administración desleal e imputan además a este último otro de uso de información privilegiada.
QUERELLA DE LOS BONISTAS
La querella, presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, denunció la «horrible» gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su «propio beneficio y lucro personal» al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de «salvar a sus miles de inversores».
Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran «conocedores de la auténtica realidad económica-financiera» de la empresa y que buscaron su enriquecimiento «en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate».
Los querellantes iniciales han ido sumando adhesiones de afectados hasta alcanzar un número cercano a 70. Denunciaron que Benjumea se llevó una «exorbitante» indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una «contraprestación post-contractual» de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de «bonus variable» que percibirá «a cuenta de 2015 hasta su salida».
Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó «fuertes posiciones bajistas» en relación con los valores de Abengoa.