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Fotografía: EFE
El derecho a la propiedad privada está reconocido en nuestra Constitución. El artículo 33 así lo dice. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ponerlo a prueba y, tal vez, en peligro.
Se usted posee un buen número de inmuebles debería empezar a pensar en que eso de ser propietario se está poniendo duro de pelar. Los grandes tenedores de inmuebles suelen ser los llamados fondos buitres, pero hay empresas y particulares que también tienen diez o más propiedades que podrían ser okupadas. Y eso es lo que se está poniendo duro, pero duro. Sacar a los okupas del piso o del chalet, digo.
Por cierto, tener más de diez pisos es un privilegio. Y a mí no me gusta saber que hay miles de pisos vacíos mientras el mercado inmobiliario está hecho unos zorros. Pero esos inmuebles no han sido robados, no son fruto de cualquier otro tipo de delitos (la Justicia ya hubiera realizado su trabajo de ser así). Por tanto, el okupa es el que está incumpliendo la ley; es el golfo de esta historia. Eso conviene tenerlo claro para no construir ideas perversas que envían al cuarto de pensar a los que tienen cosas de forma legítima.
Durante el año 2020, se produjeron ocupaciones ilegales de viviendas sin inquilinos con contrato y propiedad de personas físicas o jurídicas con más de diez propiedades; eso ocurría durante el estado de alarma inicial y sus prórrogas. Pues, ahora, el Gobierno de España, el Gobierno que preside Pedro Sánchez en compañía de Pablo Iglesias y los suyos, blinda con un Real Decreto (es lo que tiene gobernar a base de decretazos y sin control parlamentario a causa del estado de alarma que sigue en vigor. ¿Se comprende con este ejemplo el peligro de tragar con esas cosas?), blinda con un Real Decreto, decía, tanto en la vía penal como en la civil a ‘habitantes sin título’ (para usted y para mí okupas) que, sin violencia sobre las personas, hayan okupado una vivienda propiedad de grandes tenedores. Deben acreditar (los okupas) que uno de ellos o varios o todos es o son víctimas de violencia de género (sobre la mujer y solo sobre la mujer), mayores, niños, discapacitados, etc. Además, la familia o el grupo (porque ¿qué una familia para este Gobierno?) cumple con los requisitos de ‘vulnerabilidad económica que les imposibiliten encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva’. Por si era poco, no habrá desahucios en los casos de okupación anteriores a la publicación del primer decreto antidesahucios del pasado 22 de diciembre. Todo atado y bien atado. Solo será posible si se produce violencia o intimidación a las personas. Pero si tiran la puerta abajo o hacen un agujero en la pared para entrar, nada de nada. Qué precioso nos está quedando todo.
En fin, un desastre que pone al límite un derecho fundamental como es la propiedad privada. Es verdad que en este caso se deben cumplir unos requisitos concretos; no se puede aplicar esto a cualquiera de nuestras viviendas. Pero estos movimientos se sabe cómo comienzan y nunca como acaban. Peligro, peligro.
Parece poca cosa que el propietario pueda solicitar una compensación económica al Gobierno que esté en consonancia con los precios medios de alquiler de la zona. Y creo yo que la gracia está en alquilar el piso a quien te dé la gana y cuando te dé la gana. Por ejemplo, a alguien que no te deje las paredes y los suelos destrozados y llenos de pintadas. En fin, tenemos lo que votamos. Eso es la democracia. Aunque también lo es votar pensando un poquito, aplicando inteligencia, coherencia y razón.