Tras la vorágine incontenible y el torrente inicial de noticias que alumbró el afamado informe PISA, con especial mención al papelón de nuestra educación andaluza y a las excusas de chirigota de nuestra Administración (como si de verdad tuviéramos que esperar a que la OCDE nos diga lo que no se le escapa a nadie, o al menos a nadie que quiera ver), y como suele suceder en estos casos, después vienen los análisis más calmos, más de fondo y más constructivos.
Y de este modo recientemente algún medio y algún analista vinieron a destacar que el Informe Pisa del 2015 había elaborado novedosamente un índice de autonomía escolar. España quedaba mal (¡qué sorpresa!), hundida en el puesto 31 de 35 países y con un 57,5 de capacidad de los centros de tomar decisiones, frente a la media de 71,3 de la OCDE.
El Informe era claro al subrayar que los resultados de los alumnos eran mejores en centros con más autonomía que rendían cuentas. La verdad es que esta conclusión no debiera resultar llamativa a nadie, ¿no parece obvio que los centros y sus docentes, que trabajan con la realidad, pueden ofrecer mejores soluciones a los problemas educativos que los políticos y sus burócratas? ¿Y no es evidente que la autonomía posibilita que el sistema educativo ofrezca más propuestas educativas diversas, más alternativas, más respuestas?
Sin embargo, nos seguimos encontrando con la apuesta política, cada vez más casi unánime, y por ende social, por el caduco colectivismo frente a la libertad de elección, por la injerencia frente a la autonomía y hasta hay quien defiende una escuela pública única e intervenida, acabando incluso con modelos alternativos, proyectos educativos singulares y conciertos. No me extraña que la Administración pretenda ir a un modelo único, que controla y es suyo, lo que me pasma es que la sociedad lo tolere y hasta lo aliente.
La Administración está llamada a fijar el marco de autonomía, a potenciar su desarrollo y garantizar el cumplimiento de unos mínimos irrenunciables, e inspeccionar los procesos y los resultados, y permitir que los padres elijan entre las opciones, pero no a imponer un modelo unitario, a dar soluciones excluyentes y a frenar e impedir la creatividad en centros públicos y privados.
El intervencionismo siempre es contrario a la libertad, lo que ya en sí suele ser un coste demasiado elevado, pero además aquí (y no solo aquí) resulta que es una renuncia a cambio de nada, gratuita, porque los resultados, encima, son peores.