El Gobierno de una país debe de garantizar que los servicios a la población en los ámbitos de la educación, sanidad y servicios sociales respondan al Derecho Subjetivo de carácter universal. Esta responsabilidad responde a un concepto de Estado Social de Derecho que ha puesto entre sus ejes fundamentales la sociedad del bienestar.
Subrayo el verbo garantizar como medio eficiente para alcanzar que toda la población pueda gozar de los beneficios que se derivan de esta visión de Estado. Pero esto no puede suponer, bajo ningún concepto, que son los gobiernos los que deben de ser los gestores exclusivos de los servicios que se deben de prestar a la población.
El Estado somos todos, y no exclusivamente, los gobiernos. Todos estamos llamados a tener una participación dinámica en todas las áreas que forman parte de un país y, máxime cuando se ampara en los fundamentos jurídicos de los principios que rigen el Estado Social de Derecho, y que se sustentan en una Constitución democrática.
Las sociedades que basan su desarrollo social, económico y político en estos puntos tienen la capacidad de encontrar respuestas coherentes y adaptadas a los tiempos que están marcadas por la propia evolución conceptual de la organización del Estado.
Las sociedades democráticas, que son las que tienen como marco regulativo los fundamentos del Estado Social de Derecho, saben que están llamadas a optimizar los recursos, ya que estos servicios se pagan a través de los impuestos, teniendo la obligación de gestionarlos de manera eficiente y eficaz, porque de otra forma los ciudadanos puedan agotar su paciencia y generosidad hacia los responsables políticos.
En un Estado Social de Derecho los gobiernos deben de asegurar la atención universal en las áreas señaladas; pero esto no significa que para alcanzar este logro, tengan que ser ellos quienes realizan la gestión directa de los servicios. Si miramos a nuestro país y atendemos que estamos organizados administrativamente de una manera determinada; lo que se debe asegurar por parte del Gobierno es que en todo el territorio español los servicios sean exactamente iguales, y que no hay diferencias por vivir en Comunidades Autónomas diferentes.
Esto es lo esencial, garantizar y asegurar la atención universal. Hace cuatro años y medio, en la Tesis Doctoral que defendí, señalaba lo siguiente:
" Hoy nos pasa que estamos enfrascados en las estructuras de los servicios. Estructuras que hemos generado en una situación de bonanza económica y seguimos pensando que la misma sigue “estando ahí”, latente y que un día volverá a resurgir como se dio en años pasados. Las estructuras no son sostenibles si la economía no hace posible que éstas se mantengan.
En nuestra realidad social estamos “anclados” en el diseño de estructuras que respondan más a visiones, por no utilizar el término partidista, políticas; sin entrar a realizar una autocrítica que nos lleve a analizar lo que tenemos, la sostenibilidad de estas estructuras, la manera de cómo seguir manteniendo el Estado de Bienestar; por decirlo de manera resumida: “dibujar el futuro”.
Esto conlleva a tomar un posicionamiento en el planteamiento de la economía. Esta necesidad de “plantearse” que no es otra evidencia que el cuestionarse para “dibujar un futuro” creíble precisa de generosidad. Sin generosidad es imposible avanzar. Desde esta perspectiva hablo de que estamos en un CAMBIO DE CICLO SOCIAL Y ECONÓMICO.
En este “dibujar el futuro”-desde los parámetros de la Economía Social de Mercado y la Economía del Bien Común-para no olvidar en esta misión que el Estado y la Sociedad Civil son dos piezas del puzle que nunca deben desaparecer, “recuerdo lo que nuestra Constitución de 1978 dice al respecto. Ese mismo compromiso de la justicia social se percibe en el artículo 9.2, donde establece: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La importancia a nuestros efectos de estos artículos no es sólo la proclamación en España de un Estado Social de Derecho, sino la consecuencia que de ello se deriva. Conlleva un Estado intervencionista, comprometido ante las situaciones sociales injustas. Es un Estado de servicios, de bienestar o benefactor, que da lugar a creación de derechos sociales, de medidas de solidaridad social y de criterios de redistribución”(ALEMÁN BRACHO, Carmen. 1995:201-202)"- PROPUESTA DE UN MODELO DE ATENCIÓN POLIVALENTE SOCIOSANITARIO. Tesis Doctoral.
Un gobierno que se ampara en el Estado Social de Derecho tiene una gran responsabilidad para asegurar lo que he dicho anteriormente, y esto debe de hacerlo apoyándose en la iniciativa privada, preferentemente en la no lucrativa; pero sin que esto suponga ignorar a toda iniciativa social, y en ésta también están las empresas.
Un gobierno que quiera ser verdaderamente social , y aquí cogen todos los partidos políticos que acepten como marco normativo los parámetros del Estado Social de Derecho, tiene que tener en cuenta que para desarrollar la gestión de los servicios de referencia, es preciso apoyarse en la iniciativa privada. Lo que nos falta es, sin lugar a dudas, establecer un marco normativo valiente en donde esto sea posible. Los recursos son escasos y, por esta razón, tenemos la obligación de optimizarlos. Los ciudadanos debemos de ser muy conscientes que nos enfrentamos a limitaciones económicas derivadas del propio envejecimiento de la población. No conviene dejarnos engañar por los políticos ¿Han visto Vds. que se hayan sentado en un debate para buscar soluciones juntos? en donde no prime que yo cuando esté en el gobierno lo haré mejor. Las soluciones tienen que ser conjuntas. Por esta razón debe de primar una gestión bien coordinada, llevada adelante, con el control del Estado, por las fuerzas vivas de la sociedad, entre las que se encuentran las diversas realidades sociales comprendidas en la iniciativa privada. Desde esta perspectiva el Tercer Sector tiene un reto, no dejarse arrebatar por el Estado su capacidad de gestionar servicios.
Vengo proponiendo que, para el logro de la justicia social ante los diversos problemas que tiene nuestra sociedad, es preciso trabajar conjuntamente, y que para alcanzar este logro es necesario constituir lo que he llamado una mesa de trabajo. Sin esta herramienta práctica será muy difícil que podamos avanzar en lo que tiene que ser la corresponsabilidad de las fuerzas vivas de la sociedad, en las mismas están los políticos y los gobiernos. Es un trabajo basado en el Bien Común desde la Doctrina Social de la Iglesia, lo cual nos tiene que alejar de la tentación que los políticos manifiestan de orillar al sector privado en la gestión de los servicios a la población en los ámbitos de la educación, la sanidad y lo social.
Hay que tener una visión universal si queremos asegurar el derecho subjetivo que los ciudadanos tenemos para disponer de los servicios pertinentes en los ámbitos referidos. Y para que esto sea posible la gestión debe de ser eficiente, eficaz y coherente.
La próxima semana reflexionaré sobre los retos, desde el ámbito del Bien Común, a los que deberá de responder el gobierno que se constituya en la Comunidad Autónoma de Andalucía.