Como era de esperar el Tribunal Constitucional (TC), reunido ayer en un pleno de urgencia, declaró nula y sin efecto jurídico alguno la resolución aprobada por el Parlament el pasado miércoles gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP y que supone la apertura de una vía unilateral hacia la independencia. Y, además, advirtió personalmente a Carme Forcadell y Carles Puigdemont, entre otros, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran esa suspensión. Una decisión inédita en la democracia española. Ambas resoluciones, que abren una crisis política de enorme magnitud, dieron alas al habitual victimismo con que los partidos soberanistas catalanes tratan esta cuestión. No fue distinto en esta ocasión. Si bien desde estas páginas hemos defendido la doble vía, la política y judicial, para hacer frente al desafío catalán; una vez consumada la desobediencia no hay más remedio que actuar. Los dirigentes de Junts pel Sí y la CUP falsean la realidad cuando aseguran que el TC «se está cargando el parlamentarismo». Son precisamente ellos quienes hacen un flaco favor al mismo cuando a sabiendas se saltan las leyes. No hay más.