El asunto de la obrita de títeres que les pusieron a unos niños en Madrid es un compendio de despropósitos. Todo se ha hecho mal. Todo sonrojante.
Por sintetizar, un par de comediantes escriben una pésima obra de teatro para un guiñol de adultos. La historia es una patraña con pretensiones moralistas provocadoras. Un bodrio. La Constitución ampara también el mal gusto y la mediocridad artística.
Pero que por escribir una historia y representarla metan en la cárcel a los autores es incompatible con el Estado de derecho. En España se publica Mein kampf de Hitler y lo puede comprar quien quiera. El teatro es ficción. Y la ficción no es censurable, solo es susceptible de restricciones.
El único control que era necesario debían haberlo practicado los responsables de su programación. Nunca debió representarse el títere a unos niños. Pero de eso los responsables no son los titiriteros sino quienes les contrataron.
Todos esos, empezando por la concejala de Cultura, debían haber sido cesados de inmediato. Y aparece en escena una especie de juez Roy Bean, el famoso juez de la horca. Y en una decisión extravagante, arbitraria, anticonstitucional, injusta y escandalosa mete en la cárcel a esos dos titiriteros con tratamiento penitenciario de colaboradores del terrorismo etarra.
Ese juez debe ser apartado de la judicatura hasta que entienda lo que es el Estado de derecho y sepa dónde está la línea que separa la ley de la iniquidad y el ridículo.
Y le han aplaudido unos y otros, los que llevan dentro el león temible de la intolerancia y los cándidos que se asustan al primer empujón. ¡Qué país!