Mantengamos los dos metros de distancia física para estirar las piernas al aire libre. Descubramos que ahora se puede respirar bien haciendo ejercicio en cualquier calle porque no hay tráfico de coches ni contaminación. Entendamos que ahora es un dislate para su salud y la del prójimo acudir en masa al lugar que de costumbre se identifica en cada municipio como el espacio donde sudar la camiseta. Y, tras ducharse en casa, aproximemos la conversación social, ya sea de balcón a balcón, en las videollamadas o en los perfiles de las redes digitales, a una realidad muy importante que requiere mayor empatía. Porque aún se percibe en muchos ciudadanos cuyo salario sale del erario público, que es la caja común de todos, un alto grado de desconocimiento sobre la enorme diferencia que existe por inercia, en el reparto de sacrificios económicos y en las expectativas de porvenir, entre quienes dan por sentado que van a seguir cobrando cada mes su nómina porque trabajan en funciones estatales, autonómicas, provinciales o municipales, respecto a quienes forman parte de la mayoría social, que es el sector privado, y sufren de golpe y a la vez todos los impedimentos para que perviva su actividad como empresarios, autónomos o trabajadores. En esta brecha sí que hace falta un contagioso cambio de mentalidad.
A los especialistas en sondeos y encuestas les sugiero que en algunos de sus próximos estudios para discernir qué sabe y qué postula la ciudadanía española en relación con las vertientes económicas de esta abismal crisis, analicen las respuestas, las percepciones y las opiniones agrupando por un lado las de quienes perciben sus ingresos directamente desde las administraciones públicas, y, por otro, quienes están en el escenario general del mercado empresarial y laboral, desempleados incluidos. Será esclarecedor cotejar qué porcentaje de personas en cada uno de estos dos segmentos de población da por materializadas en la práctica decisiones anunciadas reiteradamente por el Gobierno central, como el pago de los ERTE, o la concesión de préstamos avalados por el crédito oficial, para auxiliar a los sectores productivos que se han quedado colgados de la brocha. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y bastantes frustraciones. Dimensión relevante para conformar el estado de opinión que no es suficientemente conocida por quienes creen que eso es tan automático y predecible como le sucede al ingreso mensual en su cuenta corriente.
La urgente búsqueda de financiación de origen internacional para resistir el desplome de ingresos es una necesidad común de tesorerías estatales, bancos, empresas y particulares. Pero las exigencias y las consecuencias de las negociaciones, cristalicen o no en liquidez y endeudamiento, son de impacto enormemente distinto para quienes les ha cogido la súbita recesión en la acera del sector público o en la otra. Y no debe pasar desapercibido evaluar qué hacen los bancos privados como intermediarios y colaboradores de los gobiernos estatal y regionales para determinar a qué empresas y autónomos se les encauza y valida su petición de préstamos públicos, y a cuáles no. Qué criterios ejercen los profesionales bancarios, en las sucursales o en sus direcciones de zona, porque a quienes rinden cuentas no es al Parlamento sino a sus jefes, los que deciden sobre su contrato de trabajo, los que les marcan objetivos para la cuenta de resultados del banco.
Un ejemplo de las ineficiencias que corregir de inmediato porque pueden cargarse empresas viables cuyo potencial de competitividad y crecimiento es absolutamente indispensable para el futuro de nuestra sociedad. Hay jóvenes compañías tecnológicas españolas fundadas con sobresaliente mérito por profesionales que decidieron emprender con sus ahorros, y que han logrado en pocos años un formidable éxito en ventas, facturando más de un 90% en el extranjero, creando empleo cualificado, obteniendo premios internacionales de primer nivel, reinvirtiendo los beneficios para innovar más, logrando algo tan difícil como tener patentada su tecnología en Estados Unidos, y cuando han solicitado ahora un préstamo del Instituto de Crédito Oficial, los bancos españoles les exigen que presenten avales basados en bienes inmobiliarios que, obviamente, no tienen, porque hoy en día las empresas punteras se basan en el talento, no en poseer edificios. Es el mundo al revés, incluso Kafka calificaría como kafkiana esta contradicción: Los bancos llevan una década acelerando su transformación digital para trasladar su actividad y su negocio al ámbito online, reduciendo drásticamente su censo de oficinas, y, en el año 2020, siguen valorando a las empresas con los criterios del ladrillo para cubrirse las espaldas y considerar quién es fiable o no.
En esta encrucijada de proporciones históricas se va a aquilatar en España el compromiso social de los bancos. Sabedores de que doce años después perdura el recuerdo de la nefasta época de las hipotecas tóxicas, las participaciones preferentes, las cláusulas suelo y demás encerronas de la letra pequeña con la clientela ingenua. Vamos a añorar la dimensión vertebradora que tuvieron las cajas de ahorro durante los siglos XIX y XX, hasta que fueron desnaturalizadas por la cultura del pelotazo. Aún hay cajas, y tanto ellas como las entidades bancarias han de aunar agilidad, eficiencia, responsabilidad y modernizar sus criterios sobre la era de las pymes globales. No es momento de sacar tajada como copartícipes de la financiación pública excepcional e imprescindible para que el país salga de la UCI. Y la respuesta institucional a esta crisis también debe reverdecer el papel de la Administración como promotor de soluciones financieras. En Andalucía, se ha decidido fortalecer la Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía (Garántia) para avalar a empresas pequeñas y autónomos. Y harán falta más líneas estratégicas para evitar la desertización de nuestro paisaje socioeconómico. Porque a Amazon, Google, Apple, Huawei y otros gigantes seguro que no les van a faltar prestamistas para monetizar la consolidación de su hegemonía en el consumo que se hace en cada casa, en cada barrio, en cada municipio.