El pueblo de Aznalcóllar recobra la alegría perdida. La reactivación de la mina, la misma que provocó uno de los mayores desastres medioambientales de nuestro país, significa creación de empleo y riqueza. Comienzan a plasmarse las primeras contrataciones para el inicio de los trabajos que posibilitarán la extracción de mineral, y, con ello, se desvanecen los fantasmas del paro y la pobreza que se habían adueñado de esta localidad muy dependiente de sus recursos naturales. Directamente se ha pasado de preparar medidas de urgencia para paliar el hambre de sus vecinos, con la habilitación, in extremis, de comedores sociales, al entusiasmo y la ilusión por formar parte de la plantilla laboral que ponga de nuevo en marcha este yacimiento. Y todo tras el archivo, aún provisional, dictado por la Justicia, de las acusaciones sobre la supuestas ilegalidades cometidas por la Junta de Andalucía a la hora de conceder a una empresa determinada la explotación de la misma.
Pero, podría decirse que hasta la euforia que se detecta en la zona por esta decisión judicial, no debe impedir observar algunas evidencias que han quedado de manifiesto en este caso que tanta atención mediática y política ha suscitado. Una de ellas es el ahínco y el empeño desplegado por la administración autonómica y el PSOE en la defensa de la pulcritud del proceso seguido. La recuperación de la minería metálica se había convertido en uno de los ejes programáticos de esta legislatura. Y ni siquiera la sacudida sufrida a raíz de la denuncia investigada ha provocado que se altere la hoja de ruta. La apuesta pública por este sector, tan denostado anteriormente, no es que siga intacta sino que va a más, sobre todo, después de que se despejaran las dudas suscitadas. Ha habido una defensa decidida por parte de gobernantes y dirigentes socialistas hacia la actuación de responsables públicos y altos funcionarios que participaron en el proceso de adjudicación. Incluso, se detectaba rabia contenida por el contratiempo surgido a cuenta de las disputas desplegadas por los perdedores en el concurso. Y es que lo que podría ser un pleito más de alguien que se ve perjudicado en uno de los tantos concursos que se convocan por la administración pública se convirtió, de la noche a la mañana, en una pieza de caza mayor con la que tratar de obtener el premio gordo: involucrar a la misma presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que hasta ahora no han conseguido ligar a algún caso de corrupción.
Lo cierto es que la contundencia con la que se han empleado demostraba la confianza que depositaban en la corrección del camino seguido, algo que contrasta notablemente, eso sí, con lo sucedido con el escándalo de los ERE. Algunos de los implicados aquí hubieran deseado para sí, desde luego, aunque solo fuera la mitad del respaldo que se ha empleado hacia aquellos que se han visto envueltos en este triste episodio de la mina. Pero, de igual modo, conviene reparar en el papel jugado por parte de los investigadores, la UDEF. Al menos eso se asegura, que los agentes que tramitaron la denuncia pertenecen a dicha unidad especializada en la lucha contra la corrupción y que se les supone, por tanto, preparados para abordar asuntos complejos relacionados con el Derecho Mercantil, Administrativo o sobre temas fiscales. Sin embargo, lo sucedido ha demostrado que muchas de las afirmaciones que reflejaron en sus atestados, y que tantos titulares alimentaron, carecían de todo rigor hasta el punto que la propia jueza las consideró, finalmente, meras conjeturas. Cabe, por tanto, preguntarse si estos funcionarios estaban debidamente preparados para tan complicada labor, o incluso, como dejan caer los socialistas, si respondían a otros intereses más allá de los estrictamente profesionales y próximos, en cambio, a determinadas instrucciones políticas.
Por medio han quedado atropellados la fama y honor de dirigentes políticos a los que se les supone, equivocadamente, que tal inconveniencia les va en el sueldo como si no fueran sujetos, también, de derechos como el resto de ciudadanos. Pero, igualmente, de numerosos funcionarios que derrocharon lo mejor de sí para aplicar un proceso de adjudicación ejemplar. De momento, quedémonos con la alegría de los vecinos de Aznalcóllar como la mejor terapia para tanto percance sufrido en un asunto del que todavía quedan aspectos de los que obtener nuevas enseñanzas. ~