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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i); la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen (c), y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (d), en su visita al centro de acogida de ciudadanos europeos y colaboradores afganos evacuados desde Kabul, este sábado en Torrejón de Ardoz. EFE/Juan Carlos Hidalgo
Poco, o muy poco, se puede añadir sobre lo que estamos viendo en Afganistán. Entre otras cosas, porque esta película ya la hemos visto y no acababa bien. La fractura social que se avecina es espectacular; la desaparición de derechos, un auténtico drama; el futuro de la mujer, inhumano y desolador; y la inquietud global hacia todo lo que representan el poder talibán, inmenso.
Todo lo que estamos viendo puede ser apenas un esbozo de lo que esté por venir. Con el foco internacional a máxima potencia, el régimen talibán se esfuerza en aparentar una modernidad y moderación que no sólo no se da en la realidad sino que dará paso a una dureza extrema en cuanto ese foco, como ocurre siempre, se debilite o simplemente apunte a otro lugar.
Cuesta pensar en variables económicas ante el panorama que se atisba en ese país, pero hay cosas que no dejan de tener interés y, sobre todo, una gran influencia en todo lo que pasa y pasará.
Afganistán cerró 2020 con un ingreso general nacional (más o menos lo que aquí consideramos PIB) de 19.800 millones de dólares, unos 16.900 millones de euros. Para que se hagan una idea, Andalucía contaba en 2019 (antes de la Covid) con un PIB de 165.800 millones de euros. Diez veces más. Entre las comunidades autónomas españolas, sólo Cantabria y La Rioja (además de Ceuta y Melilla) tienen un producto interior bruto inferior.
A principios de la década pasada, nada menos que el 49% de esos ingresos nacionales procedían de fondos de ayuda para el desarrollo. Ahora está en el 20%, y ya ha avisado Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, que seguramente las ayudas tenderán a subir, por mucho que el Banco Mundial haya bloqueado esta misma semana 400 millones asignados al gobierno saliente.
Del presupuesto del país, el 29% se dedica a Defensa, una cifra absolutamente anómala entre países desarrollados, no digamos entre los países de bajos recursos, donde se suele situar en torno al 3%. Este dato es particularmente relevante viendo el rápido desenlace de la victoria talibán, cuya financiación procede, según evidencian los informes internacionales, del tráfico de drogas, principalmente opiáceos: el opio es el principal cultivo del país. Y todo esto en una situación en la que previsiblemente los ingresos de los afganos se van a ver seriamente afectados, puesto que el 22% de las mujeres que ya trabajaban no podrán seguir haciéndolo si Kabul aplica de manera estricta la ley islámica. El 60% de los ingresos particulares de las familias afganas están asociados a la agricultura, que verá mermada su capacidad productiva con la esperable disminución de mano de obra, restricciones aparte.
Pero en la parte económica lo más relevante viene de fuera. China se ha apresurado a reconocer al nuevo gobierno y ha empezado a desplegar acuerdos comerciales con un indiscutible enemigo de Occidente: necesita acceder a las explotaciones de litio existentes en Afganistán para la producción de las baterías que impulsan tanto los coches eléctricos como todos los dispositivos electrónicos que utilizamos. Al altísimo volumen de litio del país se le añaden no menos interesantes yacimientos de petróleo y gas. Será un país fallido, pero cuenta con notables recursos naturales.
A cuentas del litio, TVE recuperó un reportaje interesantísimo sobre el proyecto de explotación de litio en mina abierta que tenía Extremadura y que ahora está parado. Evidentemente no tiene relación alguna con todo lo anterior, pero no deja de ser una realidad que la economía siempre tiene un peso abrumador en todo lo que ocurre, aunque a veces nos pase desapercibido. Hablamos del considerado segundo yacimiento en importancia de litio en toda Europa.
Aquí lo espinoso es equilibrar el impacto medioambiental con el futuro de una zona del país particularmente afectada por la despoblación y por la falta de potencial económico. Seguramente (seguramente no, seguro), un adecuado desarrollo de esa potencial industria del litio daría un impulso a la región extraordinario: apuesten, habría ferrocarril moderno en poco tiempo por una simple cuestión de necesidades de transporte de mercancías. Y de rentabilidad, por supuesto. Siempre la rentabilidad.
Extremadura tiene apenas 1,065 millones de habitantes, poco más de la mitad que la provincia de Sevilla. Cáceres y Badajoz son las dos provincias más extensas del país, pero su comunicación es complicada, nada rentable y poblacionalmente son áreas muy poco atractivas. Volvamos al impacto medioambiental: la mina abierta en realidad son dos; una en el término municipal de Cáceres capital y la otra en Cañaveral, localidad que recordaremos siempre todos los sufridores de la N-630 cuando la Ruta de la Plata no era autopista.
Parece, a simple vista, un negocio estupendo. Una zona con pocas posibilidades de prosperar que de repente tiene un filón a explotar. Pero tiene un coste medioambiental considerable y que se debe controlar. ¿Es posible equilibrar ambas variables? ¿Es posible tener industria y mantener el entorno? Al final, siempre la economía. En conflictos pequeños y grandes, locales y globales. Siempre la economía.