El periodo oficial de campaña electoral andaluza, los quince días en la cuenta atrás hacia la gran cita cívica en las urnas, tanto por el impacto de los dos debates televisivos como por la relevancia de incidencias de trascendencia económica, avatares de política nacional e irrupción del calor aún más fuerte de lo habitual en vísperas del solsticio de verano, 21 de junio, es una suma de circunstancias que va a influir en la decisión de muchos habitantes de Andalucía bastante más de lo que auguraban numerosos comentaristas. Sobre todo los que brujulean tan apegados al menudeo partidista que se olvidan de que la sociedad no es una foto fija cosificada sino un corpus dinámico con certidumbres cada vez menos vinculadas al pasado y criterios cada vez más cortoplacistas. Para bien y para mal.
Es un melón por calar tanto el porcentaje de población que opte por acudir a su colegio electoral el próximo domingo 19, o el de quienes aprovechen la ampliación de votar por correo hasta las 14:00 horas de hoy viernes 17, como la redistribución hacia las diversas candidaturas del cúmulo de decisiones individuales en la recta final de la campaña sobre a quién votar. Y lo que se contabilice a la hora de la verdad, incluyendo también la aportación de las personas que toman partido dos o tres días antes, puede determinar la asignación de al menos 10 escaños. Con el sistema de proporcionalidad que se utiliza en España aplicando el modelo matemático D'Hondt de cocientes, y al estar rivalizando más partidos de lo habitual para tener presencia en el Parlamento autonómico, por poca diferencia de votos se conseguirá el último escaño en liza en cada una de las ocho provincias andaluzas, y probablemente también el penúltimo en las dos circunscripciones más pobladas: Sevilla y Málaga. De ahí que los cuatro o cinco escaños más o menos que pueda obtener tal o cual partido a su favor o a su contra mediante este principio aritmético, serán decisivos para determinar las bazas de cada partido a la hora de negociar su rol de gobierno, de oposición o de bisagra. Es lo que ocurrió en diciembre de 2018, cuando, contra todo pronóstico, el partido más votado, el PSOE, quedó por debajo del 30% de votos (27,94%), y el quinto, Vox, superó el 10% (10,96%).
Los números de cada partido y de cada liderazgo van a ser la resultante de unas coordenadas sin parangón en Andalucía. La perspectiva de la mayoría de la sociedad andaluza con vistas a estas elecciones no tiene precedentes con lo vivido durante las décadas anteriores por quienes en cada momento (la reafirmación identitaria con el referéndum del 28-F, la integración en la Comunidad Económica Europea, la crisis económica tras el hundimiento de las burbujas financiera e inmobiliaria, el desprestigio de las instituciones, la irrupción de nuevos partidos, etc.) fueran jóvenes estrenando mayoría de edad, o adultos con cargas familiares, o tercera edad de pensión y asistencia. El marco mental es nuevo para todos:
Se trata de la primera vez que el PP es el partido que hace campaña pidiendo el refrendo para continuar llevando las riendas de la gobernanza. Y, obviamente, es también la primera vez que el PSOE intenta desde la oposición convencer sobre la idoneidad de sus capacidades para gestionar la Junta de Andalucía.
Asimismo, es la primera vez que Vox dispone de espacio garantizado en las coberturas informativas sobre el día a día de la campaña, y la primera vez que participa en los debates televisivos. Donde intentó tener el máximo de protagonismo para condicionar la discusión y la polarización mediante mensajes muy altaneros, con exhortaciones a sectores de población donde intenta captar voto de cabreo por las dificultades para subsistir, y negando la dimensión de la sociedad andaluza como sujeto político orgulloso de conquistar cotas de autogobierno a pesar del centralismo nacional.
Y es la primera vez en la que el Gobierno de la nación está conformado por una coalición, que además escenifica poco sentido de la lealtad a estas alturas de la legislatura. Y tampoco hasta ahora había sucedido que los grupos parlamentarios con los que más negocian los partidos que conforman el Gobierno de España para sacar adelante las votaciones sobre presupuestos y legislaciones son formaciones independentistas como Esquerra y Bildu. Lo que en Andalucía causa malestar a simpatizantes de todos los partidos, incluidos socialistas y las confluencias de izquierdas. Por eso es también la primera vez en la que uno de los principales mensajes del Partido Popular consiste en pedirles a los andaluces de convicciones socialistas que voten a su candidato.
En un marco tan compuesto por elementos inusuales que impactan en la mentalidad y en el fuero interno de muchas personas que, probablemente, en épocas anteriores activaban el piloto automático para atravesar el periodo mitinero de cartelería y eslóganes con sus ojos y oídos blindados, no puede olvidarse que en Andalucía son los primeros comicios a los que se llega tras sufrir una dramática pandemia como la del covid. Y también es la primera vez desde 1985 en que estamos inmersos en una espiral inflacionista cuya persistencia acarreará severos ajustes, y que ya lleva diez meses impactando en la economía de familias y empresas que no terminan de levantar cabeza por las consecuencias de anteriores crisis.
Si el domingo 5 de junio no hubiera coincidido en el calendario 2022 con los desplazamientos al Rocío para la jornada emblemática de la romería, es muy probable que el triunvirato Juanma Moreno – Elías Bendodo – Juan Bravo hubiera elegido esa fecha para el adelanto electoral. No solo para distanciarse más del periodo de hábitos veraniegos, sino porque ya en marzo el Banco Central Europeo anticipó que, ante la adversa dinámica inflacionista, en julio comenzaría a subir los tipos de interés para el precio del dinero en operaciones financieras y crediticias, y dejaría de comprar deuda pública a los estados. Siendo consciente de que España es uno de los países más condicionados por su excesivo endeudamiento. Y también en marzo la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a subir los tipos de interés y previno de que, con el mismo objetivo antiinflacionista, intensificaría en meses posteriores su incremento, como ha ocurrido en mayo y el pasado miércoles 15 de junio. Todo esto comporta un nuevo escenario que influye sí o sí en las decisiones que han de tomar, y pronto, tanto el Gobierno de España en primer lugar como a continuación los gobiernos autonómicos. A la par que va a determinar el replanteamiento de la toma de decisiones (en inversiones, en consumos, etc.) por parte de empresas de todos los tamaños y por parte de ciudadanos en todos los niveles de rentas.
Ha emergido ante la ciudadanía más desprevenida a cinco días de la decisión andaluza en las urnas. Y, por ello, es otro ingrediente añadido a la digestión de novedades que van a influir en la decisión de los cientos de miles de andaluces más impactados por lo que está aconteciendo dentro y fuera de una campaña electoral que genera más comentarios y reflexiones que cualquier otra desde las primeras en 1982.