Somos especialistas en ir con prisas, con el tiempo justo, con poquísimo margen o llegando tarde a los sitios. Consecuencia de esta escena, motivada en parte por los interminables minutos de búsqueda de aparcamiento en las ciudades, puede darse el posible olvido de sacar el billete de la zona horaria de aparcamiento, o la austera previsión en cuanto al tiempo que se va a dejar el coche, o también a veces el aparcamiento al filo de la legalidad donde toca santiguarse para que pase inadvertido. En muchas de estas ocasiones (que se van a seguir dando), redondea la jugada el boletín de denuncia que encontramos en nuestro parabrisas, lo cual nos exaspera aun más y nos hace cuestionarnos la legalidad y justicia de estas supuestas infracciones.
Lo primero que hemos de saber es que ese documento que nos dejan NO es una multa, sino una denuncia, donde el denunciante nos informa que pone en conocimiento de la administración la presunta comisión de una infracción administrativa. De ahí podemos concluir en primer lugar que en casos de denuncia por excesos de tiempo, no es correcto que nos exijan pagar unos cinco euros por anular la multa ya que, insisto, se nos está denunciando, no sancionando.
Pero, ¿quién nos denuncia? Esa es una de las claves de la irregularidad de estos supuestos. Quién nos deja el documento en nuestro coche suele ser un trabajador de una de las pocas empresas privadas que tienen la concesión para la explotación de estas estafas (perdón, de estos servicios). De esta manera, no puede convertirse en sanción lo que determina quién no tiene autoridad competente para ello. De lo contrario, se daría el caso del artículo 62.1.b de la ley 30/1992 de 26 de Noviembre según la cual son nulos de pleno derecho los actos dictados por órganos manifiestamente incompetentes. Esta nulidad se hace en muchas ocasiones más patente cuando en el boletín de denuncia, se deja en blanco el recuadro destinado a la firma del agente de la autoridad, que debiera refrendar la infracción e incoar consecuentemente un procedimiento administrativo sancionador. Esto es porque la ley solo le concede presunción de veracidad a la declaración de un agente habilitado para ello, pero no a cualquier otro ciudadano, cuya denuncia deberá ser acreditada y verificada para que tenga consecuencias legales.
Pues muy bien, pero aunque tengamos razón, tratarán de notificarnos la resolución donde se acuerda iniciar el procedimiento sancionador. Si se tratase de un correo no certificado, la recomendación es no hacer caso y dejar transcurrir el plazo de prescripción, pues es obligación de la Administración notificarlo de forma fehaciente. Sólo cuando de forma constatable nos llegara la notificación de la imposición de la sanción, o ésta fuera publicitada correctamente mediante edicto en el ayuntamiento, podríamos interponer uno de los muchos recursos que aparecen en internet, o que nos puede aconsejar el amigo abogado que todos tenemos (los míos me tienen a mí) para formular las alegaciones basadas en lo antes mencionado, y que surten efectos al abandonar el ayuntamiento su pretensión recaudadora. Es más, si fuera el caso, también podríamos alegar que las indicaciones de pago por zona horaria no se encuentran redactadas en castellano, lo cual es obligatorio en todo el territorio nacional.
Puedo entender que uno no quiera meterse en jaleos y optar por afrontar sumisamente el pago, pero incluso pensando así habría que tomar conciencia de lo injusta que resulta esta situación. Ya pagamos el impuesto de circulación precisamente para movernos por el territorio nacional y eso tendría que ser suficiente para estacionar nuestro vehículo. Tan difícil no debe ser eliminar este inevitable gravamen cuando en periodo pre elecciones encontramos casos como el de la universidad de Sevilla donde milagrosamente desapareció hace poco la zona azul y verde para dejar paso a un gratuito blanco. En fin, no obvio la necesidad de regular el estacionamiento en focos de densidad de población, pero rehúso que se haga un negocio de ello. Podría ser gratis y solo pagarse por el exceso de un tiempo razonable, o cualquier otra fórmula que nos permitiese aparcar ordenadamente en la calle (en ocasiones, nuestra propia calle) sin peajes leoninos que en beneficio de unas pocas concesionarias, nos causan evidentes quebraderos de cabeza. Ahí lo dejo, aunque falten cuatro años para las municipales.