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Clase de un instituto.
Es evidente que un profesor es una autoridad, la demagogia de la igualdad mal entendida nos ha llevado a que la Junta haya tenido que dejar claro que un docente posee ese rango. Hace bastantes años, en una reunión de padres y madres con la maestra de nuestros hijos e hijas, un profesor de enseñanzas medias y yo mismo tuvimos que parar las envestidas que unas madres estaban llevando a cabo contra la maestra, una mujer con mucha experiencia en su profesión. Allí había quien le estaba dando “clases” de psicología infantil y didáctica a la profesora con tonos altivos y desafiantes, siempre con relación a sus hijos. Se estaban pasando en su cometido de madres, ya no actuaban como madres sino como especialistas en enseñanza que le corregían la plana con malos modos a la docente.
El caso anterior es de los más moderados que puede uno hallar pues ya sabemos de sobra cómo se las gastan algunos impresentables con los profesores de sus hijos y ya está bien de tener que escribir la cantinela patética de “hijos e hijas”, hay otra autoridad llamada Real Academia de la Lengua que ha establecido un plural neutro, en este caso es hijos, cuando dictamine que sea hijas ese plural neutro así lo escribiré, pero, por favor, déjenme ya de pendejadas.
La ley Imbroda sólo se refiere a los docentes no universitarios, la universidad es aparte y veremos lo que nos espera en un ambiente donde ya hace tiempo que algunos padres van a revisar el resultado de los exámenes de sus hijos a tutorías que son personales del profesor con el alumnado, dándose la circunstancia de que en determinadas ocasiones el profesor se ve en la obligación de invitar contestemente al padre o a la madre a salir del despacho. La adolescencia se prolonga demasiado en demasiadas ocasiones, los estudiantes no son del todo responsables de este hecho sino que la mayor parte de responsabilidad la tiene esa sobreprotección vergonzosa que ejercen un número concreto de progenitores, si bien los hijos son ya mayorcitos para poder evitar tal situación infantil.
La autoridad de un profesor no es una estrella de sheriff como manifiesta la izquierda lista pero inmadura e iletrada que ocupa algunos escaños del parlamento andaluz, sino que significa una mayor responsabilidad para el profesorado. Demostrando una vez más que en España es sobre todo esa izquierda pueril y oportunista la principal responsable de la crispación del país, proyecta sus sueños ingenuos de igualdad y de represión de las jerarquías en quien sabe por experiencia vital y por haber vivido más en la enseñanza -el profesorado- mientras en el interior de esas organizaciones “progresistas” sufren la realidad que niegan de puertas para fuera, ¿o es que van a negar ahora las pautas elementales del comportamiento y organización humanas porque persigan captar el voto de la rebeldía joven y de sus padres seguidistas...? La paradoja es que es una profesora de enseñanzas medias, Teresa Rodríguez, una de las que se empeña en no ver más allá de su imaginaria realidad.
El hecho de ser autoridad obliga a los profesores a estar a la altura de los tiempos digitales, a imbuirse del contexto en el que viven sus alumnos y eso se puede llevar a término con mayor sosiego si se sabe que se cuenta con el respaldo y la protección oficial. Ahora bien, el hecho de ser autoridad no implica tampoco libertad absoluta de cátedra para los profesores que pueden encontrarse con dos realidades evidentes: la obligación de adoctrinar al alumnado según los principios descabellados de una ley de supuesta memoria democrática y la no menos anticientífica obligación de seguir las reglas adoctrinadoras de las líneas ideológicas de los colegios privados. Ambos hechos son, en mi opinión, claras vulneraciones de la constitución.