El ‘caso Magrudis’ ha desnudado las peores vergüenzas al pelearse las autoridades que deberían ir de la mano, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla. En el Parlamento de Andalucía ya se debate que el control e inspección sea asumido por la Junta de Andalucía y hasta se impulsa, por el Grupo Adelante Andalucía, crear una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Sevilla. El ‘caso MAGRUDIS’ trasciende al debate municipal.
Determinados Ayuntamientos de capitales andaluzas (Granada, Málaga y Sevilla) tienen competencias inspectoras y de control que en otras Comunidades españolas tiene exclusivamente los gobiernos regionales. Hace años se pensó que así se agilizarían la implantación de empresas y activarían negocios e inversiones.
Entendiendo que la ‘declaración responsable’ y las medidas de ‘autocontrol’ han fallado en el ‘caso MAGRUDIS’ no debemos perder de vista que esto es un problema, garantizar la salud pública, que ya detectaron inspectores de la Comunidad Europea cuando giraron visitas a diversas comunidades españolas, entre ellas Andalucía
Europa nos tira de las orejas
Entre el 11 y el 26 de septiembre de 2006 expertos en seguridad alimentaria comunitarios constataron graves incidencias. La extensa visita fue para ‘evaluar los controles oficiales relativos a la seguridad de los alimentos de origen animal, en particular de la leche y la carne y sus productos’. El Informe final revela que las ‘autoridades no controlaban los requisitos en materia de higiene de las explotaciones de producción de leche’.
Añadía que los controles oficiales del sector cárnico y lácteo no se auditan en 5 de las 6 comunidades españolas visitadas. Andalucía estaba en esa lista de ausencia de controles internos.
Los controles oficiales no se ajustan, se quejaban los evaluadores, al Reglamento CE 882/2004. Mataderos y lugares donde se procesa carne de caza adolecen de controles. Sumaba como incorrecta la inspección post mortem de los animales sacrificados.
Inclusive, los inspectores comunitarios denuncian un ‘conflicto de intereses’ al trabajar en mataderos empleados de sus clientes. El seguimiento de los controles es insuficiente y gratuito.
En la CE no se entiende que las inspecciones sean sin coste para el beneficiario de las mismas, pues hace negocio con los productos inspeccionados. Eso sí, las certificaciones oficiales se ajustan a los parámetros comunitarios a juicio de los técnicos europeos.
Las visitas a instalaciones cárnicas acusaron deficiencias en la higiene. También, en el mantenimiento, drenaje, limpieza y desinfección. Los mataderos, sin embargo, estaban al corriente de las medidas en pro de la seguridad alimentaria y salud pública. Los inspectores reiteraron en su Informe Final graves deficiencias en los sistemas de controles oficiales por parte de las autoridades competentes y la aplicación de la normativa comunitaria.
Ese varapalo paneuropeo a las autoridades andaluzas –entre otras- en su día generó controversia pues quienes estudiaron el documento (DG SANCO 8205/2006). Algunos ojos vieron el Informe como aval para la eficacia inspectora de los Inspectores (A4) de Salud Pública y el ejemplar sistema andaluz. Eran tiempos de dogmas sostenibles para el PSOE andaluz.
Una mayoría de técnicos andaluces, más sensata, vio con ese Informe la oportunidad perfecta para cambiar las cosas a mejor sin estropear la maraña de intereses que conviven en la industria láctea y cárnica. Un dato para legos en la materia es que las empresas cárnicas andaluzas mueven casi 2.000 millones de euros. Están en el podio de facturación español.
En el siguiente gráfico señalamos al respecto las empresas y tipos de establecimientos alimentarios en Andalucía junto con el tipo de licencia o registro para ejercer su labor, además de los organismos competentes en su control:
Microhistoria inspectora
Sin ánimo de ofender al colectivo de inspectores de salud andaluces, este debe admitir que tiene un pasado. La arqueología es el veterinario del pueblo bendiciendo matanzas en donde coge tajada, el boticario consagrando aguas o aplaudiendo a clientes o el médico licenciando males menores que le llenan la consulta. Entonces la sanidad para el ciudadano se reducía al que tenía el bolsillo más abultado. No era universal, era de élites.
Un interesante estudio del profesor de Bromatología en la Facultad de Veterinaria cordobesa Manuel Ángel Amaro López historiando la higiene inspección y control de alimentos distingue entre la época empírica y científica para ilustrar los avances en tales menesteres.
La apertura de fronteras, liberalización de mercados y cambios legislativos obligan actualizar pautas inspectoras. Estos son los motivos, según el Profesor Amaro, por los que se está imponiendo como médula inspectora del control de alimentos, la detección de errores relacionados con la elaboración de alimentos en todos los eslabones de la cadena.
Según dicho docente debe procederse a la rápida corrección y prevención, especialmente sobre las materias primas como etapa más decisiva. Este nuevo planteamiento ha supuesto pasar de funcionar según reglamentaciones de obligado cumplimiento a una más ortodoxa labor presencial. Chirrían por tanto ‘declaración responsable’ y medidas de ‘autocontrol’ que la normativa deja a cargo de las empresas cuyos fines, no lo olvidemos, son lucrativos.
Así lo consagra el Real Decreto 2207/1995. Responsabiliza a los empresarios de la calidad sanitaria de sus productos mediante la implantación de un ‘sistema de autocontrol’. Se considera instrumento, según el legislador, para conseguir alimentos más seguros y no abocarlos a un requisito legal para obtener el correspondiente permiso.
El profesor Amaro pronostica que el futuro de la Higiene, Inspección y Control Alimentario pasa por tres fases: medidas de prevención de la calidad racionales, usar técnicas analíticas objetivas, rápidas, económicas y seguras y, por último, respetar una legislación alimentaria más racional y menos compleja. Este profesor sin duda sale poco de su aula si añadimos a su estudio que considere lo que representa el proceder de ‘Magrudis’.
La realidad es más cruda. Desde 1981 España registró la mayor crisis con el denominado ‘síndrome de la Colza’. Casi 26.000 enfermos con graves secuelas muchos de ellos y ellas y más de 4.000 personas fallecieron. La venta masiva de un aceite de colza barato al mezclarse con otros de usos industriales desató la mayor pandemia alimentaria que conocieron nuestros registros históricos en cuanto afectó a la salud pública.
Iniciada la crisis en la provincia de Madrid, el escándalo del fraude, la miseria personal de ciertos empresarios que vendieron aceite tóxico, y la falta de reacción de las autoridades ante un imprevisto criminal que no registraba antecedentes reventó los pocos protocolos que existían.
Si bien a 38 aceiteros los procesó la Audiencia Nacional, las condenas no alcanzaron ni de lejos los daños causados a enfermos y fallecidos. Las secuelas del extraño síndrome siguen causando estragos décadas después. Las indemnizaciones que recibieron una parte ínfima de las víctimas no cubrieron los perjuicios causados. Hoy por hoy no se sabe a ciencia cierta, si este triste capítulo se cerró con las debidas garantías para entonar un ‘nunca más’. Pero somos incorregibles. O acabamos siéndolo.
Lo sufrido por la colza sirvió para que el Ministerio de Sanidad potenciara el cuerpo de inspectores sanitarios. No convocó oposiciones. Contrató a destajo a cualquiera que tuviera título o ‘enchufe’ en la sede ministerial madrileña. No importaba si era docente, ingeniero, enfermero, perito o guardia civil prejubilado con 40 años y pensión intacta.
La tropa que llegó a Andalucía la asumió la Junta y hacen su trabajo lo mejor que pueden, saben y les dejan. La plantilla de inspectores sanitarios obedeció a campañas emanadas del criterio político. Las denuncias, en menesteres de salud pública, son ‘sagradas’. Debe decirse que siempre se procesan y comprueban. A posteriori se creó una plantilla donde era requisito ser grado o tener licenciatura en Farmacia o Veterinaria.
Años después llegaron normas que dulcificaban la proactividad, las sinergias, la optimización de inversiones y aparecieron los conceptos de ‘declaración responsable’ y sistemas de ‘autocontrol’ que nos conducen al siglo XXI entrado en empeños como el de la marca ‘MAGRUDIS’. La colza aún colea
Las plantillas inspectoras de la Junta aún andan con traslados sin plazo, interinazgos de angustia, plazas con identidad previa, academias que regentan los de dentro u oposiciones que se impugnan antes y después de convocarse. Y miles de farmacéuticos y veterinarios esperando servir a su comunidad sin esperar, ni de lejos, aquello de la igualdad de oportunidades.
Las carencias de la Sevilla inspectora
Se sabe. Las administraciones públicas ejercen controles sobre la cadena alimentaria y de salud pública. Desde 2017 la normativa ha variado. El responsable, como veníamos indicando es la empresa en sí. MAGRUDIS es la que pagará por sus atribuidas fechorías.
Desde 2017 funciona un sistema de autocontrol impulsado desde la Unión Europea. Este sistema otorga a los negocios que producen y distribuyen los alimentos de todo el espacio comunitario la responsabilidad y salubridad de los mismos.
Repetimos, esa era la idea para agilizar la economía y la inversión. Nuestro Ayuntamiento de Sevilla instauró la ‘declaración responsable’ para el inicio de actividad de los establecimientos sin tener que esperar la licencia de Medio Ambiente. Un ‘técnico’ colegiado amparaba la legalidad, muchas veces –debe decirse- sin visitar el establecimiento.
Esa es la clave para iniciar una actividad. Falta el permiso, la antigua Licencia de Apertura. Las anomalías en una declaración responsable se detectan cuando se produce una alerta sanitaria, como ha sido el caso en el brote de Listerioris en Sevilla.
Es decir, MAGRUDIS si ha engañado lo ha hecho hasta las últimas etapas. Consta que distribuyó sus productos, y los revendió a una comercializadora cuando le pedían muestras los inspectores municipales.
Las administraciones públicas ponen, y esta idea parece encomiable, menos trabas burocráticas para comenzar un negocio alimentario. Descargan la responsabilidad en quien toma la iniciativa. La facultad inspectora parece que no está invitada a este proceso.
Un Reglamento de 2004 que aplica la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía debería haber motivado inspecciones o acaso poner más celo las intervenciones inspectoras municipales.
La plantilla de inspectores municipales en Sevilla no alcanza los 40, de los que 7 son veterinarios. Estos últimos son los que se centran en controlar negocios como MAGRUDIS. Al parecer el celo profesional no ha brillado y el autocontrol ha sido mínimo por no decir que la declaración responsable faltó a la verdad. La Listeriosis no vino por casualidad a Sevilla. El técnico que suscribió la ‘declaración responsable’ de MAGRUDIS dio la espantá telefónica ante preguntas de Equipo de Investigación (Sexta TV). ¿Visitó el negocio, supervisó las obras, por qué calla?. Este arquitecto a lo mejor tendrá responder preguntas de la autoridad competente por sus carencias de responsabilidad, por sus ‘no declaraciones’ iniciales.