Es frecuente en nuestra convivencia ciudadana que los problemas sociales se saquen a la calle y que tomar la calle se convierta en una estrategia más de la acción política, a lo que ayuda las nuevas técnicas de comunicación que permiten acceder en poco tiempo a muchas personas.
En principio no hay nada que objetar, se trata del derecho de manifestación y de la libertad de expresión cuyo ejercicio, de acuerdo con las leyes reguladoras, garantiza la Constitución a todos los ciudadanos. Pero el problema surge cuando estos actos, más o menos masivos, se presentan como parámetro de la voluntad popular que, por sí solos, debe llevar aparejada la toma de decisiones en el sentido en que se manifiestan. Una especie de democracia popular ejecutiva basada en la ocupación de la calle.
Por muy amplia que sea la asistencia a estos actos, son muchos más los ciudadanos que no participan en ellos. Una mayoría silenciosa cuya voluntad se presume, que no hablan ni en ese ni en otro acto análogo, salvo que convirtamos la calle en una sucesión de manifestaciones de uno u otro signo que hagan difícil, e incluso pongan en riesgo la convivencia.
La democracia requiere un procedimiento que permita el conocimiento por todos de las distintas propuestas, la posibilidad del debate y reflexión sobre las mismas, así como la participación en libertad para poder reflejar la opción de cada uno, que no tiene que coincidir con la de aquel que se encuentra a su lado y estas condiciones no se dan ocupando la calle por muy espectacular que ello resulte.