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Sede del defensor del Pueblo Andaluz.
Tanto el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007 como la Ley reguladora de la Institución configuran al Defensor del Pueblo Andaluz como un instrumento al servicio de la ciudadanía (puede ser utilizado por cualquier persona) para obtener y exigir la defensa, tutela y protección del amplio marco de derechos constitucionales contenido en el Título I de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El legislador ha querido crear, junto a otros mecanismos de defensa de los derechos, como son el ejercicio de acciones en vía administrativa o judicial, uno nuevo, consistente en acudir a esta Institución en queja para que, tras su estudio, se proceda a instruir el correspondiente expediente para su tramitación ante las administraciones públicas con la finalidad de, si procede, se atienda y resuelva favorablemente la pretensión de la persona interesada.
Por otro lado, junto a esta tipología de queja por vulneración de derechos, cada vez está siendo más utilizada por la ciudadanía la vía de la mediación, que permite acercar posturas entre administración y administrado, o entre administraciones de distinta naturaleza, a fin de buscar soluciones equitativas en derecho. Esta Institución está apostando por reforzar el uso de esta vía, siempre que el ordenamiento jurídico nos permita su utilización como mecanismo de solución de conflictos.
Sin perjuicio de ello, también la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz cuenta con un servicio de consulta al que puede acceder cualquier persona en aras a obtener información sobre el alcance de sus derechos, las posibilidades de defensa de los mismos derivando en su caso, a las personas interesadas a la presentación de la oportuna queja.
La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, tiene la obligación de presentar cada año, un Informe Anual, que dé cuenta al Parlamente de Andalucía, de la gestión desarrollada en el curso anterior.
Hace unas fechas, el citado Informe Anual 2021, fue entregado a la Presidenta del Parlamento de Andalucía y de él se extraen datos, que nos permiten evaluar la actividad de la oficina del Defensor y también obtener una radiografía de los perfiles y las principales demandas que hacen los andaluces, así como la distribución geográfica de las mismas. Un total de 30.665 personas han requerido la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz durante 2021 demandando la supervisión de los poderes públicos, en lo que entienden supone una vulneración de sus derechos, o buscando información y asesoramiento para el ejercicio de los mismos -consultas-.
Para representar gráficamente las personas que han acudido a la Institución, distribuidas por provincias, se tiene en cuenta el número de firmantes en las quejas iniciadas en el año y una persona por cada consulta que hemos atendido.
Para evitar una distorsión en los datos, hemos considerado más ajustado en el caso de las queja suscritas por un importante número de ciudadanos tomar como referencia una sola persona por queja, con independencia del número de firmantes.
Con esas premisas, sin comparamos la ciudadanía que ha acudido al dPA con el porcentaje de peso que representa cada provincia, en Huelva, Córdoba y Almería se supera el peso poblacional. En el caso contrario, en Málaga estamos más alejado del peso poblacional.
Si analizamos los datos por género, observamos un porcentaje equivalente en cuanto al número de mujeres y hombres que se han acercado a la Institución, aunque ligeramente más inclinado hacia las mujeres (55% mujeres, y 45% hombres).
En cuanto a las materias que más les preocupan, coinciden en los servicios sociales y la salud, pero a las mujeres también les preocupan mucho los asuntos de vivienda y a los hombres los relacionados con el personal del sector público.
La actividad del dPA durante 2021 ha supuesto un total de 28.720 actuaciones; 13.092 quejas gestionadas (de parte, de oficio, mediaciones); 14.924 consultas; y 704
actuaciones de promoción de derechos (jornadas, guías, reuniones, foros, actividades institucionales, etc).
El desglose de estas grandes cifras arroja los siguientes datos: 8.873 escritos nuevos de queja de la ciudadanía y 61 quejas de oficio, lo que suponen 8.934 quejas iniciadas en 2021. A estas quejas nuevas presentadas durante el 2021 se suman las 4.158 de años anteriores. En total, 13.092 quejas gestionadas en el presente ejercicio.
A esto hay que añadir la ciudadanía que ha sido atendida y se le ha ofrecido asesoramiento y gestión de su problema por la Institución, en un total de 14.924 consultas, ya fuera presencial, por teléfono, vía postal, portal de internet o redes sociales.
Un año más, la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz ha seguido caracterizada por las materias que afectan directamente al Estado de Bienestar, quehan copado el 56% del total de nuestras actuaciones, si bien este año les han seguido las relacionadas con asuntos de Administración Pública, tributos y ordenación económica, y en un tercer lugar con la sostenibilidad de nuestras ciudades y territorio -políticas territoriales-.
La labor de mediación, con un total de 354 actuaciones durante 2021, ha sido muy significativa. El volumen de asuntos en los que se ha propuesto mediación se ha multiplicado por 6 en los últimos cinco años.
En relación a nuestras actuaciones y sus resultados con las distintas administraciones también es necesario dedicarles unas líneas al respecto.
Del total de las quejas gestionadas en 2021, 9.314 expedientes se cerraron (71%) y otro 29% está pendiente. De las cerrados, 4.498 quejas se admitieron, otras 439 se solucionaron antes de la tramitación y 2.849 quejas fueron no admitidas por diferentes causas, entre ellas, que las personas desisten o que se las remitimos a otros organismos por no ser competencia de nuestra actuación.
De los 4.498 casos admitidos a trámite y cerrados en este ejercicio, en 2.863 se ha detectado que existe irregularidad de la Administración. De ellos, en 2.679 de los casos, un 94%, las administraciones han aceptado nuestra actuación y hemos logrado que el asunto se haya solucionado o se encuentre en vías de solución. Solo en el 6% de los casos no se han atendido nuestras resoluciones y hemos dado cuenta de este hecho al Parlamento.
Nuestras actuaciones han resultado positivas en mayor o menor medida a gran parte de la ciudadanía que ha acudido a nosotros, ya fuera por la resolución de su problema, ya fuera por su asesoramiento e información de sus derechos para un correcto ejercicio. La casi totalidad de las 14.924 consultas recibidas un 55% de las quejas cerradas han dado lugar actuaciones que ha reportado alguna ayuda a las
30.665 personas que se han dirigido a esta Institución. Ello, además de otros aspectos de nuestra actividad como:
■ Actuaciones presenciales de promoción y divulgación de derechos (704)
■ Reuniones con colectivos, asociaciones, entidades del tercer sector (254)
■ Cerca de un millón de visitas a nuestras webs (883.271)
■ En nuestras redes hemos recibido 14.932 interacciones en twitter y miles de ellas también en Facebook (comenta, nos dan me gusta...)
La principal valoración es el normal desarrollo, en la mayoría de los casos, de loscauces de colaboración de las Administraciones Públicas con el Defensor del Pueblo Andaluz en el desempeño de sus funciones, que alcanza el 82%. De las 4.749 peticiones de informe, hemos obtenido respuesta en el mayor número de los casos en la primera petición o al primer reitero; aunque hubo que recurrir a un segundo reitero en 863 casos (18%) y, de estas, 156 (el 3% del total) ocasiones ha sido necesario dirigir escrito de Advertencia ante la persistencia en no enviar la información. En total, en 863 casos podemos entender una inadecuada colaboración de las administraciones en los plazos de respuesta, no renunciamos a solicitar un mayor esfuerzo por acercarnos a lo legalmente exigible.
Por último resaltar que el porcentaje de colaboración con las distintas administraciones ha sido el siguiente:
■ Administración Junta de Andalucía: Un 88% de colaboración adecuada y un 12% de colaboración inadecuada.
■ Administración local: Un 71% de colaboración adecuada y un 29% de colaboración inadecuada.
■ Otras administraciones: un 94% de colaboración adecuada y un 6% de colaboración inadecuada.
Termino como empecé, tanto la Constitución Española, como El Estatuto de Autonomía para Andalucía definen al Defensor del Pueblo Andaluz, como un instrumento al servicio de la ciudadanía para obtener y exigir la defensa, tutela y protección de sus derechos constitucionales.